El diario La Tercera dio a conocer esta mañana un nuevo plan que la Municipalidad de Providencia ya empezó a implementar. Se trata de eliminar el comercio sexual ejercido en alrededor de 150 departamentos particulares emplazados en la comuna, tras reclamos de vecinos que, según la alcaldesa Evelyn Matthei, denunciaron circulación de drogas, problemas con el alcohol y gritos.

Ante esto, la municipalidad detectó algunos edificios donde se ejerce el trabajo sexual para que las mujeres abandonen los inmuebles y, además, contactaron al Servicio de Impuestos Internos para que dueños y arrendatarios paguen sus impuestos.

La medida no cayó bien en la Fundación Margen, que trabaja para promover y proteger los derechos de las trabajadoras sexuales. Su presidenta, Herminda González, manifestó su molestia en conversación con El Desconcierto: "La medida yo creo que es arbitraria, porque imagínate: ¿Cuántas mujeres va a dejar cesante esta señora Matthei? ¿Por qué no mejor regulamos el trabajo sexual? Y que sí, ¡que paguen sus impuestos! Pero que sea bien hecho, que tengan todos los beneficios de cualquier trabajador". La representante agregó que le parecería mejor que existan lugares específicos para el rubro, con condiciones salubres y donde las mujeres cuenten con derechos laborales.

Respecto de las acusaciones que vinculan el ejercicio del comercio sexual con drogas y alcohol, González fue tajante y tildó de prejuiciosas a las autoridades de Providencia. "En todos lados existe el tráfico de drogas, en todos lados está el alcohol. No me vengan a decir que porque una compañera ejerza su trabajo, lleguen todos los traficantes", dijo.

La presidenta de Fundación Margen también expresó su molestia por decisiones que se toman sin dialogar con ellas: "Me complica que no haya un criterio para poder hablar de nosotras, siempre hablan y deciden por nosotras, ¿por qué no conversan?".