Tras el fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio de libertad condicional a Alejandro Sáez Mardones, autor material del degollamiento de tres profesionales comunistas en 1985, sus familiares emitieron una declaración pública en que expresaron su rechazo a la decisión del máximo tribunal del país.
En el texto, junto con agradecer "todas las muestras de solidaridad que hemos recibido en estas horas", anunciaron que recurrirán a instancias internacionales "ante las cuales el Estado de Chile ha adquirido los compromisos de investigar, sancionar y ofrecer garantías de no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos".
Las familias de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino fustigaron la decisión de la justicia por no respetar el informe psicológico realizado por Gendarmería a Sáez Marones, que "indica claramente que no hay en él conciencia del daño causado y sí permanencia en la justificación de su acción delictiva".
Además, los familiares del Caso Degollados criticaron al máximo tribunal por no permitir la participación de sus abogados en los alegatos.
"La actitud del Poder Judicial, representado en este particular por la Tercera Sala de la Suprema, equipara de facto crímenes de lesa humanidad con delitos comunes, lo que contraviene no sólo el compromiso ético con el Nunca Más, sino también los tratados internacionales que Chile ha ratificado", afirmaron en la declaración.
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Adicionalmente, los familiares de los tres profesionales hicieron "un llamado a los poderes Legislativo y Ejecutivo a legislar de manera clara en lo que respecta a crímenes de lesa humanidad y tortura", ante la falta de una tipificación precisa de los delitos que atentan en contra de los Derechos Humanos.
Lee a continuación la declaración completa:
Declaración pública de las familias Parada, Guerrero y Nattino
