El conflicto con Tándem se suma a otros casos en que contratistas han llevado a Codelco a tribunales por contratos, garantías, pagos y licitaciones.
Actualmente, en tribunales se desarrolla un conflicto que involucra a Codelco y Tándem —filial de Pullman Bus—, donde la contratista acusa que la cuprífera estatal terminó anticipadamente un contrato que tenía vigencia hasta 2034.
La arremetida de la firma transportista apunta al cobro de dos boletas de garantía por $1.7 mil millones y $1 mil millones, respectivamente, lo que, según acusa, provocó su insolvencia financiera y puso su continuidad contra las cuerdas. Codelco, por su parte, sostiene que Tándem incumplió obligaciones contractuales, entre ellas el pago de las cotizaciones de sus trabajadores.
Ante eso, la empresa respondió que la morosidad se produjo después de que Codelco dejara de pagar servicios contemplados en el contrato y aseguró que existe una deuda correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de este año, que atribuye al actuar de la estatal.
De la misma forma, la contratista sostuvo que, de haber acumulado deuda previamente, la estatal no habría podido contratar los servicios debido a incumplimiento de uno de los artículos del acuerdo.
El conflicto incluso escaló fuera de los tribunales. El pasado 10 de agosto, Carabineros decomisó los buses de Tándem sin una orden judicial, procedimiento que ocurrió horas antes de que comenzara a prestar servicios a Codelco la nueva empresa contratada para reemplazarla.
Por su parte, Joaquín Riquelme, trabajador de Tándem División El Salvador , explica que los trabajadores fueron informados del término de contrato y cambio de contratista con tres días de anticipación. Asimismo, cuenta que la cuprífera habría ofrecido asesorías legales y continuidad con la nueva empresa. A ello, añade que casi el 100% de los trabajadores aceptó el traspaso, el cual solo habría sido acordado "de palabra". "A todas luces esto fue planificado", sostiene el trabajador.
Henry Barrett, gerente general de la empresa Tándem, señaló que "nosotros no somos el primer contratista de Codelco que termina en tribunales por un contrato cortado antes de tiempo. Eso se ha sabido públicamente y cualquiera del rubro se lo puede confirmar".
Más allá del resultado de la causa, que todavía se encuentra en desarrollo, no es primera vez que Codelco se enfrenta a este tipo de situaciones. En algunos casos, los conflictos llegaron hasta las máximas instancias judiciales y, en otros, incluso fueron revisados por una Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados.
En 2021, Codelco contrató al Consorcio Belaz-Movitec (CBM) para ejecutar obras de movimiento masivo de tierra y construcción de caminos para el proyecto Rajo Inca, en División Salvador, la misma división que hoy se enfrenta judicialmente con Tándem.
Sin embargo, el 1 de febrero de 2023 la estatal comunicó a la empresa el término anticipado y unilateral del contrato, invocando "graves incumplimientos". Entre los antecedentes se encontraba un accidente fatal donde murió un chofer que trabajaba en la zona, cuyo camión se desbarrancó.
Codelco sostuvo que la contratista incumplió obligaciones vinculadas a seguridad minera y que no informó oportunamente el hecho. A ello se sumaron importantes retrasos en las obras.
Ese mismo día, la estatal cobró las cuatro garantías contractuales: una por 270.436 UF y las tres restantes por 17.806 UF cada una, equivalentes en conjunto a unos $11.400 millones de la época.
Al igual que Tándem, CBM cuestionó judicialmente el procedimiento. Uno de sus argumentos fue que Codelco informó el cobro de las garantías cuando este ya se había realizado y que la carta enviada no era suficientemente explícita respecto de los incumplimientos que justificaban la medida.
Según la documentación judicial, el contrato establecía que Codelco podía hacer efectivas las garantías, pero debía informar previamente al contratista. CBM también denunció que la estatal había retenido cerca de $12 mil millones correspondientes a pagos pendientes.
En julio de 2023, y por orden de la Corte Suprema, Codelco tuvo que devolver el dinero y permitir la restitución de los equipos. La tramitación del caso ante el máximo tribunal adquirió posteriormente una dimensión mayor al quedar vinculada a la denominada "causa Bielorrusa", investigación que involucró a la entonces ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, quien terminó destituida.
Otro antecedente se encuentra también en División Salvador. El protagonista fue Santa Elvira, empresa perteneciente al Grupo Prado, que mantenía una serie de contratos con Codelco para realizar movimientos de material.
En 2018, la estatal puso término anticipado a uno de esos contratos y posteriormente abrió una licitación para reemplazar sus prestaciones. La situación motivó la creación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados.
La instancia concluyó que no existía claridad respecto de cuáles eran las irregularidades que justificaban el término anticipado. El informe fue explícito al señalar que "no se logró identificar con claridad cuáles fueron las irregularidades que justificaron el término anticipado del contrato".
La comisión también recogió los antecedentes entregados por Santa Elvira, que sostuvo que los informes de cada turno eran revisados y validados por personal de Codelco y que la cuantificación del material movilizado utilizada para cancelar los estados de pago era realizada por una gerencia de la estatal.
