El sistema debe ser perfeccionado, pero no eliminado. Modernizar la capacitación es una urgencia; eliminarla es simplemente una renuncia al desarrollo y, además, una renuncia a la inclusión.
Obrero trabajando en una muralla / Agencia Uno
El reciente anuncio del Ministerio de Hacienda sobre el posible fin de la franquicia tributaria Sence y, por extensión, el golpe de gracia a los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), parece ser una respuesta rápida para solucionar un recorte a los municipios y dejar tranquila a la población.
Si bien los programas de capacitación siempre son perfectibles, debemos mirar el sistema en su conjunto. Solo el año 2024 más de 787 mil personas fueron capacitadas para obtener mejores oportunidades laborales. De ellas, más de 550 mil lo hicieron a través de la franquicia tributaria a las empresas, mientras que otras 60 mil a través de programas sociales.
En este universo, también se incluyen miles de personas con discapacidad, para quienes la capacitación no solo significa mejorar sus competencias, sino también abrir una puerta concreta hacia la inclusión laboral y la autonomía económica.
Tal como ya han expresado otras organizaciones y gremios empresariales, nadie puede negar que en algunas excepciones el sistema ha permitido capacitaciones que más tienen que ver con el bienestar laboral que con la mejora de competencias para el trabajo, financiadas con recursos de todos los chilenos y, en ese sentido, el diagnóstico puede ser el correcto, pero el remedio equivocado.
Eliminar el incentivo tributario, en vez de perfeccionarlo, es una “sentencia de muerte laboral” para miles de trabajadores. Esto es especialmente sensible en un escenario donde la automatización y la inteligencia artificial amenazan con dejar obsoletos a 2,4 millones de empleos.
Dejar a las empresas sin el único mecanismo masivo para reconvertir a su personal no es solo una falta de visión, es un error estratégico. Y este error golpea con mayor fuerza a las personas con discapacidad, quienes ya enfrentan barreras estructurales para acceder al mercado laboral y dependen de programas de formación inclusivos para competir en igualdad de condiciones.
El gobierno justifica esta medida en que sería un ahorro para el Estado de cerca de 300 millones de dólares. Sin embargo, creemos que esta medida será recursos para hoy, pero hambre para mañana. No podemos improvisar en la preparación del capital humano. Cuando queremos como país atraer inversión, diversificarnos y crecer, necesitamos trabajadores calificados. Y en un contexto de dificultades económicas, el primer recorte de las empresas es en el ítem formación.
Si el diagnóstico del gobierno es que la franquicia tributaria, que permite capacitar a los trabajadores, es un “gasto” que no cumple los objetivos, entonces subamos los estándares y fortalezcamos la fiscalización. Hoy la respuesta gubernamental al problema es vender el sillón de don Otto.
Eliminar esta franquicia sin proponer una alternativa robusta condena a los trabajadores más vulnerables a la inmovilidad social. Y entre ellos, las personas con discapacidad son quienes más pierden, porque se les arrebata la posibilidad de acceder a programas que les permitan superar la exclusión y aportar con su talento a la economía.
Desmantelar un sistema de formación antes del esperado boom de inversiones es comprometer como país nuestra meta de crecimiento, cuando nuestro capital humano no esté a la altura de las demandas tecnológicas.
El Gobierno debe escuchar la advertencia de quienes hemos trabajado en este ámbito durante décadas. El sistema debe ser perfeccionado, pero no eliminado. Modernizar la capacitación es una urgencia; eliminarla es simplemente una renuncia al desarrollo y, además, una renuncia a la inclusión.