En las últimas semanas, en distintos debates y entrevistas se han abordado algunas de las propuestas más inverosímiles del candidato José Antonio Kast en materia de orden y seguridad, como la extensión del Estado de excepción con atribuciones exclusivas al presidente; o bien la creación de una Coordinación Internacional Anti-Radicales de Izquierda para “ identificar, detener y juzgar agitadores radicalizados”, que se ha comparado con un nuevo Plan Cóndor. Si bien estas han sido las propuestas más llamativas, lo cierto es que el programa del republicano es mucho más amplio en esta materia.

El candidato dijo en el debate de Anatel del pasado lunes que “los programas no están escritos en piedra” y que de pasar a segunda vuelta, “va a tener que ver si hay algo que acoger” de las propuestas de otras candidaturas. Sin embargo, hasta hoy,  el texto que la ciudadanía tiene a su alcance para conocer el modelo de país que propone se ha mantenido incólume. Él lo firma y, por lo tanto, se hace responsable de defender lo que ahí escribe.

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Kast abre su programa de 204 páginas con el capítulo al que bautiza “Vivir en Paz” y al que dedica un total de 12 páginas, el más extenso de todo el documento. Más adelante, aparece otro epígrafe llamado “Recuperar la Paz Social”, de 4 páginas y 11 propuestas más, en el que también se enfoca en seguridad, pero enmarcada en las protestas derivadas de las movilizaciones del estallido social, como las que ocurren los viernes en los alrededores de Plaza Baquedano, llamada también Plaza Dignidad. En total, son 16 páginas dedicadas al tema de la seguridad y más de 60 propuestas. Otros temas, como “Desarrollar Chile” ocupa 8 páginas (36 propuestas) y “Mejorar el Barrio”, 9 páginas (58 puntos).

"Criminalización generalizada"

“El programa de Kast es un manual de efectismo y populismo punitivo, efectivo electoralmente, pero que en la práctica será regresivo”, dice el director ejecutivo de la Fundación Chile 21 y experto en seguridad, Eduardo Vergara. Según él, las medidas que su candidatura propone se pueden dividir en tres categorías: “las que son una aberración total para la democracia”, como la coordinación internacional anti-radicales de izquierda o las nuevas atribuciones al Estado de emergencia, “con claras restricciones a las libertades, detenciones arbitrarias e incluso el rapto”; una segunda categoría “para las medidas que rinden comunicacionalmente, pero que la evidencia muestra que son regresivas en la práctica”, como el aumento y endurecimiento de penas, construir más cárceles, etc. y, finalmente, “las que son una señal hacia su base política electoral más dura, que es la que ha defendido a Carabineros frente a violaciones de derechos humanos”.

Según su propuesta, Kast quiere ser el gobierno que “recupere el Estado de Derecho, el Orden, y la Autoridad” y dice que “quitará las rejas de las casas de los chilenos y las usaremos para construir más cárceles”. Su programa destaca por proteger a los cuerpos de seguridad del Estado y entregarles más libertad de actuación sobre la ciudadanía. Es partidario de juzgar y condenar “con todo el rigor de la ley” a quien agreda verbalmente a un Carabinero, bombero, gendarme o funcionario de la salud. Entregará “apoyo total a carabineros” y, como gobierno, “contratará al mejor abogado” para defender o querellarse contra quienes atenten contra ellos. Facultará a Carabineros, PDI y miembros de las Fuerzas Armadas “para hacer uso de la fuerza necesaria para restablecer el orden público y no ser juzgados por haber hecho un uso excesivo de ella; y elevará las penas y sanciones por delitos en su contra.

Quiere crear más cárceles, aumentar las penas y sanciones a la violencia urbana y también para los adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan delitos graves. “Los criminales van a trabajar para pagar su prisión. Se acabó el garantismo”, reza el texto. “Kast propone pasar de un Estado subsidiario neoliberal a un Estado policial. Más cárceles, más carabineros en la calle, más vigilancia y control, etc. es lo que se requiere para mantener el orden y la seguridad y para proteger el modelo económico, como ocurría en dictadura”, explica Ignacio Schiappacasse, investigador de la Fundación para la Transparencia. Coincide con él Gonzalo Huenumil, investigador asociado al Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) y consultor internacional en la materia, quien alerta que, de "implementarse el Estado policial" el gobierno mantendrá un "estricto control" sobre la sociedad a partir de la "supresión de libertades civiles, el uso indebido de la fuerza de la policía y un gran despliegue e inversión en mecanismos y cuerpos de vigilancia”. Un control que –concluye– "recaerá siempre en los sectores más vulnerables”.

Declarará las barras bravas organizaciones ilícitas, tipificará las funas como delito para que sean sancionadas e instalará más vigilancia formal en los espacios públicos (cámaras, agentes, etc.). “Son medidas que buscan destruir garantías básicas de reunión, de expresión, y abusan de ellas para controlar ciertos sectores de población”, apunta Vergara. Según él, “son medidas totalitarias que se vinculan con la criminalización generalizada sobre ciertos sectores de la población”. Por su parte, Huenumil considera que son medidas que “tienden a criminalizar abiertamente las manifestaciones y le quitan herramientas a la sociedad”.

