Ivo Mena es una víctima. Víctima de un sistema absurdo, víctima de un Estado que decide perseguir y castigar a los más vulnerables. Ivo ha mantenido un  dolor crónico en la rótula por más de seis años, dolor que ha disminuido sustantivamente gracias al uso de cannabis medicinal  acompañado de la asistencia brindada por Fundación Daya Quilpué. El decidir autocultivar cannabis con fines medicinales ha sido para él, al igual que para miles de personas en Chile, la vía de acceso a esta opción terapéutica que permitió mejorar su calidad de vida. No obstante, Ivo sigue sufriendo, detenido en su casa producto de una denuncia anónima, la cual desencadenó una condena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, acompañada de multas y suspensiones. El caso de Ivo refleja lo que miles de personas en Chile están expuestas a sufrir solo por buscar una salida alternativa para sus dolores y padecimientos, solo por ejercer su derecho a escoger, junto a su médico, Carlos Valenzuela, director médico de Daya Quilpué, el tratamiento que más lo beneficie. Suena absurdo, pero así es.

La ley 20.000, ley de drogas que busca perseguir el tráfico de sustancia psicotrópicas en nuestro país, ha sido sistemáticamente mal aplicada, transformándose en una herramienta de criminalización de la población, particularmente de los sectores más vulnerables. A pesar de lo anterior, los diversos usos del Cannabis, la sustancia no regulada con mayor prevalencia de consumo en Chile, constituyen una innegable realidad; Chile destaca en la región por el más alto reconocimiento de consumo, con un 40%, seguido por Argentina (39%) y México (32%). Un 48,2% de la población apoya la idea de su legalización, tal como lo han hecho Uruguay y Canadá, según revela el paper llamado “Latin America: Results from a Latin-American Survey” publicado en el International Journal of Drug Policy. Cuando hablamos de uso medicinal del cannabis, el apoyo llega al 80% en nuestro país.

La sesgada aplicación de políticas de seguridad y estrategias contra el narcotráfico solo dejan un abultado número de ciudadanos detenidos y encarcelados, con el foco puesto en la persecución de cultivadores y usuarios personales, alejándose de la necesidad de trabajar y enfocar recursos para el verdadero problema que nos aqueja: la ejecución de una nueva y moderna política de drogas, basada en el respeto de los DDHH, con enfoque de salud pública. En Chile, hoy las cifras hablan por sí solas. El Informe Nacional De Procedimientos Policiales Por Infracción A La Ley 20.000 De Drogas del 1° trimestre del año 2018 declara que el 70,5% de los detenidos por infracción a dicha ley  han sido por porte, consumo o cultivo (6.967 detenciones),de las cuales el 15,6% son por cultivo de cannabis (1550 detenciones en los primeros 3 meses del año). Solo 163 de las detenciones fueron producto de un proceso de investigación. Con estas cifras queda de manifiesto que la aplicación de las políticas de seguridad no están enfocadas en el problema real, es decir,  las redes de narcotráfico. Esta ineficiencia en las labores investigativas y de control han terminado por perseguir a los más débiles, permitiendo así que el crimen organizado siga creciendo, nutrido con los recursos de la producción y venta ilícita de drogas, extendiendo sus redes hasta municipios e instituciones.

El autocultivo ha sido, sin duda alguna, la más segura y económica vía de acceso para los todos los tipos de usuarios de cannabis (lúdicos, espirituales y medicinales), siendo una actividad lícita en nuestro actual marco jurídico, considerado como una excepción en la norma penal cuando está destinado a el uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo, o al estar destinado a un tratamiento médico. Esto ha permitido que en la actualidad el 82,6% del cannabis consumido en Chile sea verde, y sólo el 8,1% corresponde a marihuana prensada, según el Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en población general de Chile, 2016. A pesar de esta ineludible realidad, las detenciones por cultivo no se detienen. Esta situación refleja el espíritu represor hacia los usuarios de cannabis que inspira las políticas desplegadas desde los gobiernos e instituciones de seguridad pública, obviando el aporte que el autocultivo y la regulación del expendio ( deuda pendiente en nuestro país) entregan ante la batalla por disminuir el comercio ilícito, como lo demuestra la experiencia de Uruguay, que ha logrado arrebatarle ya el 55% de los usuarios a las redes de narcotráfico.

La Ley de drogas busca perseguir el tráfico de sustancia psicotrópicas en nuestro país, no obstante, personas como Ivo Mena, que han elegido una manera natural de disminuir sus dolencias físicas, están siendo tratadas como delincuentes de manera injusta gracias a la mala aplicación de esta norma. Una aplicación que deja a un lado la dignidad de usuarios y termina de forma abrupta e irresponsable con tratamientos médicos de pacientes. Sin ir más lejos -y aunque la ley sea clara en describir que en Chile se puede autocultivar para fines medicinales y recreativos-,  ante la injusta y sesgada aplicación de políticas de seguridad, miles de activistas y decenas organizaciones sociales se han comprometido y apoyado propuestas legislativas con el fin de garantizar el cumplimiento sus derechos que, dicho sea de paso, están consagrados en una ley mal leída. Una de las propuestas vigentes en esta materia es el proyecto de Ley Cultivo Seguro, que tiene por objetivo el resguardar el autocultivo para fines medicinales ante procedimientos policiales, imposibilitando el decomiso y destrucción de plantas destinadas a la elaboración de productos de uso medicinal al presentarse la debida prescripción médica. Que ésta ley sea prontamente aprobada en el Senado se vuelve hoy un imperativo ético y social; debemos transitar hacia una sociedad que pone foco en las personas y sus derechos, y no en las cifras de detención.

Las políticas de seguridad y combate al narcotráfico no han dado el resultado esperado, en cambio, siguen siendo las responsables de expandir la separación abismal entre la necesaria regulación responsable en el uso de drogas, por una parte y la criminalización de usuarios, por otra. Son responsables de apresar ciudadanos, cuyo único delito ha sido padecer enfermedades y dolores, o ejercer un derecho en la intimidad de sus hogares. Las políticas de seguridad  han dejado de manifiesto que el foco no ha sido puesto en el problema real que azota a nuestro país, siendo urgente y necesario orientar adecuadamente las  políticas públicas en materia de drogas, otorgándole a las y los usuarios  la tranquilidad de no ser apuntados como delincuentes, poniendo por delante su dignidad y sus derechos.