Durante la pasada cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet, la propuesta de despenalizar el aborto terapéutico en tres causales se tomó la discusión política. Sectores conservadores, la Iglesia Católica y las organizaciones feministas se volcaron al debate de una iniciativa inédita, luego de 25 años transcurridos desde que el aborto terapéutico fue prohibido en Chile.

“Chile debe enfrentar en una discusión madura, informada y propositiva esta realidad, debatiendo en el parlamento un proyecto de ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo en casos de riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto”, recalcó la Presidenta durante el 21 de mayo de 2014.

Sin embargo, la coyuntura política y los tropiezos del Ejecutivo han aumentado la espera para las mujeres chilenas, prisioneras de las cuestionables políticas públicas que han posicionado al país como uno de los cinco estados en el mundo que rechazan cualquier tipo de interrupción del embarazo.

Un proyecto en larga espera

La propuesta de la Nueva Mayoría no ha logrado convencer del todo a las organizaciones feministas que desde hace años vienen trabajando por la despenalización del aborto. Pese a encontrarse prohibido, miles de chilenas acuden a dicha práctica a través de distintas vías sorteando el peligro de morir o ir a la cárcel. Según el Ministerio de Salud, por ejemplo, durante el 2013 hubo más de 17 mil abortos registrados, mientras que el Ministerio Público arrojó más de 500 causas por el delito de aborto entre 2010 y 2012.

La Organización Mundial de la Salud, en tanto, ha calculado que cada año se producen 22 millones de abortos inseguros en mundo, con un 98% de ellos concretados en países en vías de desarrollo.

Sin embargo, la propuesta de Bachelet fue específica: el embarazo podrá interrumpirse sólo en las tres causales señaladas por el Ejecutivo.

Desde la Coordinadora de Feministas en Lucha, donde se albergan diversos colectivos feministas, han señalado que la propuesta es insuficiente, considerando que los estudios señalan que sólo el 3% de los abortos realizados atenderían a estas razones. Además, recalcó Melissa Sepúlveda, militante de La Alzada y ex presidenta de la FECh, "la posibilidad de decidir para las mujeres seguiría estando limitada por un factor socioeconómico, porque en Chile sí existen los abortos y quienes tienen recursos económicos pueden ir a una clínica privada o salir del país y realizarse un aborto perfectamente".

Con algo de tardanza, durante el 31 de enero de este año, el proyecto comprometido por Bachelet fue presentado al Parlamento. "Amamos la vida y nadie quisiera interrumpir, pero cuando está en riesgo la vida de la madre, o cuando la vida que se gesta es inviable o fruto de la violencia sexual (...) hay que tomar una decisión", sentenció la mandataria durante la actividad. Sin embargo, las organizaciones feministas recalcan que el gobierno no ha puesto urgencia en la discusión parlamentaria y el proyecto podría esperar largamente antes de ser debatido y promulgado.

"Indiferente de que el gobierno cumplió con lo que había dicho que era ingresar el proyecto de ley, el proyecto no tiene urgencia y eso nos parece muy delicado por no decir muy espantoso, porque resulta que sí es urgente que las mujeres tengan derecho a la salud y a la vida", recalcó Claudia Dides, directora ejecutiva de Miles Chile. A su juicio, el proyecto debería pasar a la sala de la Cámara de Diputados durante este año y el gobierno debe responsabilizarse en cumplir lo prometido. "Es bueno recordar que incluso en la última encuesta CEP, que viene de un centro de pensamiento de derecha o liberal, se establece que el 72% de la población está en acuerdo con las tres causales. La situación política que enfrenta el gobierno no da espacio para que no se pueda cumplir con lo que se promete".

Para Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, es muy relevante que un proyecto de esta índole esté siendo discutido hoy en el Parlamento, más aún considerando que "está puesto en la agenda política a raíz de las demandas de las mujeres y feministas y en respuesta a los reiterados reproches que organismos internacionales han generado al Estado de Chile por mantener una legislación totalmente punitiva respecto del aborto".

