Durante el próximo lunes, la mesa de diálogo de La Araucanía le entregará a la presidenta Michelle Bachelet las conclusiones de su comisión, dedicada a levantar propuestas específicas para abordar el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche.

Según informó La Tercera, el documento de 45 páginas contiene las principales recomendaciones de la mesa, que sesionó en Temuco desde agosto de 2016, y contiene entre sus propuestas la idea de que la Mandataria se disculpe con las "víctimas del conflicto".

“La Presidenta de la República debiera manifestar públicamente, en representación del Estado de Chile, una petición de perdón, por las consecuencias que ha provocado este conflicto a todas las víctimas de la violencia en la región”, recomienda el Informe de la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía.

La comisión, presidida por Monseñor Héctor Vargas, obispo de la Diócesis San José de Temuco, estuvo integrada por representantes del mundo ciudadano, académico, político y empresarial de la zona. Entre ellos, el Premio Nacional de Historia 2012, Jorge Pinto; el director de la Multigremial de La Araucanía, Emilio Taladriz; el Gerente de Asuntos Corporativos Empresas CMPC, Guillermo Turner, y el poeta y docente Elicura Chihuailaf.

Además, la comisión acordó priorizar 12 medidas a corto plazo, considerando entre ellas la necesidad de otorgar representación política a los Pueblos Indígenas en el Congreso Nacional, siguiendo experiencias desarrolladas en países como Nueva Zelanda, Colombia y Guatemala.

De la misma manera, se propone la creación de una Comisión de Reparación, que a la vez trabaje en un Registro Público de víctimas de la violencia en la zona durante los últimos 25 años y en una ley que instaure un Fondo de Reparación para ellas.

“La violencia no es nunca el camino para conseguir resultados políticos (...). Debemos insistir en el diálogo intercultural como el mejor mecanismo para construir el futuro que demandan quienes se asentaron en este territorio interétnico”, concluyó la mesa.

La implementación de la agenda, advirtieron, supondrá previamente la aplicación de una consulta indígena, en conformidad a lo exigido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).