Porque estamos en tiempos de crisis climática, organizarse por la educación y por la justicia ambiental son parte de la misma lucha; la defensa de una sociedad consciente, democrática y sostenible para las actuales y futuras generaciones.
Durante los últimos años la política estudiantil ha levantado demandas en torno al financiamiento basal, la salud mental, la democratización de los espacios educativos, entre otras materias que sin duda son elementales. Sin embargo, existe una discusión que sigue siendo tratada como secundaria por las federaciones estudiantiles y la Confederación Nacional de Estudiantes (CONFECh): la crisis socio-ambiental.
Mientras las zonas de sacrificio se expanden, a pesar de contar con antecedentes cómo los de Quintero y Puchuncaví, y los recursos ambientales siguen siendo explotados bajo una lógica neoliberal, las comunidades educativas deben enfrentar de forma aislada las consecuencias de un modelo extractivista que pone las ganancias por sobre la vida y el bienestar de las comunidades.
Así, al alero de una discusión universitaria que se centra en demandas de carácter interno o locales, en la región del Biobío se ha avanzado en la aprobación de proyectos de explotación de tierras raras en Penco-Lirquén, en manos de privados, una iniciativa ampliamente cuestionada por organizaciones territoriales y socioambientales, e incluso por un municipio de tendencia oficialista, debido a sus potenciales impactos sobre los ecosistemas y la calidad de vida de las personas.
Lo que ocurre en Penco-Lirquén no es un problema ajeno a las comunidades educativas: es una expresión concreta de un modelo de desarrollo que continúa sacrificando territorios en nombre de la rentabilidad económica.
Desde una mirada transformadora, la crisis ecológica no puede resolverse únicamente por vía de soluciones individuales, ni menos por incentivos del mercado. Se requiere fortalecer la acción colectiva, la planificación democrática y el rol de las instituciones públicas, especialmente universitarias, para proteger los bienes comunes y garantizar condiciones de vidas dignas para las futuras generaciones.
Por ello el movimiento estudiantil, que aspira a ser una fuerza transformadora de la sociedad, no puede ser indiferente frente a conflictos ambientales que aquejan directamente al estudiantado, quiénes ven afectado su derecho a la educación en el mediano plazo, tal como ya ocurrió con los estudiantes de Quintero-Puchuncaví.
Hoy la CONFECh tiene por desafío incorporar la agenda ambiental como una dimensión permanente de su acción política, a través del entendimiento con organizaciones socioterritoriales, el levantamiento de vocalías de medio ambiente, la promoción de iniciativas de concientización y la exigencia de compromisos institucionales de cada casa de estudios en pro del medioambiente, pues se debe comprender que luchar por la educación pública también implica defender los territorios, ecosistemas y comunidades que hacen posible la vida.
Ya no se trata de cuestionar si el medio ambiente debe formar parte de la política estudiantil, cómo un punto más de un gran listado de demandas. La pregunta de fondo es, ¿Qué futuro estamos dispuestos a construir si decidimos ignorar el cuidado de nuestra tierra?.
Porque estamos en tiempos de crisis climática, organizarse por la educación y por la justicia ambiental son parte de la misma lucha; la defensa de una sociedad consciente, democrática y sostenible para las actuales y futuras generaciones.