Hace seis meses, el canciller Heraldo Muñoz afirmó ante la Cámara de Diputados que si el TPP no incluyera un acuerdo “que sea aceptable, no vamos a firmar”. Desde entonces, transcurrió una serie de rondas de negociación secreta que terminaron en el cierre del acuerdo tras cinco años, sellando medidas que impactarán la vida de los habitantes de los doce países que componen el tratado.

Según sostienen los especialistas de Fundación Equidad, desde un inicio el Ministerio de Salud puso sobre la mesa una serie de líneas rojas no negociables, como la protección de datos para productos biológicos, la protección de datos que sustentan nuevas indicaciones y el Linkage (que vincula la patente industrial con el registro sanitario), entre otras.

“Estas medidas influyen en la formación de monopolios sobre medicamentos, permitiendo que los laboratorios farmacéuticos tengan más años de exclusividad de mercado e impidiendo el ingreso de bioequivalentes. Al considerar que no existen mecanismos de contención para cobros abusivos, a diferencia de otros países, esto impacta directamente en el precio por el cual el Estado y los usuarios adquieren sus medicamentos”, señalaron Tomás Lagomarsino y Jorge Cárdenas.

Sin embargo, tras acceder al documento del acuerdo que fue liberado hace unas semanas, los especialistas aseguran que “podemos afirmar con propiedad que las líneas rojas establecidas por el Ministerio de Salud fueron cedidas por el gobierno. Aunque la Direcon siga afirmando que los ocho años para productos biológicos no quedaron en el tratado, a nuestro juicio esta es una verdad a medias puesto que deberán ser establecidas otras medidas adicionales para que las farmacéuticas tengan exclusividad de mercado comparable con los ocho años, y que serán fiscalizadas por una comisión.

Recientemente la Direcon catalogó estas medidas como requisitos administrativos; sin embargo, nos genera serias dudas ya que no tendrán que ser establecidas para aquellos países que suscriban los ocho años de exclusividad de datos”.

En este contexto, los miembros de Fundación Equidad aseguraron que es sorpresivo que la presidenta Michelle Bachelet, siendo médico de profesión, anuncie que defenderá el TPP en todas partes, “sabiendo el costo e implicancias de estas medidas para el sector salud. Frente a esto la ciudadanía tiene una serie de preguntas para la mandataria: ¿Cuánto tendremos que esperar para que losmedicamentos bajen de precio una vez finalizada la exclusividad de mercado que tendrán los fármacos innovadores? ¿Cuál será el impacto para la Ley Ricarte Soto, los planes de Isapre, la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC), los fármacos adquiridos por Fonasa, las Garantías Explícitas en Salud (GES), y para los usuarios que compran sus medicamentos en las farmacias populares y del retail?”, apuntaron.

En vista de este escenario, Lagomarsino y Cárdenas interpelan a las autoridades de gobierno a transparentar las reales implicancias que el TPP provocará en los distintos sectores y, además, a postergar la firma oficial del tratado que se realizará a inicios de febrero de 2016. Así, aseguran, lograremos tener un debate más amplio sobre las reales consecuencias de este mega acuerdo comercial.

“Finalmente, no desconocemos que la innovación debe tener una justa retribución ya que permite generar tratamientos de última generación. Sin embargo, ¿de qué sirve innovar en nuevos medicamentos si sólo podrá acceder una pequeña porción de la población? El debate sobre el acceso a medicamentos no puede seguir siendo postergado y el TPP es una excelente oportunidad para traerlo a la agenda nacional”, concluyeron.