En diciembre de 2010, Patricia Herrera (64) y Ana María Campillo (66) presentaron las primeras querellas en contra de agentes del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) por delitos de violencia sexual cometidos en los subterráneos de la Plaza de la Constitución, entre junio y julio de 1974.

En ese lugar, a pocos metros de La Moneda, fueron sometidas a interrogatorios reiterados y atentados contra su integridad sexual por parte de los secuestradores.

Ana María, quien entonces era estudiante de enfermería de la Universidad de Chile, relata:

—Ahí estaba entrando a militar al Partido Socialista y el SICAR tenía la misión de desarticular y terminar con la estructura del partido. A mí me correspondió por azar estar en la casa de Víctor Zerega -integrante de la comisión política del PS- que luego fue ejecutado. Luego nos llevaron a los subterráneos—.

Este martes, ambas llegaron hasta la oficina del ministro en visita por causas de derechos humanos, Mario Carroza, para apelar a la resolución por las bajas penas que le fueron impuestos a los agresores sexuales. En el caso de Manuel Muñoz Gamboa fue condenado a la pena efectiva de 5 años y un día de presido en calidad de autor de secuestro agravado y delitos de connotación sexual, mientras que otros siete agentes como cómplices otorgándoles el beneficio de la libertad vigilada y uno a 541 días con pena remitida.

Acompañadas por la Corporación Humanas, las víctimas destacaron la importancia de reconocer estos delitos como forma de tortura, pero cuestionaron las bajas penas impuestas.

Los testimonios del secuestro y violencia sexual de Patricia y Ana María fueron entregados ante la Comisión de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech). Sin embargo, en esa oportunidad muchas víctimas no se atrevieron a declarar la violencia sexual que sufrieron en manos de los agentes del Estado. Es por eso, que apuntaron a que este fallo abriría la posibilidad a que otras mujeres entreguen sus testimonios.

A esto, Ana María agregó:

—Para nosotras esta lucha tiene que ver que han sido víctimas de violencia sexual y que aún no presentan querellas por sus casos (…) Esperamos que esto sirva para estimular a que las mujeres presenten acciones judiciales. La lucha no termina hasta que cada mujer obtenga su cuota de verdad y justicia que le corresponde —, expresó.

Patricia Herrera, en tanto, fue secuestrada cuando era dirigenta del colegio Darío Salas, tenía 19 años.

—Aunque esto se presentó en 2010 a los agentes recién los procesaron en 2017 (…) Para nosotras esta es una lucha política y, por lo tanto, es una doble lucha de clase y género que damos—, manifestó una vez presentada la acción judicial.

Mientras que la presidenta de Corporación Humanas, Lorena Fríes, resaltó que el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual es un tema pendiente.

A su juicio, si bien aquí “hay un cambio en considerar la violencia sexual como tortura, muchas mujeres han tenido que inhibirse de contarlo porque esto afecta procesos personales de ellas y tienen que darse las condiciones para eso, una de ellas es que la sociedad escuche lo que se está diciendo”, señaló la también ex subsecretaria de Derechos Humanos.

En la acción judicial se apunta a que se explicite la obligación de verdad de los condenados, que no sean considerados cómplices cuando debiesen ser co-autores de los delitos y que se apliquen ciertas agravantes. “Esperamos que todo que eso se vea traducido en penas más altas”, concluyó Fríes.