Entre los días 10 y 11 de septiembre se efectuaron los alegatos por la casación interpuesta ante el fallo de Tribunal Ambiental de Santiago que determinó la supuesta legalidad de la modificación de la RCA (Resoluciones de Calificación Ambiental) del proyecto Pascua Lama, en su variable de calidad de aguas. Esta fue rotulada como "criminal" por la comunidad de Guasco Alto, que denuncia que se permitió elevar los niveles de metales pesados en el río Estrecho a límites "aberrantes" y "totalmente permisivos" respecto de la línea de base original. Esto incluso superando la normativa chilena de agua potable en arsénico en el primer punto de toma de agua de la comunidad río abajo, en la localidad de Chollay. Además, establecen que hubo un cambio en las metodologías de verificación de la contaminación, lo que habría permitido esconderla.

El día 10, solo alcanzó a alegar la comunidad. La abogada Alejandra Donoso fue clara en poner atención en que finalmente lo que ha ocurrido “es que lo que la RCA prometió se incumplió, y lo que ha pretendido la empresa es lograr cumplir por medio de esta modificación. Lo que ocurre, es que el incumplimiento termina siendo legitimado por la Resolución del Comité de Evaluación de Atacama (Res. N°094) y por el Comité de Ministros (Res. N° 1385)”.

Luego de aquello, fue enfática en numerar las ilegalidades  en que recae la Resolución del Tribunal Ambiental. A grandes rasgos, denunció que tampoco el Tribunal logra demostrar que la hipótesis de la empresa de cambio natural de la calidad de las aguas (contaminación natural) sea acertada. "Su análisis científico es inadecuado, sesgado e incluso dirigido, ya que si se hubiesen contemplado todas las variables el resultado sería distinto. Igualmente depende de cómo se lean los resultados", sostuvo.

También reiteró que "no fueron debidamente ponderados importantes informes de expertos, entre ellos médicos, geólogos y geógrafos de renombre (Hadyez, Vivaceta, Tchernitchin, Ferrando y Campos), quienes concluyeron que la hipótesis de cambio natural de las aguas no se verifica y que la nueva metodología no es la adecuada, además que provoca afectación a la salud de las personas". Por último, acusó que "no se puede permitir que el proceso se haya realizado sin consulta indígena", cosa que el Tribunal Ambiental confirmó que efectivamente no se habría cumplido con este proceso, pero que al final "no tenía importancia", ya que - supuestamente - se verifica que el cambio no afecta a las comunidades, por lo que no era procedente consultarlas.

Por su parte la abogada del Comité de Ministros, Yordana Mehsen, continuó defendiendo la legalidad del proceso poniendo mucho énfasis en que la modificación no afecta a la comunidad. Por su parte, los residentes de la zona han analizado los monitoreos de aguas entregado por la empresa, a la luz de la RCA antigua y la modificada, y si se ven a la luz de la antigua, desde el 2 de junio de 2016  hasta mayo de este año, la calidad de las aguas se encuentra en "estado de emergencia", contaminada por la mayoría de los metales pesados, que dan cuenta de un drenaje ácido (aluminio, arsénico, hierro, sulfatos, entre otros).

Por su parte, la empresa - en voz de Alfredo Molinari - quien se desempeña como profesor en la Universidad de Chile,  también defendió el proyecto, recalcando que como no hay afectación a las personas que viven en el lugar. Así también, valoró fuertemente la resolución del Tribunal Ambiental, diciendo que “era una de las mejores que había visto”.

Ante todo esto, las comunidades esperan que la Corte Suprema falle a su favor, de los ecosistemas y de la vida que efectivamente hoy se están afectando y contaminando gracias a esta modificación que se permitió. En consecuencia, buscan que se deje sin efecto la resolución del Tribunal Ambiental, la del Comité de Ministros y la de la Comisión de Evaluación de Atacama, que fuera aprobada por el ex intendente Miguel Vargas, y que finalmente permitió la modificación.