El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en entrevista de El Mostrador, se muestra como un dirigente con estatura nacional. Hace política en serio. Destaca que el Frente Amplio está llamado a refundar la política y no a reemplazar simplemente a la elite concertacionista. Para ello se precisa reconstruir el sujeto social transformador y, paralelamente, se requiere que los grandes empresarios se subordinen al poder político. Si esto no ocurre no habrá democracia plena y tampoco se podrá terminar con el neoliberalismo.

Reconstruir el sujeto popular exige apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores en la ciudad y en el campo, entender las demandas del mundo poblacional, dar respuestas efectivas a los pequeños empresarios, acosados por el gran capital, y atender a los consumidores pobres, siempre explotados por las grandes empresas.

En consecuencia, un desprestigiado Parlamento no puede ser el centro de la actividad política del Frente Amplio. El vínculo con el mundo popular, y con todos aquellos sectores explotados por los poderosos, es la única forma de construir una fuerza material capaz de desafiar el sistema económico neoliberal y el régimen político restrictivo. Sólo así se podrá cambiar el país. A eso nos llama el alcalde Sharp: “Eso se hace desde la base, no en el Congreso, allí se va a jugar el proyecto del Frente Amplio”.

En segundo lugar, el gran empresariado está sobre-ideologizado y tiene un indebido poder fáctico sobre la sociedad chilena. Han pasado 27 años y no ha existido una estrategia ni acciones concretas de los gobiernos y partidos de la Concertación para subordinar a los empresarios al poder político. Por el contrario, los políticos de “centro-izquierda han sido disciplinados por el empresariado.

Los gremios empresariales han agredido a los gobernantes de la Concertación. En efecto, en el 2001 se conoció el desatinado “déjenos trabajar tranquilo” que dirigiera al presidente Lagos, el jefe de la Sofofa, Ricardo Aristía, en la reunión de la Enade. Y, en años recientes, Andrés Santa Cruz, insolente presidente de la CPC, ha cuestionado implacablemente las reformas de la Presidenta Bachelet. Hace muy poco el presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Camus, se aprovechó impúdicamente de su tribuna para agitar en favor del candidato Piñera y para descalificar el desempeño del actual gobierno. Lo que resulta inaceptable en cualquier país del mundo, en Chile se ha naturalizado.

Por ello es un éxito político del municipio de Valparaíso su desafío al poder empresarial con la irregular construcción del Mall Barón. Su éxito en el Poder Judicial revela que es posible poner en su lugar a los grupos económicos, especialmente, cuando éstos no cumplen con la ley. Tarea indispensable si se quiere democratizar la sociedad chilena y terminar con el neoliberalismo. “El empresario en Chile tiene que entender que el país cambió”, nos dice Sharp y con razón. Pero para ello tiene que terminar el servilismo de los políticos frente al empresariado.

El alcalde de Valparaíso debiera reflexionar sobre otros dos desafíos, necesarios para transformar el régimen económico de injusticias y profundizar la democracia: el control de los medios de comunicación por los grupos empresariales y la persistencia del poder fáctico de los militares.

Dos grandes grupos empresariales controlan casi la totalidad de la prensa escrita: por una parte, Copesa; y, por otra, El Mercurio, a través del diario de mismo nombre y la mayor parte de la prensa regional. Es un duopolio de la propiedad y, al mismo tiempo, un monopolio ideológico. En ambas cadenas se observa el mismo discurso, una misma línea editorial, con defensa férrea del neoliberalismo y de los valores conservadores.

Además, sólo cuatro consorcios concentrar el 70% del mercado radial, mientras el Canal 13 pertenece al grupo de Luksic, Mega al grupo Solari-Falabella; y, Chilevisión al Grupo Time Warner (antigua propiedad de Sebastián Piñera).

Los ricos invierten en medios de comunicación para preservar el sistema que sirve a sus negocios. Así, contribuyen a legitimar su poder económico. A su vez ello les da poder simbólico, y así van ampliando su capacidad de influencia en el poder político. Su propósito es crear un clima de opinión favorable a la minoría de la que forman parte, la que controla el dinero y las palancas centrales del poder.

Por otra parte, los 27 años de la Concertación no han servido para subordinar a los militares al poder civil. Los ministros de Defensa parecen empleados de las FF.AA. antes que los jefes de éstas. Desde luego, es inconcebible la mantención del 10% de las ventas de Codelco destinado para la compra de armas. También es inaceptable la complacencia del poder civil con las graves malversaciones de fondos de los mandos uniformados.

Más aún, el Comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, a propósito de Punta Peuco, y frente a la Presidenta Bachelet, se ha quejado por un supuesto maltrato a los militares, violadores de derechos humanos. Señaló que “no se había considerado el contexto histórico y político en esas violaciones tuvieron lugar”, a lo que agregó la infaltable “obediencia debida”. Comportamiento absolutamente inaceptable. ¿Y el ministro de Defensa? Bien gracias.

Falleció Pinochet, pero la familia militar no cesa en sus esfuerzos de recuperar mayor poder fáctico. No reconocen las expresiones democráticas de la ciudadanía y exceden los límites del Estado. Se esfuerzan por impedir el cumplimiento de los compromisos programáticos que los gobiernos han contraído con sus electores y tratan de imponer sus intereses particulares al conjunto de la sociedad.

Sharp hace política en serio. Tiene razón al señalar que para transformar el país se requiere el fortalecimiento del poder de la ciudadanía, así como el predominio de la política sobre el mundo empresarial. Agregamos, sin embargo, dos desafíos adicionales: la democratización de los medios de comunicación y la subordinación efectiva de los militares al poder civil.