Durante el 2013, la Dirección General de Aguas (DGA), el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), fiscalizaron a la empresa que realiza labores de explotación de carbón en Isla Riesco, encontrándose con diversas irregularidades en el sistema de decantación de aguas.

La situación ha generado contaminación directa hacia el estero “Chorrillo Invierno 2”, en donde se ha verificado la presencia de carbón y de otros metales pesados, debido a que la minera estaría enviando sin tratamiento las aguas provenientes del proceso productivo.

Ante la multa decretada por la SMA, el grupo ambientalista “Alerta Isla Riesco” se mantiene cautos, pues aunque ven como una buena señal la fiscalización su meta es mucho más ambiciosa y esperan detener la producción de la mina a tajo abierto.

“Creemos que esto sienta de todas maneras un precedente en relación a las infracciones medioambientales que ha tenido Minera Invierno, y con la nueva denuncia que hicimos, que no solo venía con material segmentable sino que venía con pedazos grandes de carbón que llegaron incluso al mar, contaminaron como dos kilómetros de costa y rompieron humedales. También vemos con preocupación que lamentablemente se demoraron dos años, después de nuestra primera denuncia, en resolver este caso, y no sabemos cuánto se van a demorar en resolver la nueva denuncia que hicimos”, aseguró Gregor Stipicic, coordinador regional del movimiento, a la radio de la Universidad de Chile.

Mina invierno es un proyecto conjunto de las empresas Copec y Ultramar, y es una explotación a rajo abierto de carbón bituminoso B, el que es sumamente contaminante y que su procesamiento y utilización significarán grandes emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

La organización que defiende el patrimonio natural de Isla Riesco está a la espera de una segunda denuncia que realizaron en octubre del año pasado, y que pretenden pueda encauzar un nuevo proceso sancionatorio.

Cabe señalar que miembros del grupo Alerta a Isla Riesco han actuado de verdaderos entes fiscalizadores, entregando evidencias fotográficas y documentadas ante la autoridad con el objetivo de frenar la explotación de la mina.

Sin embargo, Claudia Casiccia, seremi de Medio Ambiente de la Región de Magallanes, señaló que a pesar de estar conformes con el proceso recientemente resuelto, falta agilidad de parte de la institucionalidad pública para poder entregar una solución más rápida a las denuncias ciudadanas.

“Es evidente que los procesos deberían ser un poco más agiles y la Superintendencia del Medio Ambiente tengo entendido, que está trabajando para agilizar los procesos porque como está todo centralizado, entonces ellos reciben las denuncias de todo Chile, eso evidentemente hace que los procesos sean más lentos de lo que la ciudadanía espera”, sostuvo la autoridad.