La decisión la adoptó la ministra de salud, Helia Molina, el jueves pasado, tras una reunión con senadores de la Comisión de Salud, en conjunto con equipos jurídicos, especialistas y académicos. En la ocasión, la secretaria de estado tildó de “debilucha” la ley, y señaló que esto era gracias a la fuerte presión ejercida por las empresas privadas durante su tramitación en el gobierno pasado.

En la oportunidad, la directora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Magdalena Araya, perteneciente a la Universidad de Chile, concordó en la necesidad de dictar un reglamento completamente nuevo, pues “este instrumento no respetaba el espíritu de la ley y entraba en contradicción con el mismo Reglamento Sanitario de Alimentos que existe en el país hace varios años”.

ElDesconcierto.cl conversó con el Juan Luis Castro, diputado miembro de la Comisión de Salud, para evaluar la pertinencia de la medida, que ya generó preocupación en el sector industrial ante la modificación de la norma que debió haber entrado en vigencia para junio de este año.

¿Está de acuerdo con derogar esta norma que estaba  a punto de entrar en vigencia?

Estoy de acuerdo porque era una mala normativa, que era muy complaciente y dejaba muchos vacíos respecto de lo que la misma ley ordenaba. Era poco claro con el consumidor, poco fiscalizadora para el vendedor, y por lo tanto se perdía el espíritu de la ley en cuanto a advertirle al usuario las cantidades de grasas, de azúcar y sal que tienen los alimentos. En aras de eso, es preferible que se rehaga el reglamento, que se haga de buena forma y que en el fondo se compatibilice con la ley, se haga pronto por supuesto, pero es mejor enmendar el error a tiempo antes que ya estuviese promulgado y vigente, que era el peligro que teníamos.

Para algunos llamó la atención que ni siquiera entrara en vigencia esta normativa ¿No se evaluó quizás darle un cierto tiempo de rodaje para ver en la marcha cómo funciona o qué había que mejorar? Porque después de todo, dictar esta nueva norma tomará más tiempo.

Sí, pero es preferible tener una buena norma, que se demore un mes más, a tener una mala normativa que después no hay cómo sacar. Esto ha ocurrido muchas veces, así que yo doy fe de lo que ha hecho la Ministra de Salud, y que así como en otras materias también ha tenido que tomar decisiones, como en el caso de la Ley de Isapres, que también se ha retirado, y se hará una nueva, como corresponda, porque aquí se trata de hacer las cosas de buena forma, y no apurado porque hay que implementar cosas malas que venían de antes, y que no tiene ningún sentido hacerlas porque ya estaban en el escritorio. Así es que en eso, al menos yo no me pierdo. Es preferible hacer bien las cosas, y que queden para siempre, a que salga un mal reglamento y después estamos todos llorando.

Uno de los aspectos que se señaló como determinantes, durante la tramitación de la ley, fue la fuerte presión que ejerció la empresa privada mediante el lobby, ¿cómo se sortea eso para esta nueva etapa en la que se dictará una nueva norma?

Lo que pasa es que, independientemente del lobby que algunos quieran hacer o no, simplemente la  ley ya está aprobada. Este no es un proyecto de ley que esté discutiéndose. Como ya está aprobada, los pilares fundamentales ya están hechos, y lo que corresponde es que ahora la autoridad vea cómo este reglamento aterriza la ley, que eso es lo más importante, el cómo se implementa y hace efectivo en el día a día. Y creo que eso está muy lejos de que alguien quiera influir en cualquier sentido para lograr nuevamente tener un cierto grado de favoritismo por ciertos sectores que se verían mejorados o perjudicados según esta regla. Creo que eso ya está lejano, sobre todo con estas nuevas autoridades.