En materias de ciudad, desde hace años estamos denunciando a los gobiernos de nuestro país, como simples comparsas de aquellos que tienen el poder económico, lo cual se entiende debido a que éstos son los que financian sus campañas políticas, platas mal habidas con las cuales, los principales y más mediáticos dirigentes tanto de la Concertación como de la Derecha han llegado a La Moneda y al Congreso Nacional como diputados y senadores, a sabiendas que hay excepciones.

Por eso el gran Nicanor Parra decía con la ironía y gracia que lo caracterizaba que “la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas” y en tal sentido esta subordinación de la clase política a los poderes fácticos se da en todas partes.

Dos ejemplos en el ámbito castrense y diplomático:

1.- Los millonarios robos que han cometido los más altos mandos de Carabineros y del Ejército se posibilitaron exclusivamente porque los civiles que ejercieron los cargos de ministros del Interior y de Defensa, respectivamente, no quisieron ejercer sus atribuciones legales de control, sin saber hasta ahora, si ello fue por temor a los elegantes uniformes y afilados sables o por negligencia inexcusable.

2.- A fines de la dictadura, un general de Ejército en retiro, muy amigo de Pinochet, que era embajador en Noruega, cometió el disparate de exigirle al diplomático de carrera, Gonzalo Droguett, quien ejercía el cargo de cónsul de esa embajada en Oslo, que espiara con las técnicas más modernas de entonces,  a los residentes chilenos en ese país nórdico, tarea indigna que fue rechazada de plano por el subalterno, quien por ese motivo renunció al servicio exterior.

En razón a que se le hizo un sumario administrativo al desobediente Droguett, éste le entregó el año pasado, en la propia oficina de partes del Ministerio de RREE, una carta al Canciller Heraldo Muñoz, relatándole lo que le había sucedido y solicitándole una entrevista para salvar su honor. El destinatario optó por no recibirlo, como tampoco derivó esa solicitud a cualquiera de sus colaboradores y como una muestra de desprecio a un ex funcionario que no forma parte de la élite, se dio el gustito de no acusar recibo de la misiva.

Volviendo a lo nuestro :

1.- La municipalidad de Santiago otorgó ilegalmente el permiso de edificación Nº 16.060 a una empresa inmobiliaria para que construyera un hotel en el sitio eriazo de la calle Agustinas 720, colindante con el tradicional edificio de la Sociedad Nacional de Agricultura. Ese acto administrativo no respetó la altura máxima establecida para ese sector en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago.

La Contraloría General de la República examinó la situación, emitiendo los dictámenes números 45.217 y 89.856, ambos de 2016 y número 13.931 de 2017, mediante los cuales se estableció con meridiana claridad que el mencionado permiso de edificación, por la razón ante dicha, era contrario a derecho. Mientras tanto la funcionaria pública, jefa de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, tomó parte a favor del negocio privado, solicitándole a la Contraloría una reconsideración a sus dictámenes y como era previsible, en su dictamen Nº  26.204 del 29 de octubre de 2018 la Contraloría desestimó esa inicua pretensión.

En un momento la Dirección de Obras Municipales (DOM), sabiendo que los dictámenes de la Contraloría son vinculantes, es decir, obligatorios, dentro del plazo de los 2 años estipulados en la ley, hizo el ejercicio de invalidar el permiso pero acto seguido suspendió ese proceso, pues el privado iba a interponer un recurso de protección en contra de las resoluciones de la Contraloría y para justificar ese arreglo, el municipio se comprometió a respetar el futuro fallo judicial, en términos de que si la Contraloría se había equivocado, el permiso mantenía su validez y si la Contraloría había actuado correctamente, el permiso se debía invalidar.

En los alegatos en la Corte de Apelaciones de Santiago, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) asumió la defensa de la Contraloría, escalando el caso hasta la Corte Suprema, instancia máxima que rechazó la acción judicial de la inmobiliaria, pero inexplicablemente la Municipalidad de Santiago no honró su palabra y por lo tanto no invalidó el permiso ilegal. Ante este desacato y como la Contraloría carece de las herramientas legales para apremiar a los servicios públicos que incumplen sus dictámenes, se vio en la necesidad de someterse a lo decidido por el ilustre municipio, lo que se reflejó en su dictamen Nº 4.559 del 13 de febrero de 2019.

2.- En la edición del reciente 22 de febrero el diario El Mercurio, publicó la crónica “Gobierno emite circular general que agilizaría obras de mitigación del Costanera Center” (sic), refiriéndose a la circular 415 del Minvu de fecha 21 de febrero. Como se podrá observar, ese ministerio le entregó tal circular solo a ese diario para que informara acerca de los cambios normativos que vendrían en el corto plazo si la Contraloría tomara razón de esa burlesca circular.

No está demás aclarar que dicha artificiosa circular no solo beneficiaría a Horst Paulmann, sino también a otros tantos permisos que, conforme a lo estipulado en sus Estudios de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), deben ejecutar obras de mitigación vial antes de que las Direcciones de Obras Municipales cursen sus recepciones finales, con las cuales los edificios empiezan a funcionar.

Lo que busca el astuto Minvu es sobrepasar el artículo transitorio de la Ley 20.958, sobre mitigaciones y aportes al espacio público, permitiendo que se puedan cursar las recepciones de obras de edificación, si solo las obras viales estuvieran garantizadas, lo cual contraviene la norma expresa contenida en el artículo 2.4.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que exige que esas obras estén plenamente ejecutadas, criterio que además, ha sido ratificado  por el Dictamen N° 12.826 del 23 de mayo de 2018 de la Contraloría.

En síntesis, sostenemos, una vez más, que el Minvu es el origen de la incertidumbre jurídica de los permisos de edificación, pues con sus iniciativas que exceden sus atribuciones, incita a los particulares y a las Direcciones de Obras Municipales a que actúen al margen del Estado de Derecho y lo más chocante es que el propio ministro del ramo, Cristián Monckeberg, siendo abogado, avale tales ilegalidades de la DDU de su ministerio y que después pretenda impulsar leyes para blanquear actuaciones ilícitas de las Direcciones de Obras Municipales.

Conclusión

Como vemos, el Estado desde siempre se las ha arreglado para beneficiar a los privados que se relacionan con sus autoridades de turno, pero gracias a los nuevos instrumentos de difusión y a la Ley de Transparencia, la ciudadanía más preparada está poniendo un límite a esas prácticas corruptas, las que se podrían eliminar gradualmente si la Contraloría tuviera una efectiva potestad para ejercer en plenitud su rol fiscalizador.

Sabemos que un cambio en la ley Nº 10.336 de la Contraloría para dotarla de dientes, es difícil porque los que mandan no van a querer “soltar la teta”, de la cual han estado usufructuando por tantos años, pero como los milagros existen podría ser posible el cambio conductual que el país necesita