La alternativa no es el Ciadi o nada. Hay, hoy en día, muchos países y tratados en que no se menciona para nada al Ciadi como mecanismo de arbitraje.
Los tratados de libre comercio -con sus articulados referidos específicamente al comercio internacional de mercancías, pero también al tema de las inversiones de un país en otro- se convierten hoy en día en un refugio donde se sostiene y sobrevive la necesidad de contar con un comercio internacional presidido por normas conocidas, permanentes y consensuadas.
La alternativa a esos tratados internacionales -después de las conocidas decisiones arancelarias de la administración estadounidense- es la ley de la selva, donde cada uno haga lo que quiera y lo que pueda. En el mundo existen hoy en día más de 380 tratados de esa naturaleza, y en el último año se han agregado el TLC entre la India y la UE, entre la India y Nueva Zelandia, entre la UE y el Mercosur y entre la UE y Australia.
Pero eso no significa que los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión (TBI) - que suelen ser parte de los primeros, o textos independientes de aquellos- sean una maravilla, y que no hay en ellos nada que criticar ni que modificar.
Uno de los temas que ha recabado abundantes críticas a los TLC y/o a los TBI es lo relativo a los mecanismos de solución de controversias, en particular en materia de inversiones. La idea central presente en muchos de esos tratados es que no se pueden introducir en la política pública cambios que vulneren las expectativas de ganancias de las empresas extranjeras radicadas en un país.
Eso lleva, por ejemplo, a que las empresas consideren inmodificables las normas encaminadas a proteger el medio ambiente, o de promover mayor competencia en los mercados internos, o a imponer normas de tipo sanitario que protejan a la población, por mencionar algunos ejemplos.
Cuando una empresa inversora se siente afectada por situaciones de esa naturaleza puede acudir, según muchos de los tratados, al arbitraje del CIADI, instancia dependiente del Banco Mundial y que se ha especializado en este tipo de situaciones. Eso implica que los organismos judiciales del país receptor de la inversión no son tomados en cuenta, y que hay que gastar una cantidad grande de dinero y de tiempo en sostener los juicios radicados en el extranjero.
Todo lo anterior viene a cuento, por cuanto un grupo de más de 200 economistas y académicos de alto prestigio -de Europa, de Estados Unidos y de la América Latina encabezados por un Premio Nobel de economía y por un ex Secretario Ejecutivo de la Cepal- acaban de enviar una comunicación al Presidente de Colombia, instándolo a que abandone o denuncie al Ciadi, y que someta las querellas que se presenten en materia de inversiones a los órganos jurídicos de Colombia, como corresponde a un país soberano. El gobernante colombiano ha respondido anunciando formalmente que Colombia se retira del Ciadi.
Entre las razones que avalan la posición de estos 200 académicos y del gobierno colombiano -además de la soberanía nacional, que no es poca cosa- hay que destacar que no hay razones teóricas ni empíricas que permitan sostener que el monto de inversión extranjera recibida por un país guarde relación directa con el eventual arbitraje del CIADI.
Las razones que llevan a una empresa a radicarse en un país determinado son entre otras, las ganancias esperadas, la demanda internacional de lo producido, la infraestructura existente en el país receptor, la calidad de la mano de obra, los niveles tributarios, la independencia del poder judicial, etc.
También hay que mencionar que, además de los órganos judiciales nacionales, hay otros organismos internacionales diferentes al Ciadi, a los cuales es posible recurrir, en caso de que así se establezca en los tratados correspondientes. La alternativa no es el Ciadi o nada. Hay ya, hoy en día, muchos países y tratados en que no se menciona para nada al Ciadi como mecanismo de arbitraje.
El paso dado por el gobierno del presidente Petro -e incluso la carta misma de un grupo tan grande y tan importante de economistas de prestigio mundial- abre una nueva era en este asunto de los arbitrajes internacionales.
Gana espacio la soberanía de los países de menor desarrollo relativo, se desmonta un mecanismo que implicaba una cuota injusta e innecesaria de defensa de los inversionistas extranjeros frente a las decisiones del Estado receptor y se abren más posibilidades para que los deberes y derechos de un eventual inversionista extranjero queden definidos por negociaciones especificas según el tipo y monto de la inversión y de su necesidad estratégica para el país receptor, y no por la vigencia de tratados de tipo genérico muy beneficiosos para la parte extranjera.
Ahora vendrán para Colombia presiones, retaliaciones y amenazas, que se enfrentarán mejor si se cuenta para ello con el apoyo y la solidaridad del resto de los países de la comunidad latinoamericana.