Después de seis años de tramitación ambiental y una serie de recursos judiciales de por medio, HidroAysén llega a su fin. El Comité de Ministros decidió esta mañana rechazar de manera unánime el proyecto hidroeléctrico más polémico de los últimos años. "Las materias que se han abordado y que son parte fundamental en el pronunciamiento del Comité de Ministros tiene que ver básicamente con la inexistencia de un plan de relocalización como medida de compensación para un impacto significativo declarado por el propio titular, HidroAysén", dijo el ministro del Medio Ambiente y vocero del Comité de Ministros, Pablo Badenier.

La resolución que dejó sin efecto la RCA obtenida en 2011 por HidroAysén, fue anunciada por el titular de Medio Ambiente, y aprovechó de criticar la decisión adoptada por el anterior Comité de Ministros, señalando que "le hicieron daño a la institucionalidad ambiental", agregando que "no es conveniente que recursos hayan estado pendiente por dos años”.

A la salida del ministerio, miembros del movimiento Patagonia Sin Represas festejaron la decisión. Juan Pablo Orrego, encargado internacional de la campaña, indicó emocionado que "quiero decir gracias Chile porque ésta es una causa que la ha llevado todo el país desde Arica a Punta Arenas. También hay que darle las gracias a muchos países, desde vecinos hasta en Eurupa, donde recuerden está Enel, empresa italiana que tiene un actuar muy destructivo".

Orrego apuntó a que las empresas dueñas del proyecto aún son dueños de los permisos de aguas , e indicó que "mientras estén en manos de estas empresas, va a estar siempre el peligro latente de que suceda algo. Así que vamos a leer con calma la resolución", y agregó que “vamos a ver cuál será la reacción de la empresa. Ellos han dicho que van a apelar y nosotros estamos preparando acciones legales en todos los escenarios”.

Para el también presidente de Ecosistemas, "hay un precedente respecto del destino de otros megaproyectos hidroeléctricos. Pensamos que ya con lo que sucedió en Ralco y con lo que acaba de pasar con HidroAysén, ojalá sea el fin de la era de los megaproyectos hidroeléctricos y termoeléctricos, el fin de los proyectos destructivos".

"En este momento celebramos el rechazo. Es una invalidación de la RCA de este proyecto que en este momento vuelve a fojas cero, y realmente hay que celebrar que este comité de ministros y ésta administración haya hecho lo correcto, porque este proyecto venía con pecado de origen del gobierno anterior de Bachelet, hay que decirlo”, señaló Orrego.

El rechazo que repletó las calles

20 de mayo del 2011. La capital, Santiago, a más de 2.400 kilómetros de Chile Chico, Aysén y el Río Baker, es epicentro de una multitudinaria manifestación. Más de 70 mil personas se reunieron para marchar por la Alameda hacia la Moneda en lo que fue la segunda de las marchas convocadas en contra de la mega central HidroAysén. El movimiento, que pretendía detener un desastre ambiental de proporciones en la Patagonia chilena, fue calificado como “histórico” por diversos medios y expertos. La razón no sólo se debe a la enorme masa de gente que desbordó por casi dos horas la principal arteria capitalina, sino a que por primera vez una convocatoria tan masiva tuvo un móvil medioambiental.

La jornada de manifestaciones generó protestas en las principales ciudades del país, como Concepción, Valparaíso, Temuco, Iquique y Coyhaique. Esta “desinhibición” ciudadana histórica captó la atención de todos los medios de prensa, especialmente por la gran distancia física y social que separa al proyecto con la realidad santiaguina. Esto, reflejado en el lenguaje utilizado por la economía ambiental, significa que la población de la capital, así como de otras partes del país, manifestó una elevada “valoración”, o alta “disponibilidad a pagar”, en la protección de un sitio del cual se sentían parte. Es decir, si bien muchos de los manifestantes no conocían las exuberantes bellezas de los ríos Pascua y Baker, visualizaron como trascendental asegurar su protección ambiental.

Esta gran empatía territorial encauzó una serie de repercusiones sociales, llegando a instalar la oposición al proyecto en la agenda política nacional. La manifestación del 20 de mayo del 2011 fue, además, la primera de aquellas que hicieron que el 2011 se convirtiera en el 2011. Las marchas lograron congregar a más de 120.000 manifestantes en su conjunto que estrenaron un movimiento social que gritó “basta”. Una verdadera antesala de un ciclo de movilizaciones que puso el tema medioambiental y particularmente el tema educativo en el centro del debate político.

Uno de los organizadores de las manifestaciones de mayo del 2011 fue Luis Mariano Rendón, abogado y coordinador del Movimiento Acción Ecológica, quien tras la confirmación de que el proyecto no va, por fin puede sentirse satisfecho. “Esperamos que esta sea una señal suficientemente clara  Colbún  y Endesa, las dos empresas socias de HidroAysén, porque el rechazo del país era muy grande y no tiene sentido que vuelvan a insistir en esto, considerando además los costos que puede significar para ellos”, señaló el activista.

