La Constitución de la República señala en su artículo 5° inciso 2° “es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos (humanos), garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. De esta pequeña frase se derivan varias obligaciones para el Estado de Chile. En primer lugar, el respeto, que se refiere al deber de abstención de conductas que vulneren las garantías fundamentales de las personas y, en segundo lugar, la tarea de promoción, es decir, la ejecución de acciones que tiendan a la educación de todos los órganos públicos para que el despliegue de la función pública se desarrolle desde un enfoque de derechos humanos, con el objeto de que los servicios públicos y los particulares convivan en una cultura democrática.

Desgraciadamente el papel aguanta todo y pese a la serie de compromisos del Estado de Chile en esta materia no se cumple en la práctica esta promesa. Si ya es un desafío que la administración del Estado asuma su función en un marco de derechos humanos, la ejecución de las labores que se encargan a las fuerzas armadas dentro de ese marco deja mucho que desear.

A pesar del camino que fijó la “transición” y las reformas parciales a nuestro sistema político, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública han sido sin duda uno de los órganos más reacios a adopar y ajustar su labor a las exigencias de la democracia. Muestra de ello han sido los pactos de silencio que aún permanecen vigentes en nuestro cuerpo castrense tanto personal en ejercicio como en retiro, de la misma forma, que el General(R) Juan Emilio Cheyre, el “General del nunca más” (respaldado por la Concertación y la derecha, que incluso fue director del SERVEL) fuese condenado por encubrimiento en el marco de la Caravana de la Muerte.

Ante este escenario, se hace fundamental, que el pueblo como sujeto político redefina a las fuerzas armadas que el poder civil requiere para Chile, es necesario que se revise íntegramente la doctrina que se le está enseñando a los cadetes en las escuelas matrices. Un verdadero contrato social debe asegurar que quienes detentan el uso de las armas y la fuerza legítima del Estado desarrollen su actividad dentro del marco de respeto a los derechos humanos, con el objeto que las armas y saber militar no se vuelva contra el propio pueblo.

Las fuerzas armadas y de orden no deben olvidar nunca que su función está sujeta a directivas que establece el poder civil, del mismo modo, el poder civil y los partidos no deben ser cobardes en la defensa de este principio.

No es primera vez, que la clase política y el mundo de los DD.HH. tratan de reformar esta compleja relación jerárquica, en este sentido en el año 2011 el Instituto Nacional de Derechos Humanos ofreció una propuesta de reformulación de la educación en DD.HH. para las FFAA, en esta ocasión el Ejército se negó a realizar cambios en este aspecto, argumentando que la educación en DD.HH. que se ejecutaba cumplía los requisitos esperables para ello.

El INDH en su Boletín Informativo N°2 que versa sobre el Estudio sobre la integración de educación en Derechos Humanos en la formación de las Fuerza Armadas de diciembre de 2011, señaló que ninguna Fuerza Armada hace visitas al Museo de la Memoria pese a que otras fuerzas de orden y seguridad si lo hacen. Además, en relación a la educación, se consigna que “los contenidos se caracterizan por una fuerte concentración en los marcos doctrinarios y normativos del derecho internacional humanitario, con un escaso tratamiento de los derechos humanos y una ausencia de instrumentos específicos de derecho internacional en esta última materia”.

En relación con la ejecución de crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado el Boletín señala que “es posible constatar que los temas de memoria de graves violaciones de derechos humanos se encuentran ausentes en la formación de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y en todos sus estamentos, no lográndose identificar acciones de reconocimiento y de reflexión crítica sobre tales hechos, orientados a generar condiciones que den garantías de no repetición de tan graves vulneraciones”.

De la misma forma, los gobiernos de la Concertación y la Derecha deben dar respuesta del porqué se han enviado a más de 7.000 militares a la Escuela de las Américas y gastado entre 2015 y 2017 más de 2 millones de dólares en la misma organización que educó a Manuel Contreras, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann, que forma en técnicas de tortura, contrainteligencia y en las lógicas enemigo interno.

Ante esto se hace menester que el poder civil no tolere más conductas de parte de las Fuerzas Armadas que transgredan las garantías fundamentales de las personas, de forma que se sancione a través de la justicia (que también debe ser reformada) a los funcionarios que ejecuten este tipo de conductas. Por otro lado, urge una profunda reformulación de la doctrina que está educando a los futuros uniformados, que sea construida como resultado de un profundo debate democrático.

Cambios en ese sentido son los únicos que permitirán un verdadero “Nunca Más” de parte de las Fuerzas Armadas, estas transformaciones permitirían superar en parte el magro historial de transgresiones que tienen las fuerzas armadas en contra del pueblo chileno y solo así podremos confiar en unas FFAA democráticas para el siglo XXI.