El 26 de diciembre de 2013 la Seremi de Salud de la Región de O´Higgins autorizo a la división El Teniente de Codelco Rancagua trasladar y depositar en el sector poniente de Santiago, 50.000 toneladas de tierra contaminada con arsénico y otros elementos tóxicos altamente nocivos para la salud y el medio ambiente.

Los desechos tóxicos provenientes del cierre de la Mina Cerro El Minero de Codelco tendrán como destino las instalaciones de la empresa Hidronor de Santiago, ubicada en la comuna de Pudahuel. El traslado y manejo de las 50.000 toneladas de arsénico supone un alto riesgo para la población ubicada en los sectores colindantes como El Noviciado, Lomas de lo Aguirre, Aguas Claras, Ciudad de Los Valles y los habitantes de avenida San Pablo. Sectores que además ya presentan concentraciones de elementos químicos por sobre la norma en los cauces de sus esteros, poniendo en riesgo la agricultura desarrollada en a través de la cuenca del Río Maipo.

Un aspecto relevante es la entrega del transporte de los desechos contaminados con arsénico a las empresas Sociedad de Transportes Rabalme Ltda y Empresa de Transportes Vergara TRANSVER Ltda, cuyas autorizaciones fueron emitidas por las Seremis de Salud del Bío Bío y Rancagua respectivamente, quienes debido a de la férrea oposición de diversas organizaciones sociales y parlamentarios lograron que los residuos con arsénico de Codelco El Teniente NO sean depositados en sus respectivas regiones. Es decir, ambas autorizaciones fueron emitidas por las Seremis de Salud de otras regiones, y no por la Seremi de Salud de Santiago.

Pese a la magnitud de los riesgos asociados al traslado y depósito de 50.000 toneladas de tierra contaminada con arsénico, la Municipalidad de Pudahuel no realizó ninguna observación al “Informe Técnico de la Corema RM" respecto del estudio de Impacto Ambiental (EIA) del “Centro de Recuperación, Valorización y Neutralización de Productos Industriales, Hidronor Chile S.A.” efectuado para la planta Hidronor de Santiago, y tampoco ha informado, hasta el momento, a las comunidades y habitantes potencialmente afectados, lo que ha generado la molestia de estos, así como también el silencio guardado por los parlamentarios y consejeros regionales quienes no se han pronunciado públicamente respecto al tema.