Los peros de la Corte Suprema 

Pese a sus diferencias políticas, el movimiento feminista en Chile coincide en que este es un tema de salud pública, más allá de la etiqueta de "agenda valórica" con la que los medios suelen referirse a su tratamiento. Por ello, refuerza Dides, es vital que la iniciativa contemple el riesgo de vida y salud de la mujer.

"Necesitamos acuñar el concepto de salud, proclamado por Organización Mundial de la Salud, que está en todas las legislaciones de América Latina que tienen despenalizado el aborto". Además, los colectivos insisten en que es necesario garantizar un proceso de acompañamiento antes, durante y después de concretado el procedimiento médico y que se rechace la idea de establecer un listado de enfermedades como requisito a la interrupción terapéutica del embarazo.

Una de las discusiones más tensas sobre el proyecto se centra en la idea de rescatar la importancia de la relación de confidencialidad entre los médicos y sus pacientes, descartando la denuncia como obligación primordial durante la atención de un posible caso de aborto. Sin embargo, la Corte Suprema expuso su visión al respecto, asegurando que "los deberes de confidencialidad postulados por el proyecto de ley en el Código Procesal Penal, podrían constituirse en un espacio de impunidad en desmedro de las víctimas de delitos sexuales menores de 18 años”.

A juicio de la abogada Camila Maturana, es lamentable que los medios de comunicación se hayan focalizado sólo en esta parte del pronunciamiento de la Corte Suprema, obviando otros aspectos sobre los cuales el poder judicial también opinó. Sin embargo, sobre las críticas en particular, expresó que "se equivoca en la interpretación que hace de que este proyecto busca la impunidad de los abusos sexuales. Este proyecto establece la confidencialidad como una obligación para los equipos médicos. Esto, para enfrentar una compleja situación donde muchas mujeres y niñas son delatadas en los establecimiento de salud, y los médicos dejan de cumplir sus obligaciones éticas y legales de guardar el secreto profesional".

Aunque el informe dado a conocer recientemente por la Corte Suprema no tiene carácter vinculante, la visión puede ser recogida por los sectores parlamentarios detractores de la iniciativa durante su próxima discusión en el Congreso Nacional.

Para Dides, es preocupante que la voz de la mujer siempre sea puesta en duda en Chile. "Esto lo he visto en distintas comisiones de salud, donde siempre ponen en duda la palabra de la mujer. Lo que este proyecto está haciendo es que no se ponga más en duda y se entienda que su voluntad está por sobre todo. Y que se tiene que hacer la denuncia pero eso va por otro lado, lo primero es acoger a la mujer, informarle y que ella decida qué hacer con un embarazo producto de una violación", señaló.

La moral cristiana: un obstáculo a sortear 

Desde diversos sectores, se ha enfatizado que son las mujeres pobres las más sujetas a lidiar con un aborto clandestino y el miedo a morir y ser encarceladas. Por ello, han señalado que es importante que el debate se plantee más allá de los credos y la fe particular de los miembros del gobierno y el Parlamento.

Sin embargo, las dudas crecen al observar la fuerza que ha tomado dentro del mismo Ejecutivo las posturas de la Democracia Cristiana, quienes se han opuesto a la causal de violación contemplada en el proyecto. 

"En términos generales, se han manifestado en contra de esa causal y podríamos estar ante el retroceso del proyecto o ante la posibilidad de que finalmente no se legisle", recalcó Melissa Sepúlveda, agregando que hay una evidente detención de la agenda legislativa ante la crisis política que enfrenta el gobierno, las instituciones y los partidos en general.

Maturana, abogada de Corporación Humanas, recordó que el debate parlamentario debe ser acotado en el tiempo, ya que la situación que enfrentan las mujeres que podrían acogerse a algunas de estas causales es delicada. "Es una situación de tortura que el Estado de Chile están imponiendo a las mujeres. Ya han transcurrido 25 años desde la penalización del aborto terapéutico. No debiéramos seguir esperando y el Parlamento debe acelerar los tiempos de discusión para que esta ley se materialice pronto", señaló.

Por ahora, la recién llegada ministra de Salud, Carmen Castillo, señaló que el proyecto es perfectible y que están dispuestos a mejorarlo, pero que no transarán la confidencialidad. Las mujeres y niñas, como en tantas otras ocasiones, no tienen más remedio que esperar.