La deuda del gobierno con la diáspora venezolana que sigue en espera de regularización
Ante el aumento sustantivo de población migrante, el gobierno respondió con el endurecimiento para la recepción de población extranjera en los últimos tres años. Se calcula que alrededor de un millón y medio de personas extranjeras habitan el país, de las cuales las y los venezolanos ya superarían las 500 mil. El Ejecutivo, por medio de la Subsecretaría del Interior, sería responsable de que muchas de estas personas no puedan concretar su regularización, a pesar de que los fallos del Poder Judicial las favorecen. Quedan suspendidas en un limbo, sin poder trabajar legalmente, pero tampoco pueden ser expulsadas. La que sigue, es la historia de la diáspora latinoaméricana que llegó a un Chile en pugna.
Por
César Baeza
