Este lunes 8 de diciembre se cumplen cuatro años del incendio que terminó con la vida de 81 reclusos en la cárcel de San Miguel. Desde entonces, las familias de las víctimas han interpuesto 20 demandas de indemnización en contra de Gendarmería. Los familiares acusan a la institución por "falta de servicio" y pretenden obtener indemnizaciones por el daño moral causado por la muerte de sus seres queridos. En total, solicitan la suma de 44 mil 450 millones de pesos, cerca de 72 millones de dólares, informa "El Mercurio".

En las demandas, se reclama la responsabilidad de Gendarmería en la muerte de los reos, ya que los funcionarios estaban a cargo de su custodia y no "intervinieron para sofocar una riña que dio origen al incendio" y "no propiciaron las actuaciones debidas para evitar la tragedia".

En todas las presentaciones se cuestiona que la alarma del incendio "no fue dada a Bomberos por el propio personal a cargo de la custodia, sino que por un recluso a través de un teléfono celular", y que se perdieron minutos importantes revisando a los voluntarios que concurrieron a sofocar el fuego.

También se culpa al Estado de tener "en malas condiciones" las redes internas, sin que hubiese el agua necesaria para sofocar las llamas, la falta de extintores y no contar con vías de evacuación. A eso se suma el hacinamiento de 300% que afectaba al penal.

A juicio de los demandantes, se debe responder al "dolor profundo, angustia, e impotencia" de las familias.

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, CDE, que representa a Gendarmería en estos litigios, afirma que no hay responsabilidad del fisco, pues el siniestro se debió a la acción de los reclusos.

El CDE sostiene que la muerte de los reos "no fue causada por la negligencia de los agentes públicos, sino del riesgo directo que asumieron quienes provocaron el incendio".

Y agrega que los gendarmes auxiliaron a las víctimas con la ayuda de los bomberos, quienes intentaron extinguir el fuego.

La ofensiva del Gobierno

La fecha coincide con una ofensiva del Gobierno en materias de seguridad, la cual forma parte del giro hacia la "agenda de temas ciudadanos" que se decidió luego de las dificultades para empujar las reformas estructurales y de la baja en las encuestas. El subsecretario para la Prevención del Delito, Antonio Frey, deploró el indulto decretado por el presidente Piñera en 2012 y afirmó que el mandatario "En vez de haber trancado la puerta giratoria, le puso un motor". Afirmó, además, que "este gobierno no propiciará ninguna iniciativa de indulto general y restringirá al máximo el otorgamiento de beneficios mientras no esté en funcionamiento el Servicio Nacional de Reinserción Social, el que contará con un estricto control de los condenados".

Sin embargo, en una carta al director publicada este lunes por La Tercera,  Cristóbal Ruiz-Tagle y Luis Robert, de Idea País, recuerdan que "si bien durante los últimos años se han propuesto alternativas para avanzar hacia un sistema carcelario adecuado a los estándares internacionales -sobre todo en materia de derechos humanos- las cárceles nacionales siguen incumpliendo las condiciones básicas de tratamiento dispuestas por las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento, que desde 1955 son el punto de referencia para el trato humano y básico hacia las personas privadas de libertad.