Cumplen 23 días de huelga y están determinados a seguir adelante con la movilización hasta que no obtengan una respuesta que iguale o mejore sus condiciones de trabajo. Son los 750 profesionales sindicalizados de la Clínica Dávila que desde el pasado 11 de julio protagonizan una huelga legal indefinida, luego de no lograr acuerdo con el la dirección de la empresa durante el proceso de negociación colectiva.

Su malestar ha llegado la mañana de este jueves hasta el Ministerio de Salud, donde los movilizados entregaron una carta al ministro Emilio Santelices: "Queremos manifestarle las graves irregularidades que ha cometido Clínica Dávila durante el proceso de negociación colectiva que nos ha llevado a huelga", dice la misiva.

Al frente de la protesta laboral se encuentran dos sindicatos -el Sindicato Interempresa Clínica Dávila y el Sindicato N°2 de trabajadores de empresa Servicios Integrados de Salud- que albergan el 98% de los trabajadores y trabajadoras no médicos (matronas, enfermeros, kinesiólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, etc.) de la Clínica.

La disputa sindical empezó a finales de junio cuando, después de tres mesas de negociación, la empresa presentó un contrato colectivo por debajo del piso mínimo establecido en la Reforma Laboral y con una última oferta que dejaba a los trabajadores con un 0% de ajuste para los próximos dos años y sin bono de término de conflicto. No hubo muchas dudas por parte de los trabajadores, que decidieron irse a una huelga que ni siquiera la mediación obligatoria de cinco días (buenos oficios) pudo revertir.

Desde entonces, no hubo mayores propuestas hasta este martes que recibieron una oferta formal de un 1% para lo que tienen menos de dos años de antigüedad y un 2% para los que tienen más, con un bono de término de conflicto de 400.000 pesos brutos para los primeros y 500.000 para los segundos, y el descuento de los días de huelga. Sin embargo, la oferta de la compañía, holding de la isapre Banmédica, no satisfacen bajo ninguna circunstancia a los trabajadores, que observan un retroceso importante en las mejoras que obtuvieron en la última negociación colectiva, en 2016, cuando lograron reajustes salariales de entre el 6 y el 8%, según tramos de edad, y un bono de fin de conflicto de 500.000 pesos líquidos. "Hace dos años, cuando la empresa tenía 5 mil millones de utilidades nos ofrecieron mayores reajustes que ahora, que tiene 8 mil millones de utilidades", critica el presidente del Sindicato Interempresa Clínica Dávila, Héctor Rodríguez. "Este año, lo mejor que apareció sobre la mesa fue un 2 o 3%", añade.

Reemplazos, cierres y faltas

Los trabajadores esperarán hasta el próximo lunes, cuando se cumplirán 27 días de huelga, para votar la oferta de la empresa. Es la estrategia que plantearon para ganar tiempo mientras esperan que la firma entregue una propuesta mejor. "Si la compañía no mejora la oferta en estos días, la gente va a continuar la huelga y van a superar los 30 días porque no van a aceptar un 1 o 2% a dos años", asegura convencido Marco Juanillo Maluenda, presidente del Sindicato N°2 de trabajadores de empresa Servicios Integrados de Salud.

De hecho, a partir de la próxima semana los trabajadores que lo deseen podrían bajarse de la huelga, quince días más tarde de lo que establece la nueva Reforma Laboral aprobada durante el último gobierno de Michelle Bachelet. Esto, debido a la sanción que la Dirección del Trabajo (DT) impuso a Clínica Dávila por los problemas de forma que presentó el documento de "última oferta", que incumplía con el requisito incluir las firmas de todos los miembros de la comisión negociadora. "La gente se podría haber descolgado el día 16 de huelga, pero por los errores técnicos de la empresa, al no firmar los papeles, nadie se puede descolgar hasta el día 30 ya que la última oferta no fue hecha en formato de contrato", precisa Héctor Rodríguez.

