“De lo que sigue se verá que aquí por «estado de excepción» se entenderá un concepto general de la doctrina del Estado, no un decreto de necesidad cualquiera o Un estado de sitio. Una razón sistemática lógico-jurídica hace del estado de excepción en sentido eminente la definición jurídica de la soberanía” (Carl Schmitt).

La conjunción que engloba al Chile contemporáneo no es otra que “seguridad y peligro” ¿Qué otra podría ofrecer un Estado que ha perdido gran parte de sus antiguas atribuciones? Es por eso que, como lo sugiere Pau Virilio,

“Los Estados se sienten tentados a hacer del miedo, de su difusión mediática, de su gestión, una política. Los Estados, que se han visto progresivamente despojados por la globalización de sus prerrogativas tradicionales (entre otras de las asociadas al Estado de bienestar), tienen que convencer a los ciudadanos de que son capaces de preservar su seguridad física” (2016: p. 15).

A poco andar de los años noventa, la fundación Paz Ciudadana se convertía en uno de los agentes con mayor influencia en la opinión pública. La sociedad ahora debía defenderse de la amenaza delictual, cuyo grado de intensificación es correlativo a la transformación cultural propiciada por el giro neoliberal.

Desde luego, la seguridad requiere de unos enemigos que la desafíen para que los mecanismos de defensa resulten eficaces. De otro modo, se volverían contra sí mismos. Como era explicado por Foucault sobre la paradoja del liberalismo en la lección del 24 de enero 1979:

“El liberalismo participa de un mecanismo en el que tendrá que arbitrar a cada instante la libertad y la seguridad de los individuos alrededor de la noción de peligro. En el fondo, si por un lado (es lo que les decía la vez pasada), el liberalismo es un arte de gobernar que en lo fundamental manipula los intereses, no puede –y ésta es la otra cara de la moneda– manipularlos sin ser al mismo tiempo el administrador de los peligros y de los mecanismos de seguridad/libertad, del juego seguridad/libertad que debe garantizar que los individuos o la colectividad estén expuestos lo menos posible a los peligros. Como es natural, eso entraña una serie de consecuencias. Puede decirse que, después de todo, la divisa del liberalismo es “vivir peligrosamente”. “Vivir peligrosamente”, esto es, que los individuos se vean a perpetuidad en una situación de peligro o, mejor, estén condicionados a experimentar su situación, su vida, su presente, su futuro, como portadores de peligro” (2007: pp.86-87).

El proyecto Aula Segura es uno de los medios empleados para reforzar las barreras inmunitarias contra aquellos virulentos adolescentes acusados de “violentistas”. Esto, sin embargo, no es nuevo en Chile. El trato a los jóvenes en edad escolar, especialmente a aquellos provenientes de la periferia urbana, ha sido el de la criminalización y patologización de sus conductas. Entre el encierro y la medicalización el Estado ha encontrado el modo de gestionar su disciplinamiento.

Sabemos que en los principios que instituyen al sistema escolar podrían permanecer escondidas las claves para comprender algunas de las causas de los comportamientos violentos. Desde temprana edad –sin considerar las condiciones “extraescolares”– los niños son sometidos a indicadores de rendimiento y logro que constantemente ponen a prueba su capacidad de memorizar y obedecer para después ser evaluados y clasificados, estando sumidos en unas relaciones de poder donde sus maestros pueden convertirse en verdugos despreciables o líderes iluminados, como habitualmente ocurre cuando el dominio y el sometimiento es el eje a través del cual se configuran los vínculos humanos.

La ministra de Educación insiste en apelar a las conductas transgresoras de los alumnos como medida para justificar el proyecto. No cabe duda lo inaceptable que es el hecho de que un docente haya sido rociado con combustible al interior de un establecimiento, sin embargo ¿olvida la ministra que fue el poder legislativo (y en general toda la institucionalidad política) el primero en prenderles fuego a los profesores con la aprobación del proyecto de Carrera Docente? De hecho, pocas veces se había visto una campaña de desprestigio tan grande contra el profesorado, a los que se acusó de no querer evaluarse y de despreciar la calidad de la educación en detrimento de sus alumnos (esos mismos alumnos que hoy los atacan), entre otras cosas.

En vez de escandalizarse por la violencia a partir de relatos criminológicos o psiquiátricos, deberíamos preguntarnos qué hace que un joven a los 15 años tenga reacciones desmesuradas contra los adultos responsables de su tutela. Una pregunta tan sensata acusa su respuesta en un país donde la competencia destructiva del omnipresente mercado es el modo en que nos relacionamos y donde la violencia ha sido el instrumento estatal para combatir aquello que se considera nocivo para el orden, y esa violencia entonces pudo ser asimilada por el conjunto de la sociedad, una sociedad que está expuesta a una sobreestimulación de agresividad a través de los media.

