Ante la intención de la Fiscalía de Tranguil de no perseverar en la investigación de la muerte de Macarena Valdés, la activista medioambiental muerta en pleno conflicto hidroeléctrico, las comunidades mapuche y organizaciones feministas presionaron para revertir la decisión del organismo, a quienes no les quedó otra que seguir con la investigación.
Valdés amaneció colgada en su hogar el 22 de agosto de 2016, tras amenazas de la empresa RP Global por su oposición a la instalación de torres de tensión en Tranguil, Región de los Ríos. Macarena, junto a su pareja Rubén Collio , fueron fuertes opositores a la empresa Saesa, perteneciente al holding RP Global Chile Energías Renovables S.A., de capitales chilenos, autríacos y españoles, encargada de construir centrales hidroeléctricas en distintos lugares del mundo.
Tras el incidente, Fiscalía abrió una investigación sobre su deceso. Pero luego de 7 meses, los jueces decidieron cerrar el caso y citaron a la familia este 7 de marzo para informar la intención de “no perseverar”. Ante esto, Collio y la comunidad de Tranguil convocaron a una manifestación en las afueras de los tribunales de Panguipulli el mismo día del veredicto, lo cual propició un cambio de opinión de parte de la Justicia.
En breve conversación con El Desconcierto, Rubén declaró que este giro de Fiscalía fue gracias "al esfuerzo y la presión de diferentes comunidades que ha dado como resultado que el caso no se cierre".
En Panguipulli existen 8 proyectos hidroeléctricos y más de 300 derechos de agua concesionados. En el terreno donde Macarena y Rubén construyeron su proyecto de familia, la empresa continúa buscando instalar cables de alta tensión.
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