En el más completo silencio, el pasado 16 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Nº20 que establece la norma primaria de material particulado respirable PM10. Este remplaza el texto de 1998 (modificado el 2001), el cual establecía el cumplimiento de una norma diaria de contaminantes permitidos, cuyo nivel máximo es de 150 µg/m3N (microgramos por metro cubico normal); y una norma anual que limitaba la concentración de contaminación a 50µg/m3N.

 

A partir del 1° de enero de 2014 se eliminó la norma anual de PM10 – de 50 µg/m3N--, dejando como único límite de concentración de contaminantes la norma diaria, es decir 150 µg/m3N. Con ello, pese a las recomendaciones realizadas por la OMS sobre la materia, se aumentan los niveles de contaminación admitidos, liberando la entrada de más industrias en zonas saturadas y latentes que fueron decretadas en función de que se sobrepasó la norma anual de PM10 como el caso de Huasco y Puchuncaví.

 

¿Qué es el Material Particulado PM10?

 

El PM10 se puede definir como partículas sólidas o líquidas, como polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen dispersas en la atmósfera, cuyo diámetro  es menor o igual a 10 micrones (un micrón es la milésima parte de un milímetro). Por su tamaño, el MP10 es capaz de ingresar al sistema respiratorio del ser humano. Mientras menor sea el diámetro de estas partículas, mayor será el potencial daño en la salud.

 

En Chile, de acuerdo al propio Ministerio del Medio Ambiente más de doce millones de habitantes están expuestos a concentraciones de material particualdo que superan la referencia recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre los impactos que se han documentado como efecto de la exposición a concentraciones elevadas de material particulado se encuentran diversas afecciones cardiovasculares, exacerbación de episodios de asma, cáncer de pulmón y otras enfermedades pulmonares.

 

El material particulado de origen antropogénico, es decir, aquel generado por el hombre, corresponde principalmente al proveniente de la combustión industrial y doméstica del carbón y el petróleo diésel consumido por los automóviles, obras de construcción, quema agrícola y la contaminación generada por las emisiones de incendios forestales.

 

Responsabilidad del Estado

 

De acuerdo con la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, es deber del Estado dictar normas para regular la presencia de contaminantes en el medio ambiente, de manera de prevenir que éstos puedan significar o representar, por sus niveles, concentraciones y periodos, un riesgo para la salud de las personas.

 

A su vez, la legislación ambiental chilena señala que para todas las normas de calidad ambiental y emisión de contaminantes “un reglamento establecerá el procedimiento a seguir para la dictación de normas…”, el cual deberá considerar como mínimo el desarrollo de estudios científicos, consultas a organismos competentes (tanto públicos como privados), análisis técnicos y económicos y respuestas a las observaciones formuladas por la ciudadanía. Estableciendo específicamente que se deberán “evaluar los costos y beneficios para la población, ecosistemas o especies directamente afectadas o protegidas; y los costos y beneficios a él o los emisores que deberán cumplir la norma…”

 

Habría entonces que preguntarle al presidente de la República, la ministra de Medio Ambiente y el ministro Secretario General de la Presidencia, firmantes del decreto, ¿En base a qué estudios y análisis se decreta esta nueva norma? ¿Cómo se valora la salud de la población en la evaluación costo/beneficio realizada? ¿Se informó oportunamente a la población los detalles de la nueva norma con el fin de facilitar el proceso de participación ciudadana? De no encontrar respuestas, solo se puede concluir que hoy la prioridad del Ejecutivo es potenciar la inversión de empresas energéticas y mineras, sin importar los impactos que puedan generar en la salud de la población y nuestros ecosistemas.