De esta manera, los parlamentarios identificaron, entre otras materias, un término anticipado de contrato sin una justificación fundada, cuestionamientos a la licitación posterior, problemas de precalificación y adjudicación, y consecuencias económicas negativas para División Salvador.
Pese a que el conflicto no se judicializó y solo terminó en una reclamación de arbitraje por ambas partes, el caso fue un antecedentes clave para el caso entre Codelco e Indak al año siguiente.
Indak era otra de las empresas que trabajaba para División Salvador. Su relación contractual con Codelco comenzó en 2015 y, al igual que Santa Elvira, terminó en un conflicto judicial que también fue abordado por la Comisión Investigadora de la Cámara.
Durante la investigación parlamentaria, trabajadores de Indak señalaron que Santa Elvira recibía un trato preferencial por parte de Codelco. Los cuestionamientos escalaron en 2019, cuando Indak demandó a la cuprífera por $32.500 millones.
El argumento de la empresa era que Codelco habría entregado, sin licitación, parte importante de los servicios que originalmente estaban contratados con Indak a Santa Elvira. Según la firma, esa decisión le habría generado un perjuicio superior a $1.800 millones.
La demanda, sin embargo, no terminó con una sentencia que estableciera que Codelco había cometido los incumplimientos denunciados. En agosto de 2023, el tribunal de Diego de Almagro acogió la excepción de incompetencia planteada por la estatal. La Corte de Apelaciones de Copiapó confirmó la decisión y, posteriormente, la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso presentado por Indak.
Tras la salida de Santa Elvira, Codelco abrió un nuevo proceso para reemplazar los servicios de la empresa. Este punto también fue cuestionado por la Comisión Investigadora debido a diferencias entre el Plan Minero y lo efectivamente solicitado. Contraloría, además, detectó problemas de precalificación y adjudicación.
El foco estuvo en el módulo C-1. Indak participó en la licitación, pero fue marginada por razones técnicas. Finalmente, el proceso fue declarado desierto.Lo llamativo vino después.
Indak formó un consorcio con Estero Largo denominado Transportes Consorcio San Antonio, el cual recibió mediante trato directo el mismo módulo C-1 que había quedado desierto, por un monto de $22 mil millones.
Otro de los antecedentes analizados por la Comisión Investigadora fueron las eventuales vinculaciones entre Indak y el hijo del entonces presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, además de las relaciones entre las empresas que conformaron el Consorcio San Antonio.
El informe señala que el representante de Indak, José Miguel Julián González, había tenido una sociedad con un hijo de Pizarro. Ante ello, la Cámara solicitó información al SII sobre eventuales vinculaciones entre Indak, Transportes Consorcio San Antonio y Servicios Asesorías e Inversiones JP Maq., sociedad en la que participaba Nelson Pizarro Contreras.
Los casos de Tándem, CBM, Santa Elvira e Indak tienen diferencias importantes entre sí y no todos terminaron con decisiones judiciales desfavorables para Codelco. Tampoco permiten establecer, por sí solos, que la estatal haya actuado irregularmente en cada uno de ellos.
Pero sí muestran una constante: durante los últimos años, una parte de los conflictos entre Codelco y sus empresas contratistas ha terminado en tribunales y, en varios de ellos, se repiten algunos puntos de discusión como términos anticipados de contratos, cobro de garantías, retención de pagos, modificaciones contractuales y cuestionamientos sobre procesos de licitación.
Bajo ese marco, el ejecutivo de Tándem comentó "lo que nadie ha dicho es cuánto le cuesta eso a Codelco: cuántos juicios tiene abiertos por términos anticipados, cuánto ha pagado y cuánto ha recuperado. Esa cifra no la tengo yo, la tiene la Corporación, y estamos hablando de una empresa del Estado. Creo que los chilenos tienen derecho a conocerla".
El Desconcierto se contactó con Codelco para consultarle acerca de cuántas demandas o arbitrajes han sido interpuestas contra la estatal por bajo la figura de término anticipado de contrato, los montos que ha debido desembolsar en estos procesos y el dinero recuperado de los mismos. Hasta el cierre de este artículo no hubo respuestas.
El caso Tándem vuelve a poner esa relación bajo la lupa. La empresa acusa que el término anticipado de un contrato que debía extenderse hasta 2034, junto con el cobro de garantías y la falta de pago de determinados servicios, la dejó al borde de la insolvencia. Codelco, en cambio, sostiene que sus decisiones respondieron a incumplimientos de la contratista.
"El señor Jorge Gómez Díaz asumió la presidencia ejecutiva el 13 de julio. Este caso no lo hizo él: lo heredó. Por eso lo llamo a poner orden. Que revise cómo Codelco está tratando a sus proveedores, en general, y que revise nuestro caso en particular. Está a tiempo de corregir algo que no partió en su gestión. Estamos disponibles para sentarnos cuando él lo disponga”, sentenciaron desde la empresa contratista.
El desenlace todavía está pendiente. Pero mientras la disputa se resuelve en tribunales, el caso vuelve a abrir una pregunta que ya ha aparecido en otros conflictos de la estatal: cómo Codelco administra sus relaciones contractuales con las empresas que participan en sus operaciones y cuáles son los costos que terminan generando esas disputas.
