¿Quién tiene la culpa de la baja natalidad? El castigo sistémico de ser madre en Chile

A este castigo económico se suma la postergación de sus estudios, donde miles de mujeres chilenas deben congelar o abandonar sus estudios superiores técnicos o universitarios debido a la falta de redes de apoyo, limitando su desarrollo profesional y perpetuando la brecha de género antes de entrar al mercado laboral.

Ante la falta de corresponsabilidad, la tasa de informalidad laboral entre las madres trabajadoras sube un 38%. Las mujeres chilenas se ven obligadas a recurrir a empleos informales buscando flexibilidad horaria para cuidar a sus hijos, pero pagando el costo de perder seguridad social, estabilidad y crecimiento económico.

Según datos del INE y del termómetro laboral Zoom de Género, cuando hay menores de 5 años en el hogar, la participación laboral de los hombres se mantiene en un 85,7%, mientras que la de las mujeres cae drásticamente al 58,3%. Además, el 28,3% de las chilenas declara que no busca empleo por ‘’responsabilidades familiares permanentes’’, en contraste, solo un 2,6% de los hombres se encuentra en esa situación por la misma causa.

Finalmente, el castigo nos persigue hasta la vejez. Históricamente las mujeres en Chile se jubilan con pensiones que son, en promedio, entre un 30% y un 40% más bajas que las de los hombres.

El escenario se vuelve aún más hostil cuando analizamos las políticas públicas de este gobierno, el cual se ha caracterizado por un fuerte recorte a beneficios sociales que repercuten directamente en la maternidad y las familias. Por supuesto, nada de esto fue mencionado en la reciente cuenta pública.

En primer lugar, se aplicó un recorte histórico a FONASA por más de $259 mil millones de pesos, debilitando la salud pública donde se atiende la mayoría de las madres de este país. A esto se suma una reducción presupuestaria de $32 mil millones al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, lo que repercute en programas orientados directamente a la protección de los niños.

Aquí la contradicción se vuelve explícita: por un lado, el Presidente hace un llamado público emotivo a fortalecer el plan ‘’Crecer en Familia’’ y a usar familias de acogida para sacar a los niños de 0 a 3 años de las residencias (desinternación). Pero, por otro lado, en la práctica su administración recortó en $13 mil millones el presupuesto del Servicio Mejor Niñez y disminuyó en $3 mil millones la Subsecretaría de la Niñez, además de restar $2 mil millones a la Red de Apoyo al Recién Nacido (programa AJUAR). Las familias de acogida no funcionan por amor al arte, requieren un aparataje estatal técnico que el propio gobierno desfinanció.

Para rematar el desamparo hacia las infancias, el ministro Quiroz propuso descontinuar el programa de alimentación JUNAEB lo cual atentaría directamente contra la alimentación de las infancias en etapa escolar.

A lo anterior se suma la alarmante propuesta del gobierno de exigir a hospitales y colegios reportar a migrantes en situación irregular. Esta medida atenta directamente contra las infancias al transformar los espacios de salud y educación -que debiesen ser zonas seguras de protección para cualquier niño- en herramientas de control migratorio. ¿Será que para esta administración hay infancias de primera y segunda categoría? O, ¿la ‘’protección’’ del discurso del Presidente no se aplica si el niño es extranjero?

La caída de la natalidad en Chile no es un problema de egoísmo de las mujeres; es una respuesta racional ante un sistema que nos ahoga. Nos exige parir para sostener el futuro demográfico del país pero al mismo tiempo el mercado laboral nos discrimina, nos precariza, reduce nuestros sueldos y destruye nuestras futuras pensiones por el solo hecho de cuidar.

Si el país quiere revertir sus cifras de natalidad debe dejar de apuntarnos con el dedo y empezar a construir un sistema que verdaderamente proteja, financie y respete el acto de cuidar.