El candidato también pretende investigar y sancionar las filtraciones de información de funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público y clausurar el INDH. “El cierre del INDH es una mezcla entre los fantasmas de la participación de ese sector en la dictadura y la creación de enemigos que permitan sustentar una agenda de mano dura bajo la crítica de la eficiencia de los recursos del Estado”, indica Vergara.

Una policía "poco preparada"

A nivel institucional, propone instaurar permanentemente un Comité de Seguridad Nacional que reemplace al Comité Político que se reúne cada semana en La Moneda, y la creación de “una nueva instancia de inteligencia policial” que incorpore a todos los órganos, como las policías, FFAA y Gendarmería.

El director del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado, Franz Vanderschueren, destaca que Kast se opone a la reforma de Carabineros, algo que, en su opinión, “es urgente” de llevar a cabo. “Se ha empezado un proceso y solo se han cambiado algunos protocolos, con mucha dificultad, y han sido insuficientes”, dice. A su parecer, Carabineros “no ha asimilado los derechos humanos todavía, hay que cambiar formación”.

En la misma línea opina Huenumil: “Las mallas curriculares son antiguas y, aunque se incorporen temas, la mirada sigue siendo institucional, ajena a la que la sociedad espera de una policía”. La mayoría de la cartera de profesores –comenta– “son uniformados y enseñan lo que hicieron durante 35 años, por eso es importante incorporar un nuevo plantel que provenga del mundo civil”. Y resume: “Si Kast entrega herramientas a una policía poco preparada lo único que se generarán son abusos”.

"Terrorismo urbano"

En el capítulo en el que aborda específicamente la situación tras el estallido social (“Vivir en paz”), propone reservar zonas de exclusión de protestas en determinados horarios y fechas para no afectar a personas que viven, trabajan o ejercen comercio en estos lugares, así como destinar un equipo especial de Fiscalía en lugares estratégicos como el monumento de Baquedano en Santiago.

En el aspecto más punitivo, quiere, entre otras, obligar a los imputados a responder por daños provocados en desórdenes públicos, reparar y repintar destrozos en la ciudad; aumentar las sanciones para los grafitis y a los padres de menores involucrados en desórdenes públicos; y crear un “registro y empadronamiento de manifestantes y protestantes violentos para que sean identificados públicamente”.

“Parte del diagnóstico que hace Kast apunta a que el malestar del estallido social es producto de un cambio cultural, una ‘transformación social totalitaria’, y lo interpreta como fruto de una conspiración internacional de grupos de izquierda radicalizados”, señala Schiappacasse.

El candidato de ultraderecha es partidario de implementar el llamado “Modelo Miami” de Estados Unidos para hacer más efectiva la intervención policial. “Para ello se requiere un compromiso de apoyo total de la autoridad civil a las actuaciones de Carabineros, la autorización para el uso de escopetas antidisturbios y todo tipo de instrumentos de disuasión efectiva”, describe el punto.

Acuña el concepto “terrorismo urbano”, que describe como “los daños, perjuicios y lesiones atribuibles a la acción de manifestantes y vándalos que ocurre en inmediación de protestas violentas”. Para las víctimas de este supuesto tipo de terrorismo quiere crear un fondo específico, enfocado en comercios y emprendimientos afectados. “El terrorismo urbano existe, por ejemplo, en la guerra de Siria, en algunos barrios, se entiende como el terrorismo clásico que opera en las zonas urbanas, pero no he visto eso en ninguna parte de Chile”, dice Vanderschueren. Según él, aquí hay “manifestaciones de vandalismo”, barricadas, incendios en una iglesia, y todo eso son acciones “típicas de manifestación popular”.

Migración y La Araucanía

El programa del candidato recoge dos capítulos más que también tienen relación con las propuestas sobre orden y seguridad, aunque las aborda a parte: “Frenar la inmigración ilegal” y “Recuperar La Araucanía”. Para el primer punto, además de la construcción de zanjas, plantea elaborar un “estatuto de expulsión de inmigrantes ilegales”, habilitar “cordones migratorios” en las rutas cercanas a la frontera para que las personas sean controladas trasladadas a un refugio transitorio para expulsión si no cuentan con documentos. Pone, de nuevo, la mirada en Estados Unidos para crear una unidad especializada de la PDI que replique el modelo de la Unidad de Inmigration and Customs Enforcement (ICE) de EEUU, para buscar inmigrantes ilegales en el territorio nacional y expulsarlos en el más breve plazo; y pretende “exigir” a los gobiernos de los países vecinos que “refuercen sus fronteras y se hagan cargo de caravanas de migrantes”.

Para “recuperar” La Araucanía quiere perseguir los delitos “terroristas” a través de “la utilización de agentes encubiertos, entregas vigiladas y testigos protegidos”. Además, considera que es “indispensable” que las fuerzas armadas “participen activamente en el resguardo para la recuperación del territorio chileno en manos del narcoterrorismo”.

Los expertos coinciden que si hay algo que falta en el programa de José Antonio Kast es un enfoque en la prevención. “El candidato desconoce el efecto que tienen la desigualdad y la exclusión en los niveles de violencia y delincuencia, algo que está ya demostrado. No problematiza que a mayor discriminación, mayores niveles de delincuencia y violencia”, concluye Schiappacasse.