Previo a su triunfo en las elecciones presidenciales de 2014, la presidenta Michelle Bachelet se comprometió a no aplicar la Ley Antiterrorista a miembros de pueblos indígenas. Además, aseguró que “la Ley Antiterrorista será modificada para adecuarla a los estándares internacionales, tal como le han recomendado al Estado de Chile los órganos internacionales de protección de derechos humanos”.

Sin embargo, en los seis meses de gobierno de la Nueva Mayoría, la cuestionada legislación ha sido invocada en tres ocasiones. La última vez fue hace pocos días, luego de que un artefacto explosivo explotara en el Metro de Santiago. Al respecto, el titular del Interior, la propia presidenta y otros ministros de La Moneda defendieron la medida asegurando que en este delito se puso en claro peligro la seguridad de pasajeros y trabajadores.

La Ley Antiterrorista, no obstante, sigue en tela de juicio. Durante años, abogados, acusados, académicos y especialistas han criticado su aplicación en Chile debido a las falencias de la legislación construida bajo la administración militar.

La normativa fue creada en 1984, cuando el régimen de Augusto Pinochet se enfrentaba a la ola de protestas que surgían en el país y un sector de la izquierda comenzaba a validar la vía armada insurreccional. Con la llegada de la democracia, durante el gobierno de Patricio Aylwin, ésta fue modificada para eliminar los rasgos más ideológicos de la ley. Sin embargo, esto no solucionó todos sus problemas.

 

Organismos internacionales rechazan su aplicación

Una serie de organismos internacionales han criticado, en diversas instancias, la aplicación de la Ley Antiterrorista por parte del Estado chileno. Básicamente, se ha señalado que dicha legislación vulnera el debido proceso, posee una definición muy vaga del delito de terrorismo y pone en peligro la integridad física de los imputados.

“El Estado debe reformar la Ley Antiterrorista y adoptar una definición clara y precisa de los delitos de terrorismo...”, expuso el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) en el sexto informe periódico que envió a Chile. El organismo está encargado de supervisar la implementación de un tratado sobre derechos humanos adherido por el Estado.

En específico, en uno de sus puntos más llamativos, el documento invitó a las autoridades a asegurarse de que su lucha contra el terrorismo “no esté dirigida a determinadas personas por su origen étnico o cualquier motivo social o cultural”. Además, instó al Ejecutivo a asegurar que las garantías procesales sean respetadas.

En tanto, la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fríes, señaló que, más allá de discutir sobre los casos que requieren su aplicación, “el problema es que la ley en sí misma es mala, ya que vulnera los derechos y garantías procesales de los implicados. Es muy vaga. Concordamos plenamente con lo manifestado por la comisión de la ONU”.

La Ley Antiterrorista permite la utilización de testigos “sin rostro”, la extensión de los períodos de prisión preventiva y obstaculiza el acceso a medidas cautelares. Por ello, aseguran juristas como Jorge Contesse y Rodrigo Román, puede afectar directamente los derechos civiles de los individuos.

Por otra parte, el senador PPD Felipe Harboe también ha manifestado sus críticas hacia la normativa, asegurando que “el actual cuerpo fue dictado en un contexto histórico completamente distinto y no pasa los estándares modernos de respeto a los derechos fundamentales”.

Unicef manifestó sus críticas a la aplicación del cuerpo legal a niños y, recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó revocar ocho condenas resueltas en 2003 contra siete mapuches y la activista Patricia Troncoso, amparadas en la ley.

Su uso en causas judiciales vinculadas a mapuche, e incluso su aplicación ante detonación de bombas ha sido objeto de cuestionamientos. En el mediático Caso Bombas, de hecho, se acusó a 14 personas y se mantuvo una extensa investigación donde todos fueron absueltos y El Estado, condenado a cancelar las costas del juicio.

 

Investigaciones a la espera de un cambio

Las deficiencias técnicas y jurídicas de la Ley Antiterrrorista son un obstáculo para el Estado a la hora de guiar sus investigaciones. Esto se debe, fundamentalmente a su escasa efectividad como instrumento legal. De hecho, el mismo secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, reconoció que “de los 111 casos en los que se aplicó la ley antiterrorista, solo se obtuvo una condena en diez”.

A raíz de los cuestionamientos internacionales y la nula eficiencia de la ley, la presidenta Bachelet formó una comisión de ocho abogados para que trabajar en las propuestas de una nueva legislación. En las revisiones, además, se ha incluido la perspectivas de organizaciones de Derechos Humanos, Carabineros, fiscales, agrupaciones mapuche y miembros de la ANI. Todos han apoyado su cambio o derogación.

“Como gobierno, tenemos una comisión de expertos que va a modificar la ley porque lo que se busca es que las personas sean sancionadas y condenadas, y no que se abuse de un instrumento jurídico. ¿Cuántas condenas hay entre los formalizados por la Ley Antiterrorista? Sólo el 10%. Debemos mejorarla, con una mirada de fondo y moderna”, ha declarado el ministro Rodrigo Peñailillo.

Hasta ahora, los compromisos del gobierno de no invocar la Ley Antiterrorista –su uso ha sido solicitado en tres casos, incluyendo a un activista mapuche- no pueden ser excusados eternamente ante las promesas de cambio. Lo ocurrido tras el llamado “bombazo” en Escuela Militar, que terminó con 8 lesionados, apura las resoluciones respecto a una normativa que carece de condiciones y la legitimidad necesaria para encontrar a los culpables.