En relación al debate-entrevista que CNN Chile, a través de los periodistas Tomás Mosciatti y Matilde Burgos, les hizo recientemente a los 4 candidatos a alcalde de Valparaíso, con lo que le expresó Jorge Sharp, candidato del Pacto Urbano la Matriz, a Jorge Castro, actual alcalde que desea ser reelegido, se evidenció a todas luces el impúdico negociado público-privado llamado mall Barón en el litoral de la ciudad puerto, urbe que es Patrimonio de la Humanidad según declaratoria de la UNESCO.

En efecto, Castro no pudo responder las categóricas acusaciones de Sharp y tan solo argumentó, sacándose el pillo, que era decisión del gobierno central concesionar el terreno de 12 hectáreas al grupo económico Falabella para que éste levantará allí esa invasiva mega estructura comercial publicado por El Desconcierto.

Con el propósito de que la opinión pública conozca mayores antecedentes, a continuación sucintamente listamos algunas irregularidades e ilegalidades que están en pleno conocimiento del actual alcalde, del director de obras municipales, de todos los abogados y arquitectos que se desempeñan en esa municipalidad, como también del intendente regional, los consejeros regionales de Valparaíso, los funcionarios públicos de la dadivosa Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), de los socios controladores de la empresa del retail Falabella y de toda la prensa local.

Las 10 irregularidades e ilegalidades:

1.-La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) inició un proceso sancionatorio contra la Municipalidad de  Valparaíso por no desarrollar un catastro arqueológico para el sector Barón, según lo estipula la propia Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°23/2005.

2.-La SMA inició un proceso sancionatorio contra la Municipalidad de Valparaíso por no desarrollar un Plan de Prevención para el sector Barón, según lo estipula la misma RCA N°23/2005.

3.- Existió una mendacidad impropia en la modificación del contrato entre la EPV y el privado pues, los hallazgos arqueológicos no son eventos fortuitos, como livianamente manifestaban los anteriores, toda vez que su presencia está establecida en la RCA 23/2005 y en el Plan Regulador de Valparaíso, sector Barón.

4.- Se observa una elusión de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), si nos atenemos al clarificador dictamen Nº 4.000 del 15 de enero de 2016, firmado por el Contralor General de la República.

5.- Incumplimiento de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente ya que el rescate arqueológico sólo se puede desarrollar a través de las regulaciones que están comprometidas en dicha Ley.

6.- Destrucción del patrimonio arqueológico ya mencionado.

7.- Vulneración de las alturas de las construcciones proyectadas, según lo dispuesto en RCA N°23/2005.

8.- Vulneración de los adosamientos permitidos en la RCA N°23/2005.

9.- Contravención a las disposiciones establecidas por la UNESCO respecto de la Bodega Simón Bolívar, inmueble de Conservación Histórica en el Plan Regulador de Valparaíso.

10.- Existen otras tantas irregularidades en el ámbito de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) detectadas por la Delegación Regional de la Contraloría General de la República que demuestran fehacientemente la incapacidad técnica de los interesados -EPV-Falabella-  en llevar a cabo el forzado negocio del mall. Asimismo la empresa estatal vulneró el artículo 20º de la Ley de Puertos Nº 19.542 y en tal sentido felicitamos a Jorge Sharp por haber develado el vil precio de la concesión. Como observamos, será indispensable que el Sistema de Empresas Públicas (SEP), dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, llame al orden a la plana mayor de la perturbada EPV, por no cautelar en debida forma los intereses del Estado.

Por último, si el alcalde Jorge Castro reconoció en cámara, respondiendo a Tomás Mosciatti, que el edificio del Congreso Nacional opera en forma clandestina porque nunca la Dirección de Obras de la Municipalidad de Valparaíso ha certificado la recepción final de obras, quiere decir que el despelote en este ámbito de materias es infinito, con el agravante de que no visualizamos una reingeniería en el aparato público.