El escándalo por el financiamiento a entidades ligadas a partidos políticos de la Nueva Mayoría y la Alianza, por parte de Aguas Andinas, sigue generando repercusiones.

Tras detectarse que la sanitaria entregó más de $341 millones de pesos en 196 pagos a distintas fundaciones, corporaciones y centros de pensamiento vinculados a ambas coaliciones, distintas organizaciones han criticado duramente la regulación existente hacia las empresas sanitarias.

Primero fueron los trabajadores del sector agrupados en la Fenatraos (Federación de Trabajadores del Obras Sanitarias de Chile), que agrupa a 36 sindicatos de las 15 empresas sanitarias del país, quienes repudiaron los pagos de Aguas Andinas con boleta falsas a las entidades políticas "porque esos recursos salen del pago de cuentas de todas las chilenas y chilenos", y criticaron la regulación tarifaria existente en el sector que están definidas por un "decreto monopólico que les impide optar por otras empresas".

Sin embargo, hoy se sumó a la indignación el Movimiento de Defensa, la Tierra y el Medioambiente (Modatima), que esta mañana oficializó su molestia ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) solicitando una serie de información relacionada a la actividad fiscalizadora que dicho organismo debe ejercer ante Aguas Andinas.

Entre otras solicitudes, Modatima pidió conocer, mediante un escrito, el detalle el listado de consultores y asesores contratados por la empresa, así coma las boletas de honorarios emitidas y los abalances contables entre 2010 y 2014, periodo en el cual se ejecutaron los pagos irregulares por más de $340 millones a distintas entidades políticas.

Dicho escrito fue presentado a las 10 am de este miércoles por los voceros de Modatima, y luego se trasladaron hasta las oficinas de Aguas Andinas para entregar una misiva dirigida al presidente del directorio, Felipe Larraín Aspillaga, en la que piden que se detalle la procedencia de los recursos utilizados para financiar las entidades políticas, además de conocer los objetivos que perseguían los pagos por más de $340 millones.

Rodrigo Mondaca, secretario general de Modatima, comentó tras la entrega del escrito ante la SISS que "Aguas Andinas, empresa privatizada por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, desde el año 2010 a la fecha, ha destinado recursos para financiar a organizaciones y fundaciones, además de algunos conspicuos políticos, tanto de la Alianza y de la Concertación", situación que rechazaron categóricamente.

Recordaron además los pagos de Aguas Andinas a Andrés Zaldívar hasta cinco días antes de asumir como senador.

"La pregunta legítima que nos hacemos como ciudadanos y como Modatima, es de dónde salen esos recursos para financiar actividades políticas. Aguas Andinas es de propietarios extranjeros, de un consorcio francés como el grupo Suez. ¿Salen del pago que hacemos todos por el consumo de agua potable y alcantarillado?", cuestionó Mondaca.

Mondaca expresó su confianza en que la SIS pueda informar sobre lo ocurrido, ya que "estas empresas sanitarias que fueron privatizadas durante la Concertación, brindan un servicio de interés público, ya que son ellas las que proporcionan el agua potable y alcantarillado a toda la ciudadanía de la Región Metropolitana, siendo la empresa más grande en términos de cobertura, y nos parece del todo impropio que las empresas se hayan transformado en cajas pagadoras de una pléyade de políticos corruptos, fuertemente vinculados a los centros neurálgicos del poder, que en la práctica, lo que hacen hoy día es legislar en favor de una minoría que lucra, usurpa y excluye a la gran mayoría de los ciudadanos a propósito de la privatización de las aguas que existe en el país".

Más tarde, al grupo se sumó el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, para presentar la carta dirigida al presidente del directorio de Aguas Andinas. En la misiva criticaron a la empresa señalando que "lamentablemente, la ciudadanía ha debido tomar conocimiento de estas situaciones a través de los medios de comunicación, lo que da cuenta de un manejo poco transparente de la empresa sanitaria", e hicieron un llamado a que la empresa "señale la totalidad de las asesorías que ha financiado a personas del mundo político e instituciones ligadas a estos".

Tras la entrega de la carta, Román afirmó que Aguas Andinas, al igual que SQM y Penta, "son verdaderas cajas pagadoras de la corrupción que hay en Chile" y aseguró que además de las consecuencias penales "hay consecuencias políticas que dicen relación a que el mal gobierno se ha financiado con platas de todos los chilenos, en operaciones truchas y fraudulentas".

Al respecto, Román agregó que "no sé por qué debiera sorprendernos este contubernio de la clase política, este idilio declarado o clandestino, así ha sido durante los últimos 25 años. La clase política, las dos derechas, han gobernado de las misma forma, y hoy vemos que se financian de la misma forma. No sé eso nos tiene que llevar a la sorpresa, sino a la indignación de no aguantar más este tipo de cosas en Chile".

Desde el punto de vista legal, Román afirmó que "aquí pueden configurarse delitos tributarios, a propósito de esto que ya está de moda, que son la emisión de boletas de honorarios ideológicamente falsas. Si bien no estaríamos en presencia de delitos de cohecho, estaríamos en presencia de delitos tributarios que también deben ser perseguidos por el Ministerio Público", concluyó Román.