“Fueron arrestados en un control policial sin que hubiera una orden de detención en su contra o fueran sospechosos de la quema de la iglesia, el racismo y persecución están presentes ya que en el control policial al ver el apellido de Lonko Alfredo Tralcal fueron detenidos inmediatamente y llevados a la comisaría de Padre Las Casas para ser al día siguiente formalizados por la Ley Antiterrorista”

(Vocera presos políticos mapuche en huelga de hambre, Temuco)

En la que ya es la huelga de hambre más larga en los últimos 20 años en Chile, sumamos cerca de 82 kilos perdidos por parte de los 4 comuneros mapuche que han llevado esta medida de presión por más de 109 días. Los detenidos por Ley Antiterrorista son los únicos presos en el Chile post-dictatorial que se encuentran recluidos por delitos no comprobados, por presunciones de culpabilidad que los peritos y fiscales han sido incapaces de comprobar, a ya más de 18 meses de investigación en el denominado "Caso Iglesias" (no siendo este el único).

La Ley Antiterrorista opera en estos únicos casos como un instrumento de penalización política que sanciona a los propulsores de las alternativas que cuestionan el modelo político y económico hegemónico instalado a sangre y fuego en nuestras tierras.

En ese marco, esta ley se constituye como un instrumento de extorsión y secuestro, un shock psicológico a las comunidades amparado por el Estado, acciones tan fuertemente criticadas en instancias internacionales de defensa de DD.HH., como la reciente declaración de la presidenta en el concejo de la ONU, pero que sin embargo son utilizados en exceso en un país que trata sus diferencias con la lógica del enemigo interno. Es la legitimación estatal del delito más fuertemente penado por el marco jurídico nacional; el secuestro, pero en este marco jurídico único, el secuestro amparado en la presunción de culpabilidad se vuelve posible y hasta deseable en el mundo del revés del imperio forestal.

La Ley Antiterrorista fue concebida como un instrumento de chantaje político a la izquierda con tal de “ciudadanizarla” y es aplicada al pueblo mapuche con el mismo fin, orientada a producir un trauma que subsista a la pena aflictiva concreta y corrija esos pésimos hábitos de las comunidades por mantener modelos de vida propios. Por consecuencia, aplica instrumentos correctivos para quienes osen incluir entre sus métodos la protesta activa por la restitución de derechos usurpados. Es un instrumento de extorsión a familias completas y sus métodos de subsistencia, padres, madres, abuelos, hijos, hijas y, lo peor de todo, niños y niñas. Esta ley maldita, creada por los equipos racistas y fascistas dictatoriales, implica un golpe directo a la economía de subsistencia y las redes de apoyo familiar, desmantela los hogares y apuesta a que el hambre y el miedo corrijan estas actitudes, situaciones traumáticas que jamás se recomponen y de las que por supuesto el Estado jamás se hace cargo en caso de inocencia. Ya lo dijo Felipe Berríos: "¿Y si son inocentes?". Vale decir que en el mundo mapuche hay generaciones completas que murieron esperando restitución. Ya no se puede esperar más.

El Lonko Alfredo Tralkal (46 años), Ariel Trangol (30 años), Benito Trangol (34 años) y Pablo Trangol (34 años), ya están en el día 109 de una huelga de hambre que iniciaron con un promedio de peso inicial cercano a los 90 kgs y que hoy bordea los 70 kg, con el consecuente deterioro orgánico, físico y neurológico que implica esta medida. Las huelgas de hambre son terribles básicamente porque atentan contra la única propiedad con que contamos los pueblos, lo único que no nos puede arrebatar el capitalismo neoliberal y su democracia tutelada, sostén del mundo y su progreso: nuestros cuerpos y nuestras fuerzas.