Además, los funcionarios denunciaron en varias ocasiones que, durante el proceso de negociación colectiva y antes de haber iniciado la huelga, la empresa cerró los servicios de Urgencias Adulto, Pediatría, Traumatológica y Maternidad, de forma anticipada, y ordenó al personal de seguridad no permitir el ingreso de ningún paciente independiente de su condición de salud, impidiendo incluso su evaluación inicial. En cambio, bajo una lógica totalmente opuesta, decidió mantener en funcionamiento unidades que no están calificadas con servicios mínimos (turnos éticos) -como Toma de Muestras, Oncología, Endoscopía, Cardiología, Registros Clínicos, entre otras- en las cuales, según acusaron los trabajadores, habrían atendido con personal sin la experiencia profesional necesaria, lo que habría puesto en riesgo la salud de los pacientes. "Eso nos ha dañado profundamente la huelga porque la empresa ha seguido obteniendo utilidades durante el proceso de movilización, a diferencia de nosotros que, si dejamos de entregar los equipos de emergencia, ellos pueden contratar otras personas", lamenta Rodríguez. Precisamente por esto, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana decidió abrir un sumario sanitario por las deficiencias graves que constató en una fiscalización a la Unidad de Oncología, donde empleados no capacitados estarían cumpliendo funciones.

El pasado en la UC

El gerente general de Clínica Dávila es Andrés Illanes Guzmán, quien ha delegado la negociación colectiva con los trabajadores al gerente de Recursos Humanos, Gregorio Airola Gana, y a Inés León, jefa del mismo departamento.

Illanes fue gerente general del Hospital Clínico de la Universidad Católica entre 2010 y 2014, por lo que le tocó lidiar con una huelga que 1.600 trabajadores de la Red Salud UC llevaron a cabo en 2012 y que paralizó los servicios de la institución durante 20 días. Los funcionarios protestaron por sus condiciones de trabajo mientras la Red Salud UC no dejaba de crecer, sumando varios recintos, y se consolidó como la red de atención médica privada más grande del país.

Por su parte, Gregorio Airola Gana también ha enfrentado conflictos laborales en otros puestos de poder en instituciones vinculadas a la Universidad Católica, en este caso a la Facultad de Medicina, como gerente Recursos Humanos, cargo que ocupó hasta enero de 2010. Dos años antes, el Sindicato de la Red de Salud UC inició negociaciones de contrato colectivo con su departamento, que terminaron con una denuncia de la organización ante la DT por prácticas antisindicales. Los funcionarios alegaron que, horas antes de votar la última oferta lanzada por Airola, directivos de la universidad reunió a los trabajadores no sindicalizados para que firmaran un anexo de contrato individual por cuatro años, para entregarles un cheque de 700 mil pesos. Tras su investigación, el ente fiscalizador concluyó que la UC habría incurrido en graves conductas lesivas de la libertad sindical por lo que presentó denuncia en 4º Juzgado de lo Laboral en junio de 2009. "La PUC intervino indebidamente y de forma negativa en el proceso de negociación colectiva, afectando el normal desarrollo de éste", concluyó la DT.

A principios de año, el holding Banmédica fue comprado por UnitedHealth Group, una de las 36 empresas más importantes a nivel mundial. La huelga en Clínica Dávila es la primera que tiene como contraparte a los nuevos dueños del holding, que ya anunciaron que pretenden usar a Chile para ampliar y consolidar su presencia en Latinoamérica.

Los dos sindicatos que lideran la movilización llevan dos décadas negociando y ganando varias batallas. Tienen su propio recorrido histórico en la lucha sindical del sector de la salud y ésta es una más que no están dispuestos a perder. "Con nuestro trabajo se logró expandir la empresa y levantar ocho torres nuevas: por lo tanto dinero hay, voluntades hasta ahora no", sentencia Marco Juanillo al teléfono, justo antes de reunirse con el Colegio de Médicos que -dice- también está "preocupado" por esta situación.

Rodríguez, antes de colgar, insiste en que si después de todo el proceso empezara "algún juego sucio" harán todo lo que permite la ley para defenderse. "Conocemos la Cínica y sus puntos débiles mejor que nadie, con lo que podríamos hacer nuestros descargos ante los organismos públicos", sentencia.