Según consigna la acción judicial, cerca de las 10 de la mañana del 18 de septiembre pasado, y por razones aún no esclarecidas, se produjo un incidente en el módulo 105 del penal que terminó con 47 reos lesionados, 9 de los cuales tuvieron que ser derivados al Hospital Carlos Van Buren.

Agrega el escrito que durante el operativo los gendarmes golpearon en forma indiscriminada a los reclusos y que “el uso de la fuerza por parte de los efectivos no cumplió con los estándares mínimos establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre proporcionalidad, necesidad, oportunidad e inexistencia de otra alternativa menos gravosa”.

Además, el documento da cuenta de la existencia de videos en los que se aprecia a los funcionarios de Gendarmería haciendo uso de elementos prohibidos en los reglamentos institucionales -como palos, en lugar de bastones institucionalmente dispuestos- y sin la debida protección, inseguridad que habría propiciado su actuar violento.

En su fallo, la Corte estableció que se hizo un uso de la fuerza fuera de los protocolos establecidos. Asimismo, señala que se constató que -una vez más- que el sistema de cámaras de seguridad, entre cuyos objetivos se encuentra el resguardo de la seguridad, tanto de los internos como el personal de Gendarmería, incumple dichos objetivos, entregando, reproducción de imágenes parciales y sesgadas. Finalmente el dictamen consigna que estos hechos configuran flagrantes vulneraciones a la seguridad individual de los internos, cuya responsabilidad es de Gendarmería de Chile.

De este modo, el fallo ordena a Gendarmería ceñirse estrictamente a los protocolos existentes, con relación al resguardo de la seguridad individual de los internos. Junto a lo anterior, señala que Gendarmería debe adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan. También la Corte ordena que se realicen las investigaciones administrativas necesarias para establecer las responsabilidades del caso y que se pericie a los lesionados para evaluar la coherencia con los informes médicos emitidos.

Fernando Martínez, Jefe Regional del INDH en Valparaíso, sostuvo que “la sentencia ratifica que la actuación de Gendarmería de Chile, en este caso, fue ilegal, configurándose incluso una situación de tortura, respecto de la cual el INDH estudia la presentación de una querella criminal”.

Agrega Martínez que “en el contexto de su proceso de instalación, la Sede Regional de Valparaíso del INDH ha desarrollado acciones de monitoreo y protección del derecho a la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad, para lo cual ha visitado comisarías y cárceles, tomando contacto con autoridades y entrevistando a los eventuales afectados”.