La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi denunció “como una burla a los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados durante la dictadura, que dos agentes de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), condenados por la Corte Suprema se encuentren prófugos y se paseen por Santiago”.

Fuentes ligadas a la investigación informaron a Villa Grimaldi que se detectó al fugitivo Daniel Cancino Varas en varios lugares de la capital, aunque con otro aspecto .Se trata del momento en que acudió a cajeros automáticos.

Cancino, ex miembro de la Policía de Investigaciones, está condenado a 10 años y un día de presidio por la Corte Suprema por la desaparición forzada de 8 personas desde el ex centro de tortura y exterminio de Villa Grimaldi luego de ser detenidos en 1975 en la Quinta Región.

Por este mismo caso está condenado a 5 años y un día de cárcel Rubén Fiedler Alvarado, ex oficial del Ejército, quien habría salido del país. En tanto, Ricardo Victor Lawrence Mires, ex oficial de Carabineros fue condenado por la Corte Suprema el 30 de abril por la desaparición de Alfonso Chanfreau Oyarce desde Londres 38 en 1974. Lawrence habría cambiado de “look” y usaría bigotes tipo mexicano. Se provee de dinero en cajeros automáticos en Santiago.

Otro prófugo condenado por el más alto tribunal del país, es Walter Klug Rivera, sentenciado a 10 años y 1 día de presidio por las desapariciones y homicidios calificados de 23 trabajadores de las centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico en 1973.

Por otra parte, Adriana Elcira Rivas González, acusada de la desaparición del Secretario General del Partido Comunista Víctor Díaz, huyó del país y se encuentra en Australia, después de recibir el beneficio de la libertad condicional con arraigo nacional. “La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, rechaza en forma categórica la impunidad de la que hoy gozan estos responsables de crímenes de lesa humanidad”, expresó en un comunicado.

“Estos criminales no pueden permanecer en libertad condicional hasta ser condenados por la Corte Suprema. Solicitamos a los Poderes Ejecutivo y Judicial que sean enviados a cárceles de alta seguridad, una vez dictadas las condenas de primera instancia, pues son un peligro contra la sociedad”, puntualizó la entidad.

“El hecho de permitirles la libertad hasta no ser sentenciados por el máximo tribunal ha permitido que gocen de impunidad”, concluyó la declaración de la entidad que agrupa a familiares de 222 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y a sobrevivientes de la prisión política y tortura.