Hemos accedido a Wikipedia para conocer el pasado político de la actual alcaldesa de Viña del Mar y nos encontramos que ella a los 36 años de vida comenzó en 1975 como voluntaria en la Secretaría Nacional de la Mujer, disciplinada institución de la dictadura. Por su reconocida lealtad al régimen de Pinochet fue nominada en 1981 como secretaria comunal de Viña del Mar y en 1982 como secretaria provincial de Valparaíso. Enseguida, entre 1983 y 1988, pasó a integrar el Consejo de Desarrollo Comunal (CODECO) de la Municipalidad de Viña del Mar.

Con la llegada de la democracia, en las elecciones municipales de 1992 fue elegida como concejala por Viña del Mar, siendo reelegida en dicho cargo en las elecciones de 1996 y 2000. A partir del año 2004 regenta ese municipio en calidad alcaldesa con un marcado sesgo inmobiliario aplaudido por los sectores de la construcción y por aquellos parlamentarios que tienen fluidas relaciones con ella, como el diputado UDI Osvaldo Urrutia, el mismo que le gustan las corbatas, quien se ha transformado en su leal escudero. La alcaldesa, en el ejercicio de su cargo, cuenta con el apoyo multipropósito que le brinda la pastora evangélica María Angélica Maldonado, conocida por todos como “la Manam”.

Ahora bien, como consecuencia de una denuncia ciudadana, la delegación regional de Valparaíso de la Contraloría General de la Contraloría emitió el dictamen Nº 2843 de fecha 13 de febrero de 2015, dirigido a la mencionada alcaldesa, conminándola para que en el plazo de 30 días su municipio cumpliera las disposiciones contenidas en el punto 8.2 del artículo 8º del respectivo Plan Regulador Comunal (PRC). Ello porque los usos de los antejardines de los inmuebles de las automotoras sus propietarios los destinan irregularmente como espacios para exhibir sus vehículos motorizados en venta.

Posteriormente, a través de otros dictámenes, esa Contraloría Regional, aludiendo a diferentes disposiciones, ratifica el mal uso de los antejardines por parte de la automotoras, ahora con el apoyo expreso del propio contralor general, lo que significó que aquellas empresas interpusieran un recurso de protección en contra del ente fiscalizador en la Corte de Apelaciones de Valparaíso el cual fue rechazado de plano. La posición de la Contraloría contó con el apoyo del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en vista de lo cual los empresarios automotrices apelaron a la Corte Suprema.

El 7 de febrero de 2018, el máximo tribunal del país, después de haber examinado en detalle  la controversia, nuevamente desestimó dicho recurso ahora expresando, cita textual, “……...no por haber sido presentado en forma extemporánea, sino por las razones expuestas precedentemente”, motivo por el cual el 23 de febrero de 2018, dos semanas después, la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró el Cúmplase de la sentencia.

Debido al prolongado tiempo transcurrido, cuatro meses, pues todavía doña Virginia no acataba el fallo judicial ni los diversos dictámenes de la Contraloría, la fundación Defendamos la Ciudad se vio en la necesidad de solicitarle el 26 de junio de 2018 al CDE que ejerciera sus buenos oficios, en orden de exigirle al díscolo municipio de Viña del Mar que asumiera sus responsabilidades administrativas para que los espacios de los antejardines de las automotoras cumplieran con lo que ordena el marco regulatorio de Vivienda y Urbanismo.

El 24 de julio de 2018, vía oficio 2605, el presidente (s) del CDE nos responde que su rol legal terminó al establecerse que las categóricas determinaciones de la Contraloría fueron apegadas a derecho, pues los recurrentes, posiblemente pensando que en pedir no hay engaño, alegaban que esos dictámenes afectaban sus presuntos derechos de propiedad.

A esta fecha, más de cinco meses del cúmplase judicial, aún esos antejardines se utilizan como muestrarios de vehículos nuevos en venta y, aprovechando una entrevista que teníamos prevista para el 27 de julio recién pasado con el presidente (s) del CDE por otra situación todavía más escabrosa, revisamos el caso de Viña del Mar, concluyendo este columnista que la Contraloría Regional de Valparaíso tendrá que exigir al municipio el cumplimiento de sus dictámenes, con la asistencia jurídica del propio CDE si fuese necesario.

Lo peor que podría suceder es que doña Virginia, mal asesorada por sus colaboradores inmediatos, continúe con el brutal desacato, pero como cabe la remota posibilidad de que, aunque tarde, ella enmiende el camino, posiblemente el Estado de Derecho se hará presente entre agosto y septiembre próximos en esa ex ciudad jardín.