La acusación de los empresarios de la CPC contra Gabriel Boric por su apoyo a la huelga de Homecenter Sodimac, tuvo eco en el editorial de La Tercera este viernes.

El diario de Álvaro Saieh criticó duramente a los parlamentarios que han mostrado su cercanía con los trabajadores aunque centró sus dardos en el diputado por Magallanes por decir que no respetaría la Constitución si esta le prohibía ligarse a movimientos sociales como el sindical.

"Dicho respaldo", dice La Tercera, "no se ha limitado a 'solidarizar' con la causa, sino que en varios casos ha implicado la presencia en terreno de los propios diputados, duros emplazamientos a las respectivas gerencias y campañas a través de redes sociales. Ello entra en abierta contradicción con disposiciones constitucionales que impiden a los parlamentarios interferir en las negociaciones colectivas, y al persistir en ello supone un ejercicio distorsionado del rol que les cabe jugar dentro de la institucionalidad y un aprovechamiento de los fueros que les confiere el Estado para satisfacer agendas personales", se lee en el texto.

En esa línea, el matutino de Saieh, agrega que "aun cuando la mayoría de estos casos parecen jugar al límite de la legalidad, lo que ya es reprochable, el diputado Gabriel Boric traspasó los límites de lo razonable. Reconoció que si bien 'es verdad que la Constitución dice que como parlamentarios no podemos intervenir en conflictos ni laborales ni estudiantiles, es cierto también que no lo vamos a respetar'".

"Es grave que un diputado lance tal emplazamiento, y no aquilate bien el alcance y las consecuencias de sus palabras. Si tales expresiones no son rectificadas -las que además de destempladas resultan de difícil precedente en nuestra historia legislativa posterior a 1990-, cabría entonces cuestionar su idoneidad para el cargo, materia de la que eventualmente tendría que tomar conocimiento el Tribunal Constitucional. Sería bienvenido que la propia Cámara de Diputados, por medio de sus instancias de control, se pronunciara en contra de estos dichos, e hiciera ver la conveniencia de que los parlamentarios no excedan sus atribuciones", agrega el editorial.

"La voluntad del constituyente es inequívoca en cuanto a mantener alejados a los parlamentarios de los procesos de negociación colectiva -porque no les corresponde interferir en un proceso interno, reglado por la ley y donde existen instancias administrativas y judiciales para zanjar las diferencias que allí puedan surgir-, y su infracción lo considera una falta especialmente grave, al punto que, de configurarse, constituye una causal de cesación en el cargo", explican.

Para La Tercera, los casos de corrupción donde se han visto involucrados políticos de sectores cercanos al diario, son igual de graves que apoyar una huelga de trabajadores.

"Los parlamentarios deben procurar ser respetuosos de sus ámbitos y fueros, evitando poner en tela de juicio la institucionalidad que ellos mismos han jurado o prometido respetar. Se espera ante todo que un legislador ejerza su cargo con responsabilidad, e internalice que su función se degrada cada vez que busca ejercer influencias indebidas, ya sea presionando en una negociación colectiva, creando maquinarias políticas para la designación de cargos en el Estado, utilizando fondos públicos para proselitismo o buscando financiamiento por vías irregulares. Aunque tales conductas lamentablemente no son inusuales, tampoco son generalizadas, y en cualquier caso no se espera que sea la amenaza de una posible sanción constitucional o penal lo que las desincentive, sino la recta comprensión de la función pública y el uso prudente del poder", concluyeron.