Rendón valoró la resolución del Comité de Ministros. "La presidenta ha honrado la palabra que empeñó durante la campaña, eso es tremendamente valorable. (...) Hoy se corrigen los errores del primer gobierno de Bachelet y eso lo valoramos", indicó.

¿De quién es la victoria?

Las movilizaciones en contra de Hidroaysén han dejado un sabor triunfalista a los principales movimientos ecologistas del país. Y es que el golpe asestado es mayor. Se logró torcer la mano de dos importantes grupos empresariales, entre ellos el Grupo Matte.

En ello influyó directamente la presión de las movilizaciones y una acertada campaña que incluso a nivel internacional logró posicionar un rechazo transversal al proyecto. Esto coincidió con un momento en que a la acción de las organizaciones medioambientales históricas se unieron miles de personas en las calles. Por ello, la fuerza social alcanzada en la campaña opositora rompió con un esquema muy de la transición, donde las ONG del área eran las protagonistas, y fueron las comunidades y la ciudadanía en general las que pasaron a la primera línea.

Para Giorgio Boccardo, sociólogo de la Fundación Nodo XXI, el fenómeno social que representó la oposición a HidroAysén, tuvo una composición mayoritariamente encabezada por jóvenes profesionales y estudiantiles, “que están vinculados a estas problemáticas pero que no necesariamente son directamente afectados por el proyecto, y es un interés que va más allá de lo cortoplacista  o inmediato”, y donde la sensación mayoritaria era que “grupos empresariales muy concentrados le imponen a la ciudadanía, al Estado e incluso a otros empresarios, condiciones que poco tienen que ver con la libre competencia y el mercado, que se supone que es lo que estos grupos defienden”.

Boccardo asegura que en este proceso, las ONG que antes lideraron el mundo medioambiental, hoy cumplieron con el rol de haber posicionado el tema, “pero me da la impresión que hay una pérdida de representatividad de estos grupos, tal como de los partidos políticos, y en la medida que el sistema institucional pierde legitimidad por distintos factores más allá del medioambiental, decantan en que se dialoga directamente con el Gobierno, tanto por el lado de las empresas como de la ciudadanía, y ahí lo que ambos se saltan es al sistema político”, analiza el sociólogo.

“Hoy la institucionalidad política formal no es capaz de procesar estos conflictos. Esta situación que no exclusiva del tema medioambiental termina por ser muy explicativa, porque aunque estos temas son de hace 20 o 30 años, ahora son disputados por movimientos regionales, donde el sistema tradicional de partidos tiene muy poco capacidad para representar estos intereses”, explica Boccardo.

La sospechosa calma de los Matte

Uno de los hechos que han marcado la discusión política de Hidroaysén está dado por el silencioso paso  del grupo Matte, uno de los accionistas del proyecto y uno de los grupos económicos más poderosos en nuestro país. La empresa en el último tiempo, ante la discusión del proyecto, sólo se ha limitado a emitir comunicados de prensa, lo que constituye una mesura poco vista en los grandes grupos de poder y en el empresariado. Si bien los Matte, dueños también del Centro de Estudios Públicos (CEP), se han categorizado por constituir un grupo empresarial de influencia decisiva en las decisiones del país, su presunto silencio puede dar luces de una nueva estrategia para acaparar el mercado eléctrico.

Ante ello, Giorgio Boccardo aseguró que “tengo la impresión que el Grupo Matte hace tiempo dio por perdido el proyecto de HidroAysén”, pero agregó que estarían enfocando sus esfuerzos en la Agenda Energética que está impulsando actualmente el Gobierno, donde se ha señalado que la regulación del mercado y la introducción de la competencia marcarían una nueva fase en el sector. “Ésta es una reforma que se proyecta más en el largo plazo y es más central en estos grupos que el propio proyecto de HidroAysén, con todos los recursos que están involucrados en el proyecto”, enfatiza Boccardo.

Ante una línea pro empresarial en la Agenda Energética, “incluso un grupo como el Matte puede estar dispuesto a pensar en perder HidroAysén a condición de asegurar una regla de matriz energética sustentable en el largo plazo, que sea invariable y le dé certeza económica, y ser por lo tanto más importante y productiva”, señala Boccardo y agrega que incluso esta reforma concita más interés en el empresariado que la Reforma Educacional o Tributaria, “porque la principal válvula de ajuste se va a jugar en esta reforma, y mi impresión es que ellos esperan que se resuelva un elemento central hoy en día para el patrón de acumulación que es el costo energético en la producción. Si eso se resuelve, los Matte y Angellini están dispuestos a tranzar este tipo de cuestiones porque en el largo plazo tienden a ser menores”.

Por ello, para el sociólogo de la Fundación Nodo XXI, “si bien se puede considerar un triunfo el rechazo a HidroAysén, quedarse solamente ahí como punto de llegada del movimiento medioambiental puede ser contraproducente”, finaliza Boccardo.

