El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, anunció este fin de semana la propuesta para derogar la Ley Reservada del Cobre, la cual presentará su ministerio durante el año 2016.

En entrevista con El Mercurio, el titular agregó que la iniciativa incluso está siendo estudiada con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Todo esto a raíz de los cuestionamientos surgidos por el grave caso del millonario fraude en el Ejército con platas de esa normativa.

"He conversado claramente con el ministro de Hacienda y vamos a sentarnos a conversar sobre el tema y le llevaremos la propuesta a la Presidenta de la República, quien va a decidir. Estamos trabajando en una propuesta que está previsto presentar en 2016", dijo el ministro Gómez.

"Lo fundamental es que exista presupuesto asegurado. Que podamos planificar. Todos estos procesos son de larga data. Se pueden demorar 10 años en concretarse. En esta lógica de planificación de aquí al 2026, nosotros deberíamos tener asegurados los recursos para poder adquirir los compromisos", agregó el titular de Defensa.

Consultado si concuerda con algunos parlamentarios para solicitar la derogación de la Ley Reservada del Cobre dijo: "Lo que sí hay que ser claro es que las FF.AA. necesitan que exista un sistema de financiamiento que no las haga competir con la construcción de hospitales o con la educación. El país necesita un financiamiento asegurado para la defensa del país. Y es importante que la opinión pública sepa que gran parte de esos recursos van en beneficio del país".

En dicha entrevista también detalló que la Fiscalía Militar y el Ministerio Público han pedido información, y que se han entregado todas las facturas para que puedan determinar en ese rango de $6.600 millones y de 2.367 facturas cuáles son falsas y cuáles no. "El volumen y la cantidad de recursos no lo podría decir. Por eso, el comandante en jefe habló del máximo de las facturas entregadas", agregó.

Cabe señalar que las irregularidades se iniciaron en el denominado Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), un área que se preocupa de la capacidad operacional del Ejército, donde un individuo generaba enlaces con proveedores para solicitar facturas por servicios no prestados.

Esta situación generó la creación de una comisión investigadora en el Congreso, donde han asistido el ministro de Defensa y el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien ha señalado que se inició un sumario interno para revelar estas irregularidades.

"Cuando el ministro Burgos era ministro de Defensa se hacen las denuncias, y se dan instrucciones de dar transparencia total respecto a la entrega de información y de derivar a la justicia militar, al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado todos los antecedentes. Instruimos buscar la información que sea necesaria para que la investigación avance y se descubra esta red que eventualmente existía en esta área de la institución, que fue defraudada. Lo que decimos es que este fue un grupo de delincuentes que defraudó al Ejército", señaló el ministro Gómez al Mercurio.

Cuando se le consulta al ministro respecto a quienes han sido detenidos indica: "Es un fraude al Ejército y a los chilenos, con recursos que son públicos. Quienes han sido responsables han sido destituidos, la mayoría de los involucrados están presos. Lo que hemos dicho es que no va a haber protección a nadie. Si de la investigación y de los antecedentes que se recopilen surgen nuevos responsables, van a ser llevados a la Justicia".

Finalmente, Gómez señaló que "el financiamiento nos tiene que permitir tener la planificación de aquí al 2026 y que sea lo más transparente posible. Y hay áreas que no tenemos para qué mantener en secreto".