La Ley Antierrorista está bajo la mirada del país tras la decisión del Gobierno de modificar la querella que mantenía en contra de cuatro comuneros mapuche por el incendio de una iglesia evangélica en Padre de las Casas.
La ley está bajo sospecha por su ineficacia a la hora de llegar al juicio. Las cifras del Poder Judicial dejan en evidencia que entre el 2010 y el primer semestre de 2016 se formalizaron 91 causas de atentado explosivo o incendiario de carácter terrorista, de todas estas tan solo cinco llegaron a sentencia condenatoria.
Uno de los casos donde una persona fue condenada fue el de Raúl Castro Antipán en 2014, quien se acogió a la colaboración eficaz y llegó a un procedimiento abreviado, bajo los cargos de homicidio frustrado terrorista y asociación ilícita terrorista. Los hechos ocurrieron el 2009 en Angol, donde un grupo de encapuchados asaltó el peaje Quino, robando la recaudación y quemando algunos vehículos.
Cabe recordar que Castro Antipán declaró en el juicio ser un infiltrado de Carabineros en el conflicto mapuche, en específico de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar). El resto de las personas que fueron llevadas a juicio fueron absueltas.
Ante esta escasa efectividad, lo expertos y las autoridades coinciden en que hay que reformar y actualizar la ley porque posee falencias de forma y de fondo, tal como declaró el Minitro de Justicia, Jaime Campos.
