Esta semana ingresó el proyecto que transforma la educación superior chilena. Para sumarse a la discusión, vale la pena conocer algunos de los problemas de este nivel educativo. Aquí Educación 2020 entrega un resumen en diez cifras.
En 20 años, el acceso a la educación superior explotó: un millón de estudiantes ingresaron al sistema. Si bien el acceso es una buena noticia, este crecimiento ha sido sin regulación, muchas veces con instituciones que no aseguran calidad o empleabilidad.
A la vez, nuestro actual sistema de admisión le otorga excesivo protagonismo a la PSU, prueba que presenta sesgos de género, socioeconómicos y que está hecha a la medida de la enseñanza científico humanista, excluyendo a estudiantes de liceos técnicos, quienes obtienen menores puntajes, desincentivando que accedan a carreras universitarias.
La educación superior está fuertemente relacionada con la educación escolar. Muchas de las desigualdades se arrastran desde el colegio. Ese 83% de gerentes ingresará a las mismas universidades, reproduciendo una elite económica y política, lo que atenta con una verdadera meritocracia.
La educación pública debe ser principalmente estatal y ella debe ser el eje de encuentro e inclusión para construir ciudadanía y terminar con la segregación. Ese rol es difícil de cumplir si sólo el 15% de la matrícula corresponde a planteles estatales.
El deterioro de la Educación Pública ocurre de forma transversal en el sistema educativo chileno: en jardines infantiles, colegios, CFT, IP y universidades. Después de la reforma de los 80, la matrícula de estudiantes en establecimientos públicos cayó del 80% al 40%. Fortalecer y articular la Educación Pública es un imperativo que no debe quedar relegado.
Según evaluaciones locales e internacionales, los colegios privados son “lo mejor de lo peor” en la educación chilena y obtienen los mejores resultados del país, los que –hay que aclarar– aún son bajos en comparación a países desarrollados. Eso quiere decir que más del 90% de quienes rinden la PSU y esperan ingresar a la educación superior en Chile no cuentan con competencias mínimas. Es clave que las instituciones de educación superior asuman el desafío de nivelar a sus estudiantes.
Que haya más mujeres en carreras asociadas al cuidado de los otros (enfermería, pedagogía, párvulo) y varones en especialidades del área creativa y con mayor remuneración (ingeniería, ciencias) no es casual, responde a una sociedad donde las desigualdades y los privilegios no sólo se dan en el orden socioeconómico, sino también por el género. Que la educación no sea sexista también es calidad.
Además de pedagogía, varias carreras de educación superior se imparten sin que se asegure su calidad. Necesitamos avanzar a un sistema de acreditación y aseguramiento de la calidad OBLIGATORIO, a cargo de una agencia estatal.
En Chile, la educación superior es financiada principalmente por las familias. Hay estudiantes con talento de los deciles más pobres que se endeudan para acceder o que simplemente no acceden porque no pueden pagar. Es necesario ampliar la gratuidad y las ayudas estudiantiles para estos casos, en instituciones que cumplan con requisitos mínimos, como acreditación, no lucro y, en general, las condiciones del nuevo sistema de educación superior.
La gratuidad en la educación superior es un avance hacia la inclusión, pero no cambia un problema mayor que es la lógica de financiamiento a la demanda. Se requiere una nueva estructura, que combine aportes basales o fijos con otros variables, considerando siempre el contexto en que se ubican estas instituciones.
