Lo que hace tres meses anunció el Partido Socialista (PS), finalmente, este jueves entrará en tierra derecha: la oposición ingresará la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Después de una serie de reuniones que sostuvieron tanto los asesores técnicos como los jefes de las bancadas de la oposición, el texto quedó en condiciones para ser presentado en la Cámara de Diputados y se estima que a principios de octubre sería votado en la Sala.

Pero el ánimo previo a la presentación no fue del todo bueno en la oposición. Horas antes se filtraron a la prensa los capítulos que incluye el documento, lo que generó cierto malestar. Estaba acordado mantener en completa reserva el texto una vez que los parlamentarios lo tuvieran en sus manos, para luego afinar y consensuar los puntos ahí planteados.

Precisamente, este miércoles fue un día de reuniones donde se discutieron detalles más bien administrativos: primero, a mediodía, se acordó quienes firmarían y la hora de presentación; y, más tarde, a eso de las 17:00 horas, se inició un segundo encuentro.

El documento llevará la firma de algunos diputados, los que no deben coincidir con el grupo evaluador, según explica el jefe de la bancada del PS, Manuel Monsalve.

La acusación se presentará a las 10:30 a.m. Lo que sigue, detalla el diputado Boris Barrera (PC), es que se dé cuenta del ingreso mañana mismo y, con eso, empezaría a correr el tiempo para que se vote dentro de las siguientes tres a cuatro semanas.

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“Hay argumentos suficientes”

La ministra Cubillos ha optado por bajarle el perfil a esta acusación. De hecho, hace dos semanas, en un punto de prensa, aseguró que “la querían acusar por hacer su trabajo”. Pero las palabras que se han escuchado en su respaldo apuntan a que esta es una salida comunicacional de la oposición que no tendría la suficiente consistencia jurídica para llegar a destituirla.

Ante esto, Monsalve sostiene que es totalmente esperable que se desestimen las argumentaciones, pero que aquí está en juego el incumplimiento de leyes y de la Constitución, algo en lo que coinciden todos los partidos de la oposición.

También, agregó, habría una estrategia elaborada de la ministra para infringir sus obligaciones y, así, debilitar la implementación de las leyes que fortalecen la educación pública.

Monsalve hace hincapié en la resolución del Consejo para la Transparencia (CPLT) -del 27 de agosto pasado- por el envío de 437 mil correos a apoderados y profesores respaldando el proyecto Admisión Justa y el Sistema de Admisión Escolar. Si bien fue una respuesta favorable a Cubillos porque se estableció que su actuación “se ajustó a derecho y se hizo respetando el ordenamiento jurídico”, los consejeros Marcelo Drago (DC) y Gloria de la Fuente (PS), se mostraron críticos. Y ese sería un antecedente que incluirá la acusación.

Más allá de eso, para el socialista “la reserva de los datos personales es clara y la ministra se salvó de ser sancionada por el Consejo, exclusivamente, porque su presidente prefirió, en vez de ejercer su rol, proteger a una autoridad. Un fallo contra, en estas circunstancias, hubiese dejado a la ministra en un escenario completamente inexplicable. Pero fue evidente que esa ley fue vulnerada haciendo uso de miles de correos electrónicos”.

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El capítulo del Frente Amplio

En un comienzo, el apoyo a la acusación estaba dado por la ex Nueva Mayoría, pero faltaba el Frente Amplio (FA). La diputada y presidenta de la comisión de Educación, Camila Rojas (Comunes), consideró que no era el momento oportuno para presentar esta acusación, pese a que coincidían en los temas de fondo.

No obstante, después de una reunión donde participaron los diputados Pablo Vidal (RD), Tomás Hirsch (PH) y Diego Ibáñez (Convergencia), acordaron aplazar la presentación para así evaluarla con los equipos jurídicos.

El capítulo agregado por el FA se titula “Infracción a la Constitución y las leyes, específicamente en relación con la vulneración del principio de igualdad consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución” y desarrolla la idea de que al ser rechazada la demanda de las educadoras diferenciales y de párvulos, de ser sujeto beneficiario de un bono de reconocimiento profesional, el Gobierno representado por la ministra Cubillos, habría incurrido en un acto de discriminación.

El documento está firmado por Tomás Hirsch, Natalia Castillo y Claudia Mix.

La diputada Rojas enfatizó que “los problemas de la educación no parten con la ministra Cubillos. Pero creemos que ella ha profundizado el abandono de la educación pública y ha discriminado arbitrariamente a profesionales”.

Mientras que su par, Gonzalo Winter (Convergencia), estimó que "hay situaciones graves que ameritan la destitución de la ministra. Pero, sobre todo, es importante que deje de utilizar su cargo como herramienta de difusión ideológica".