Resulta hasta anecdótico escandalizarse con un encapuchado enfrentándose a Carabineros, cuando hace ya varias semanas atrás, los medios de comunicación no se sonrojaron en someter a “deliberación pública” si se consideraba pertinente o no la tortura que sufrieron un grupo de hombres de nacionalidad ecuatoriana, detenidos por el asesinato de una mujer trabajadora que se encontraba en la calle de madrugada por otra violencia que en Chile no se debate: la violencia del capital. Sabida de antemano la respuesta (una respuesta hegemónicamente determinada), la repetición obscena de esas imágenes que se asimilaban a los calabozos de la dictadura administrados por la CNI, pero esta vez a cargo de un grupo de reos, es la muestra más elocuente de la putrefacción mediática, que en cierto sentido obedece a los fundamentos de la propia doctrina periodística moderna.

Sería preciso entonces empezar a hablar no de “violencia” sino de “las violencias”, porque si la violencia existe, si está enraizada en las prácticas sociales, el problema es el tipo de violencia a la que apuntamos (lo que consideramos violencia y lo que no), donde el marco comunicacional resulta estratégico al producir una sensibilidad asociada a ciertas imágenes frente a las cuales surge una reacción y respecto a aquella violencia que sí debe ser condenada. Lo consecuencia de aquello no es otra que el nacimiento de un “enemigo biopolítico” que actúa como receptáculo de descarga de las técnicas y procedimientos empleados para combatir su amenaza.

Ese biopoder que, al producir una vida bajo la forma de un sujeto (un sujeto de conocimiento, un sujeto de derecho), produce también la distinción entre lo que es considerado normal y anormal. Si lo vemos desde una perspectiva luhmanniana, los elementos que constituyen el sistema son aquellos de los que éste se compone, de modo que la amenaza exterior no es real en tanto que ajena, sino que es resultado de una exteriorización simbólica. Si el proyecto Aula Segura es el modo en que se profundizará la disciplina escolar so pena de la sanción,  y la presencia de nuevos dispositivos de vigilancia y control, no es a consecuencia de un descontrol y un caos que le anteceda y sobre la cual deba actuar un mecanismo defensivo, sino que la “cultura del peligro” (de inspiración hobbesiana)  es el presupuesto que atraviesa e instituye todo el sistema escolar a partir de las nociones de disciplina, obediencia, docilización, cuya finalidad es producir un orden que dispone para sí de aquello que está destinado a combatir, como de modo concluyente es formulado por Foucault:

“La segunda consecuencia, claro, de ese liberalismo y del arte liberal de gobierno es la formidable extensión de los procedimientos de control, coacción y coerción que van a constituir la contrapartida y el contrapeso de las libertades. He insistido bastante en el hecho de que esas famosas grandes técnicas disciplinarias que se hacen cargo del comportamiento de los individuos diariamente y hasta el más fino de los detalles son exactamente contemporáneas, en su desarrollo, en su explosión, en su diseminación a través de la sociedad, de la era de las libertades” (2007: pp.87-88).

La inconstitucionalidad del proyecto Aula Segura lo es justamente porque inconstitucionalmente –por decirlo de alguna forma– es cómo las relaciones de fuerza producen regímenes de dominación que luego son consolidados jurídicamente. No habría norma sancionadora si antes no existiera una subjetivación de lo que es preciso sancionar y lo que es aceptable socialmente, en ese principio amparado en la razón con el que surge el derecho moderno: castigar la voluntad que actúa como palanca para activar el comportamiento.

El discurso que comporta el proyecto Aula Segura (porque lo que está en disputa es el poder interpretativo) es el de exteriorizar las causas de la violencia para volver incuestionable la lógica misma del sistema escolar y remarcar los límites de la violencia, que sólo puede monopolizar el derecho. Pero sobre todo, es hacer uso del único recurso con el que cuentan los Estados para ponerse en relación con la sociedad: la protección y la seguridad, que requiere fabricar un enemigo al que se odie y se tema a la vez, lo cual sólo es posible trazando los contornos de ese enemigo, acudiendo a categorías científicas para conceptualizarlo (y esencializarlo), escenificando su accionar, hiperbolizando sus consecuencias y azuzando la reacción irreflexiva contra éste, para permitir la impunidad del “Estado de excepción” que es el fundamento del ordenamiento jurídico contemporáneo y hoy, como precisa Giorgio Agamben, se ha vuelto la técnica dominante de gobierno, allí donde se sitúan en un umbral de indistinción derecho y violencia,  norma y fuerza, disciplina y castigo.