Sumándose al amplio rechazo a la norma que sanciona a quienes filtren datos o información acerca de causas judiciales bajo reserva incluida en la agenda corta antidelincuencia, la presidenta del Colegio de periodistas, Javiera Olivares (PC) hace un llamado a los parlamentarios para que rechacen dicho artículo.

"En este contexto de publicaciones periodísticas con las que la ciudadanía reconoce situaciones de corrupción y conflicto de interés que antes no conocíamos, uno puede hipotetizar que estas normativas buscan ser un manto protector para los poderosos que se ven investigados", concluye la presidenta del Colegio de periodistas, que no descarta dirigirse al Tribunal Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para eliminar la norma.

"La disyuntiva no está entre quienes están a favor y en contra del secreto en un proceso investigativo, deben haber sanciones que protejan la investigación y las partes, pero no nos parece que, existiendo normativas que ya procuraban ese derecho, se recrudezca a tal punto de que hablamos de pena de cárcel de casi tres años que puede ser extensible a periodistas. Se abre una puerta a la violación del derecho a la información, que le pertenece a toda la ciudadanía", asegura Olivares.

Las declaraciones fueron dadas esta mañana en el programa radial Sonar informativo, donde se discutió en profundidad los alcances de esta normativa que ahora varios parlamentarios alegan no haber visto e incluso dicen que les "pasaron un gol" por falta de tiempo para la discusión parlamentaria.

Javiera Olivares cuestiona el hecho de que nunca antes se haya mostrado preocupación por otro tipo de filtraciones, como por ejemplo en casos de allanamientos cuando mostraban los rostros de supuestos culpables de delitos comunes. "Filtraciones han existido siempre y nadie decía nada. Parece que hay una discriminación. Lo que está en juego es la posibilidad de que la ciudadanía tenga derecho a informaciones de connotación pública asociados a procesos de investigación de actores relacionados al poder político y económico. ¿Por qué no fue una preocupación del Senado antes sino?

"En este contexto de publicaciones periodísticas con las que la ciudadanía reconoce situaciones de corrupción y conflicto de interés que antes no conocíamos, uno puede hipotetizar que estas normativas buscan ser un manto protector para los poderosos que se ven investigados", concluye la presidenta del Colegio de periodistas, que no descarta dirigirse al Tribunal Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para eliminar la norma.