La sospecha se instaura como principio pedagógico en toda la comunidad educativa: se sospecha de la palabra, apariencia, comportamiento y convivencia de los estudiantes, pero también de los docentes y de la capacidad de las comunidades educativas para gestionar sus conflictos.
En un contexto marcado por el temor y el fortalecimiento de políticas de control, la escuela chilena enfrenta una vertiginosa tensión entre formar personas o gestionar conductas. Cuando la desconfianza se instala como regla, lo que está en disputa no es solo la convivencia, sino también el sentido de la educación.
En medio de la escalada de violencia escolar, el Congreso discute prioritariamente el proyecto “ Escuelas protegidas ”, orientado a reforzar la seguridad en las instituciones educativas a través de medidas como la revisión de mochilas, la imposición de prohibiciones desmesuradas, la aplicación de sanciones y agravantes penales. A ello se suma el aumento de la exigencia del ejercicio de la autoridad docente que, en la práctica, implica asumir funciones que exceden su quehacer pedagógico.
¿Qué consecuencias conlleva la aplicación de normas de carácter correctivo y disciplinario en un espacio cuyo propósito es, ante todo, formativo? Lo que aparece como respuesta a una crisis puede estar desplazando una problemática de fondo que nos involucra a todos como sociedad: la educación deja de pensarse como formación integral de personas y comienza a operar como un dispositivo de control, instalando la desconfianza bajo el alero de una ley que se presenta enarbolando el estandarte de la seguridad.
En este sentido, la sospecha se instaura como principio pedagógico en toda la comunidad educativa: se sospecha de la palabra, apariencia, comportamiento y convivencia de los estudiantes, pero también de los docentes y de la capacidad de las comunidades educativas para gestionar sus conflictos.
Esto no es solo un problema educativo, es también un problema político. Educativo, porque con esta medida la escuela corre el riesgo de perder la esencia para la cual fue concebida, apelando a un reduccionismo disciplinario que desplaza el carácter formativo, el cual define por excelencia al acto educativo.
Es en este punto donde la confianza, condición básica de todo vínculo pedagógico, cede terreno frente al control y al castigo, porque cuando la escuela se organiza desde la sospecha forma subjetividades que aprenden a desconfiar de sí mismos, de los otros y de su entorno.
Por otra parte, es un problema político dado que el proyecto atenta contra la formación de ciudadanos críticos, autónomos, conscientes y capaces de desenvolverse de manera responsable, tolerante, solidaria y democrática para contribuir al desarrollo y fortalecimiento del bien común en la sociedad.
Analizando desde una perspectiva más específica, el proyecto concibe al estudiantado como un riesgo a gestionar, atentando contra los derechos que la Ley General de Educación estipula, tales como el derecho a no ser discriminados, a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, el respeto a su integridad física y moral, y a su libertad personal y de conciencia.
A la luz de lo expuesto, cabe preguntarnos: ¿qué tipo de sociedad se construye cuando la educación se organiza desde la sospecha?