De lo técnico a lo práctico

En cuanto a las cifras técnicas, Hidroaysén pretendía generar 2.750 Megawatt (MW) a través de la construcción de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el Río Baker y tres en el Río Pascua, con una superficie total de los embalses de 5.910 hectáreas. Las centrales, pretendían abarcar al año 2025 el 20% de la demanda del Sistema Interconectado Central (SIC), debido a que el período de construcción estaba fijado en aproximadamente 12 años.

“Era natural que se rechace el proyecto porque tenía montones de problemas, y realmente no genera ningún problema ni en el corto o mediano plazo sobre el abastecimiento eléctrico del SIC, porque era tremendamente lento de implementar”, asegura Roberto Román, ingeniero experto en Energías Renovables y académico de la Universidad de Chile.

Román asegura que el proyecto podía estar recién completado en 2030, “y es obvio que en ese periodo de tiempo hay muchas otras opciones que se pueden desarrollar y que incluso son más económicas que HidroAysén. No era ninguna solución a nada porque estaba demasiado lejos, y tenía muchos problemas con la línea de transmisión”, señaló.

La tramitación del proyecto estuvo marcada por la polémica, especialmente en el ámbito energético, ya que se revelaron diversas cifras, considerando la demanda actual y proyectada del SIC, que aseguraban que el país necesitaría de esa energía para poder crecer.

Sin embargo, el contexto nacional sufrió un gran cambio, la llamada Ley 20/25. La Ley N° 20.257, también llamada 20/25 impone un sistema de multas que obliga a las empresas eléctricas a generar, para el año 2025, el 20% de su energía a través de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Es decir, para el mismo plazo, suplirían el vacío energético que dejaría Hidroaysén.

Actualmente, según el reporte de mayo del presente año elaborado por el Centro de Energías Renovables (CER) del Ministerio de Energía, el país posee 1.589 MW de ERNC en operación. Según la misma fuente, los proyectos en construcción, los aprobados ambientalmente y los que se encuentran en evaluación sumados, generarían 17.498 MW adicionales. Es decir, la matriz energética se conformaría en el futuro por un total de 19.087 MW de ERNC, lo que no quita que durante los próximos meses y años se puedan sumar más iniciativas a la cartera de proyectos.

En este sentido cabe señalar el bajo aporte proyectado que tienen la energía geotérmica al sistema, que según el reporte del CEP alcanzaría los 120 MW en proyectos aprobados ambientalmente. Sin embargo, el potencial de nuestro país es notablemente superior, por lo que ya existen empresas extranjeras que están estudiando la posibilidad de explotar esta energía en el futuro próximo. A esto, se le suman el desarrollo de la energía mareomotriz y undimotriz que se está llevando a cabo en Chile.

Esto lo recalcó Román, y aseguró que en el corto plazo esto “puede abordarse con la propuesta que hizo el gobierno de la Presidente Bachelet con el uso del Gas Natural”, y agregó que además está proyectada “la incorporación masiva de proyectos fotovoltáicos, como a las afueras de Santiago donde hay un proyecto de 210 MW. Si uno ve el SIC, está clara la posibilidad de incorporar entre mil y 1.500 MW sólo con paneles fotovoltáicos en no más de 7 años”, aseguró el académico.

Otra reforma que podría destrabar las ERNC a nivel local es la ley que “Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales”. La ley N° 20.571, propuesta por el Senador Antonio Horvath (Independiente) en el 2008 y promulgada a principios del 2012, pretende generar un avance en la independencia energética de los usuarios, promoviendo la autogeneración eléctrica y posicionando a Chile a la altura de países desarrollados. Esta normativa genera una tarificación de la energía generada por usuarios, de manera que puedan auto proveerse de energía e inyectar al sistema sus excedentes. De este modo, las empresas generadoras, previo contrato entre las partes, descontarán el valor final en la facturación del medidor al mismo valor que los usuarios regulados pagan por esa energía.

En términos simples, la normativa contempla que todos los usuarios que posean una generación hasta 100 Kilowatt (KW) podrán “hacer girar el medidor en sentido inverso”, lo que podría significar generar un excedente que puede ser inyecto al sistema. Es decir, si durante un mes la autogeneración alcanza a suplir nuestra demanda, toda la energía restante se acumula en las boletas siguientes, y si al término del contrato con la empresa generadora esta excedente no ha sido devuelto en energía, será pagado al usuario/generador. Si bien la ley N° 20.571 ya se encuentra aprobada y promulgada, aún está en discusión el reglamento, que regulará los parámetros técnicos sobre los cuales la energía pueda ser inyectada al sistema, así como condiciones de seguridad, acreditaciones y otros parámetros.

Una vez que se logre aprobar el reglamento de la ley, muchos usuarios podrán transformarse en generadores, tal como ocurre en Alemania, Italia o Dinamarca, de modo que se le quitará presión a la porción del sistema eléctrico que abastece la demanda residencial, la que representa cerca del 16% según cifras del INE para el 2011.