El informe expresa que, de los 65 países que rinden las evaluaciones PISA, Chile tiene el menor grado (menos del 50% ) de integración socioeconómica, mientras que el promedio para los países miembro de la OCDE es 74% y las cifras llegan a más del 89% en el caso de Finlandia y Noruega. Además posee el gasto privado más alto con un 40% en promedio, cifra que a nivel de educación superior supera el 76%.

Vicente Valle, secretario de comunicaciones de la Fech, explica que los ideólogos del modelo educacional destacan el alto nivel de acceso educacional que existe en educación superior, sin embargo, éste tiene un costo muy alto. “Las movilizaciones estudiantiles pusieron en evidencia el endeudamiento extremo al que nos arroja este modelo, además la educación desde la perspectiva del mercado es absolutamente desregulada. Ha permitido que sectores populares accedan pero se los segrega inmediatamente”, indicó.

Dentro de las consecuencias de este modelo, que se ha implementado por más de 30 años, se encuentra el debilitamiento de la educación pública, ya que “el 60% de la escuelas en Chile son gestionadas por privados” indica el informe. René Varas, secretario ejecutivo del Foro Chileno por el Derecho a la Educación, agrega que, “estos indicadores ponen en evidencia la crisis de la educación pública y el Estado debe responder si tiene la voluntad política para cambiar esta situación”.

Chile es un caso paradigmático a nivel mundial, “va en contra de los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades que se encuentran ampliamente protegidos por pactos internacionales” sentencia el documento.

El Relator Especial sobre el derecho a la educación, Kishore Singh, indica en su reciente informe sobre privatización y derecho a la educación que, “los gobiernos deben hacer todo lo posible para fortalecer sus sistemas de educación pública, en lugar de permitir o apoyar a los proveedores privados; la educación con fines lucrativos no se debería permitir, a fin de salvaguardar la causa noble de la educación”, explica Singh.

El informe presentado por el Foro Chileno junto con la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), la Clínica de Derecho de la Sciences Po y la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización en la Educación (PERI) está siendo revisado en paralelo por el Comité de Derecho Económicos Sociales y Culturales en Ginebra, Suiza. A partir de la evidencia expuesta en el documento, Naciones Unidas formulará cuestionamientos al proceso de privatización en junio del próximo año a nuestro país.