Finalmente fueron revisadas las 35 reclamaciones interpuestas al megaproyecto hidroeléctrico encabezado por Colbún y Endesa, las que contenían cerca de mil objeciones presentadas por las mismas empresas operadoras y además por personas naturales y jurídicas frente a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) entregada en 2011.

La reunión comenzó de manera sorpresiva a las 8:30 de hoy, luego de la dilatada polémica que había suscitado la nula respuesta del órgano, que tenía un plazo legal de 60 días corridos una vez entregada la RCA para pronunciarse. La molestia más clara vino desde la Cámara de Diputados que solicitó a Contraloría pronunciarse sobre la inactividad de la instancia. El diputado radical Andrés Robles envió en abril de 2013 un oficio, patrocinado por la mesa de la Cámara, pidiendo al ente fiscalizador pronunciarse sobre el eventual “incumplimiento legal” ante la ausencia de convocatoria de la instancia.

La cita estuvo presidida por la ministra del Medioambiente, María Ignacia Benítez, e integrada por los titulares de Energía, Minería, Salud, Economía y Agricultura.

Al concluir la reunión, Benítez aseguró que fueron resueltas la totalidad de las reclamaciones, y “sólo quedan dos estudios que han sido solicitados por el Comité de Ministros”, indicó la ministra.

Por su parte, el ministro de Energía Jorge Bunster, explicó los objetivos de ambos estudios solicitados por la instancia ministerial. "Lo que buscan estos estudios es despejar temas: concretamente con el vaciamiento del Lago Cachet, que ocurre dos o tres veces al año, que supone modificaciones importantes en los caudales. Se quiere entender si esas modificaciones con un embalse afectan o no las áreas inundadas.  En segundo lugar, el manejo que tiene la central de las aguas del Río Baker aguas abajo, que suponen variaciones importantes en el caudal. Son dos temas sensibles", consigna Radio Cooperativa.

Con lo dispuesto por el comité, se proyecta que la realización de los proyectos solicitado demore entre 8 meses y un año, por lo que la decisión final sobre el futuro del polémico proyecto recaerá en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

 

Opositores confiados en que el proyecto está caído

Para el coordinador de Campañas de Greenpeace Chile, Samuel Leiva, la decisión del Comité de Ministros “básicamente se funda en una necesidad política de decir que el Consejo de Ministros hizo la pega al final del día y que Contraloría no les cayó encima por los dos años y seis meses de no haber evaluado justamente las reclamaciones”, señaló el representante de Greenpeace.

Para Leiva, la exigencia de los estudios esconde el trasfondo político de no querer aprobar un proyecto resistido por la ciudadanía. “Esos estudios, que ya habían sido solicitados hace dos años por las organizaciones ambientales, finalmente hacen eco y le pasan el proyecto de HidroAysén -que a todas luces está muerto- a alguien más para que tenga que enterrarlo o revivirlo. Básicamente son problemas políticos”, apuntó.

Samuel Leiva fustigó la poca claridad con la que la ministra María Ignacia Benítez se refirió al futuro del proyecto, que señaló que la empresa puede comenzar la construcción de las 5 represas que contempla el proyecto dado que ya cuenta con su RCA aprobada. “En vez de clarificar la realidad del proyecto, terminan dando señales difusas, entregando certezas a medias, y que son más argumentos políticos que técnico-legales para poder darle un futuro a HidroAysén”, comentó Leiva.

“El Comité de ministros actúa presionado por una necesidad política de poder traspasar un proyecto tremendamente impopular, judicializado y abandonado por los proponentes, a un gobierno que ha manifestado su rechazo al mismo proyecto, lo que lo pone en una encrucijada política. (…)Este proyecto está atrapado en un juego político sobre quién se hace cargo del muerto”, sentenció Leiva.

Por su parte, el vocero de Patagonia Sin Represas, Patricio Rodrigo, compartió el análisis sobre el trasfondo político que subyace a la decisión del Comité de Ministros. “Esta es una forma que tiene el gobierno de Piñera, y especialmente él, de sacarse el pillo de ser él el que apruebe un proyecto que no tiene ninguna posibilidad de llevarse adelante. Ha sido toda un brutal pérdida de tiempo y de cientos de profesionales e instituciones que se la han llevado revisando el proyecto que no es viable y está lleno de insuficiencias. Se lo está endosando al próximo gobierno con la claridad además de que la presidenta Bachelet dijo que no contará con su apoyo”, sostuvo Rodrigo.

El representante del movimiento que se opone al megaproyecto recordó que la presidenta electa suscribió un compromiso ante los principales opositares, entre ellos el senador Antonio Horvath, y el ex candidato presidencial Alfredo Sfeir, quienes finalmente entregaron su apoyo a Michelle Bachelet.

Sobre los estudios solicitados por el Comité, Rodrigo indicó las observaciones que habían realizado formaban parte de esta inquietud que deberán abordar las pesquisas, y las calificó de “insubsanables”.