A la polémica entrega de préstamos a diputados sin intereses, ni reajustes, se suma la existencia de un denominado fondo solidario de carácter transversal y en el que participa la gran mayoría de los diputados, a quienes se les hacen descuentos mensuales de su dieta con el objetivo de entregar una suerte de indemnización a los parlamentarios que pierdan la reelección o se retiren del Congreso.

Según consigna en un reportaje el diario La Tercera entre las 34 observaciones realizadas por la consultora Ossandón & Ossandón, estaría la existencia de una cuenta bancaria de la corporación en la que se iban reteniendo los descuentos de las dietas parlamentarias y cuyo fondo fue traspasado a una cuenta independiente del Banco Santander a finales de 2014.

El secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, desestima cualquier irregularidad en el caso, señalando que “se trata de un fondo absolutamente privado, creado por ellos, que paga todos sus impuestos. Lo que se hace es que con una instrucción voluntaria de cada uno de ellos, nosotros lo descontamos, lo pasamos a una cuenta y lo dejamos fuera del presupuesto de la Cámara”.

La auditoría realizada por la consultora fue encargada a fines de 2014 por el entonces presidente de la Cámara Baja, Aldo Cornejo, en estricta reserva junto al propio Landeros, para hacer frente a los escándalos tras revelarse la existencia de una cafetería exclusiva para los parlamentarios con un costo de 772 millones de pesos.

La AFP de los parlamentarios

Actualmente el denominado fondo solidario -apodado AFP de los parlamentarios- es una iniciativa en la que participan 115 de los 120 diputados, fondo que funcionaría ininterrumpidamente desde hace 10 años y que es administrada por los legisladores Enrique Jaramillo (PPD), Jorge Ulloa (UDI) y José Miguel Ortiz (DC).

De acuerdo al reportaje de La Tercera, cada vez que asumía un nuevo legislador se le comunicaba que para ser parte del mecanismo, mes a mes la Tesorería de la Cámara de Diputados le descontaría por planilla a cada uno de los legisladores 350 mil pesos de la dieta parlamentaria (6 millones 580 mil pesos).

El objetivo del este fondo era una suerte de respaldo financiero en caso de que el o la diputada perdieran la reelección o decidiera abandonar la labor legislativa. En este sentido, los parlamentarios a quienes se les descontaba este dinero, al final de un periodo reciben alrededor de 15 millones de pesos, los que llegan a dos 24 millones de pesos y los que alcanzaron tres -tope máximo- cerca de 45 millones de pesos.

Lo llamativo de este mecanismo era la reserva con que se manejaba y la transversalidad de sus integrantes, participando en él representantes de todas las bancadas del Congreso.

“Hay un balance que tiene la empresa, pero nosotros tenemos acordado que esto no trascienda a terceros”, explicó Jaramillo al medio.