El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, por medio de un informe entregado esta semana al Estado mexicano, señaló que "le preocupa que buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad del Estado Parte sean objeto de administración en un ente privado como Teletón". El informe criticó también el uso de estereotipos de las personas con discapacidad "como sujetos de caridad".

La reconocida actividad de recaudación de fondos creada por Mario Kreutzberger se realiza también en el país azteca. En su recomendación la ONU invita al gobierno de Enrique Peña Nieto no entregar a una organización de carácter privado como Teletón los escasos recursos financieros que el Estado dedica a la rehabilitación de personas con discapacidad. 

En una columna escrita por Alejandro Hernández, presidente de la Fundación Nacional de Discapacitados para el medio El Observatodo , aseguró que "lo necesario y urgente es que el mismo comité de la ONU sugiera al gobierno chileno de Michelle Bachelet no seguir aplaudiendo la campaña que se realiza también en Chile desde 1978, herencia de un gobierno dictatorial  y destructor de los Derechos Humanos. Aplaudir la Teletón es celebrar la discriminación y segregación en que viven las personas con discapacidad en nuestro país", agregó.

El informe también llamó a "establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad. Asimismo, le recomienda desarrollar programas de toma de conciencia sobre las personas con discapacidad como titulares de derechos."

En Chile, la campaña anual de Teletón, además de recolectar donaciones de las familias, crea alianzas con empresas donde parte de sus ganancias por concepto de compras Teletón son adscritas a la Ley de Donaciones, por tanto se eximen de impuestos. Hernández calificó esta campaña como “el Negocio de El Siglo para algunos y al mismo tiempo el mayor atropello de los derechos humanos de varios millones de ciudadanos chilenos".