Desde anotar datos en un cuaderno hasta agendar por WhatsApp, los pequeños negocios tendrán que revisar cómo resguardan la información privada antes del plazo de implementación.
Nueva ley de Datos Personales. Créditos: IA.
A partir del 1 de diciembre de 2026 la Ley N° 21.719 (Ley de Protección de Datos Personales en Chile) transformará la administración de información de usuarios afectando no solo a grandes corporaciones sino también a pymes y trabajadores independientes que registren datos como RUT o teléfonos.
Frente a esta coyuntura, “uno de los principales riesgos es creer que esta ley afecta solamente a las grandes empresas. Cualquier negocio o profesional que maneje datos personales deberá revisar cómo los obtiene, almacena, utiliza y protege”, explica Felipe Vial, cofundador de la plataforma Ley de Datos Fácil.
Prácticas cotidianas como guardar números en la agenda telefónica, mantener planillas en Excel, conservar libretas de deudas o gestionar citas por mensajería instantánea requerirán una adecuación formal a los nuevos estándares legales.
Las sanciones económicas fijadas por el marco legal reflejan la relevancia de estos cambios: las infracciones calificadas como gravísimas podrán alcanzar multas de hasta 20.000 UTM, las cuales se elevarían a 60.000 UTM en casos de reincidencia.
A esto se suma el surgimiento de la Agencia de Protección de Datos Personales, entidad dotada de atribuciones para investigar, fiscalizar y sancionar el incumplimiento.
Paralelamente, el ordenamiento legal otorga a la ciudadanía facultades sobre su información conocidas bajo el concepto ARCOP (acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad), imponiendo a la vez un marco estricto de obligaciones para quienes administren dichos registros.
El panorama plantea exigencias complejas para los pequeños contribuyentes que carecen de departamentos jurídicos o de ciberseguridad.
En lugar de grandes infraestructuras, el requerimiento primario implica tomar conocimiento sobre los archivos que poseen, los lugares donde se resguardan y las acciones preventivas necesarias.
Al respecto, “muchas pymes manejan información de sus clientes todos los días, pero no necesariamente tienen identificado qué datos están recopilando, para qué los utilizan o cuánto tiempo deberían conservarlos. El primer paso es ordenar esa información y entender cuáles son las obligaciones que les corresponden”, explica Vial.
Con el objetivo de agilizar esta transición, han surgido soluciones tecnológicas en el mercado nacional como Ley de Datos Fácil.
Esta herramienta opera con inteligencia artificial para auditar el estado de cumplimiento de una firma, detectar vulnerabilidades, estructurar el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) y formalizar un Modelo de Prevención de Infracciones, facilitando también la respuesta ante reclamos por derechos ARCOP.
El proceso busca guiar a los microempresarios para que trasciendan la duda inicial sobre cómo acatarse a la regulación, permitiéndoles catalogar sus bases de datos, dimensionar posibles contingencias e instrumentar salvaguardas efectivas.
Más allá del ámbito punitivo, el componente reputacional cobra un rol protagónico en este escenario. “No se trata solamente de evitar una multa. También hay un desafío de confianza: los clientes esperan que sus datos sean tratados de manera responsable, incluso cuando se trata de un negocio pequeño”, señala Vial.
Por estos motivos, los especialistas recomiendan no postergar la revisión de flujos internos hasta la fecha límite. Determinar la naturaleza de la información almacenada, fundamentar su requerimiento, ubicar su almacenamiento y delimitar los accesos autorizados constituyen los pasos esenciales para iniciar esta adaptación.
