El Tribunal Constitucional (TC) se encuentra revisando el caso de una profesora de matemáticas que presentó un recurso de protección para que AFP Cuprum le entregue todos sus fondos previsionales, que ascienden a $46.569.000.

La demandante es María Ojeda, quien argumenta que en su último año laboral su sueldo era de $1,2 millones y que actualmente su jubilación no supera los $185 mil mensuales. Según consigna El Mercurio de Antofagasta, la docente afirma que cotizó desde 1987 a 1988 y luego desde 1990 a 2017 sin lagunas.

El caso de Ojeda ha tomado fuerza a partir de los recursos de protección presentados, desde hace dos meses, en las distintas Cortes de Apelaciones del país por parte del Movimiento No+AFP.

Por su parte, el ministro Oscar Clavería de la Corte de Apelaciones de Antofagasta redactó un requerimiento de inaplicabilidad que fue entregado al TC. En el texto se alude a normativas que se contraponen con algunos derechos constitucionales, como el de acceder a una propiedad. Junto con esto, se busca obtener un pronunciamiento sobre si es aplicable el decreto Ley 3.500 que estableció el actual sistema de AFP.

El TC decidió acoger a trámite el requerimiento en la segunda sala, la cual, por "decisión unánime, accedió a lo solicitado por la Corte requirente, disponiendo la suspensión de la tramitación del ya referido recurso de protección".

Ante esto, el vocero de la Coordinadora No+AFP, Luis Mesina, dijo que "se abre la posibilidad de que un tribunal manifieste que están en controversia derechos fundamentales, particularmente, el acceso a la seguridad social".

La respuesta de las AFP

Todos los recursos de protección presentados por afiliados que buscan retirar sus fondos, están siendo monitoreados por parte de la Superintendencia de Pensiones (SP) y la asociación de AFP.

Desde el organismo regulador informaron a La Tercera que “tal como corresponde a nuestra función, esta Superintendencia sigue con atención la evolución de todos los recursos que se han presentado por la materia en consulta, así como de toda acción interpuesta en los tribunales por parte de los afiliados al sistema de pensiones”.

En tanto, el gerente general del gremio, Fernando Larraín, señaló que “hay que esperar los trámites y que las instituciones funcionen. Chile es un país donde las instituciones funcionan y confiamos en los argumentos que tenemos y confiamos en el trabajo que puedan hacer los ministros del TC”.