Alfredo, Ariel, Benito y Pablo llevan aproximadamente 18 meses en "prisión preventiva" gracias a la sola acusación realizada por la fiscalía en virtud de la "Ley Antiterrorista". Son meses en que sus familias no han podido contar con ellos para las más mínimas tareas de subsistencia y han debido dirigir importantes esfuerzos en trasladarse a una tierra ajena para ver a sus familias aun inocentes. Son 18 meses completos en los que, contrariamente a lo esperado por policías y fiscales, han aumentado las redes, los apoyos y las solidaridades que deben movernos ante cualquier injusticia.

La huelga entra en su fase crítica justo en el inicio de la temporada de siembras ¿perversa lógica del Estado, no?

Vale decir que los secuestrados por el Estado no piden ningún privilegio, sólo un juicio con las mínimas garantías de un marco jurídico de un país que adhiere a las normas internacionales de derechos humanos con las que el gobierno de Michelle Bachelet se lava la boca en Naciones Unidas, cuando expresa sus preocupaciones sobre Venezuela, Siria y Norcorea. Piden un juicio justo, en plazo razonable, bajo un marco jurídico que no admita la utilización de testigos sin rostro, esos que luego se desdicen, que acusan sin hacerse responsables y, por supuesto, la inmediata revocación de la medida cautelar de prisión preventiva.

Hoy, que asistimos a la oportunidad histórica de construir un nuevo ciclo político en Chile, a dos meses de las elecciones que podrían ser bisagra en la continuidad neoliberal, la derogación de la actual Ley Antiterrorista se vuelve un imponderable, las trincheras de privilegios deben transformarse radicalmente para que las Fuerzas Armadas y de Orden entiendan su sitial de defensa del pueblo y no de defensa del 1% privilegiado de este país. No pueden existir más tribunales militares que no juzgan sino que blanquean, que no sancionan sino que amortiguan, ni marcos jurídicos que crean realidades paralelas en salud, previsión social y salarial y que terminan por crear un demonio que se vuelve contra sus sostenedores. Todo privilegiado defiende sus privilegios, y contra esa violencia hay que precaverse, y que buena muestra nos dieron en las postrimerías de 1973 y hasta ya recuperada la "democracia".

Ya lo decía Elicura Chihuailaf: el Pueblo Mapuche vive en una situación de dictadura permanente aun estando en democracia; con muertos, desterrados, expropiados, desaparecidos, exonerados, vulnerados y torturados por parte del poder estatal, que a su vez ampara el ejercicio parapolicial de verdaderas bandas que recorren la Araucanía amenazando comunidades a bordo de sus camiones y camionetas todo terreno que por cierto nunca son usadas, sino que son estética del poder puro y duro.

Una de nuestras primeras tareas como gobierno de cambio radica en ejecutar acciones radicales y concretas que permitan a los pueblos interpretar una modificación de la trayectoria histórica que han tenido las relaciones “Estado - Pueblos Indígenas” en el cono sur latinoamericano, que devuelvan la confianza y la permitan la colaboración entre pueblos, con sus conocimientos, ideas y tecnologías. Derogar la Ley Antiterrorista, libertad a los presos políticos mapuche, reconocimiento constitucional y política de restitución de tierras, son el puntapié inicial del reemplazo de la lógica de dominación por una lógica de colaboración entre pueblos.

Un gobierno que pretende transformar las relaciones de dominación por relaciones de cooperación, la política de conquista por una política de apoyo mutuo y la competencia por la solidaridad como factor de movilización de una sociedad que busca vivir mejor, no puede sencillamente amparar situaciones de avasallamiento, aprovechamiento y violencia promovidas por el Estado y sus agentes contra determinados sectores de la población por el solo hecho de defender su diferencia. Basta entonces de sensibilizarnos más con los horrores vividos a miles de kilómetros y ser absolutamente pasivos con los horrores vividos en la tierra propia, basta ya de la condena fácil en terreno internacional y el silencio cómplice en nuestra casa. Eso tiene un solo nombre y se llama racismo.

Los queremos vivos, no muertos. Libertad inmediata.

Marichiwew.