*El Desconcierto publicó el artículo “El lobby y los pagos de favores que rodean la nominación de Dobra Lusic a la Corte Suprema” y en el siguiente párrafo: “Desde el interior de la Asociación de Magistrados apuntaron a la relación de pareja de más de diez años que mantendría el lobbista John Campos con el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Rivera Muñoz (…)”. Sin embargo, aclaramos que esto no corresponde a una posición oficial de dicha asociación, sino que a una fuente que entregó información desde el interior de ella.

A petición de la Asociación publicamos una carta enviada a este medio sobre el punto anterior:

Señora Directora:

En la nota publicada ayer bajo el título “El lobby y los pagos de favores que rodean la nominación de Dobra Lusic a la Corte Suprema” se cita a la institución que presido vinculándosele con el origen de información que allí se consigna.

Al respecto, manifiesto mi sorpresa y disconformidad con lo publicado, toda vez que nuestra asociación no ha emitido declaración ni opinión alguna sobre el proceso en cuestión por las que pueda atribuírsele una posición institucional como erróneamente se indica.

Comprendiendo la relevancia y responsabilidad que conlleva el trabajo de representación gremial, nuestras comunicaciones institucionales siempre se han caracterizado por ser transparentes y públicas, a través del ejercicio de vocerías formales que están a disposición permanente de los medios de comunicación social.

Dicho lo anterior, nuestra asociación ha llamado a reformar el actual sistema de nombramientos de jueces y juezas precisamente por estimar que su actual diseño atenta contra la independencia de la judicatura al resultar permeable a intromisiones indebidas y concentrar la decisión de conformación en tribunales que concentran funciones jurisdiccionales, administrativas y disciplinarias.

No le corresponde a esta Asociación Nacional de Magistrados pronunciarse ni emitir opinión alguna sobre el proceso de nombramiento vigente para el cargo vacante en el máximo tribunal ni para ningún otro en particular, más aún conocida nuestra postura sobre la necesidad de reformar la anacrónica estructura de gobierno interno del Poder Judicial.