La coartada del mérito y el rescate de los ricos

Esto se expresa con claridad en las palabras de la ministra Lincolao, quien hace unos días afirmó que “ de los mejores regalos que yo tuve fue haber sido pobre”, una aseveración difícil de conciliar con la experiencia real de quienes han vivido la precariedad, donde la carencia no es un regalo sino una fuente persistente de sacrificios, vulnerabilidad e injusticia.

De los creadores de “el pobre es pobre porque quiere”, se inaugura así una nueva variación del mismo aforismo, que romantiza la adversidad y la convierte en virtud individual.

Esta articulación entre política fiscal regresiva y narrativa cultural de autosuficiencia no es accidental. La reducción de impuestos a quienes concentran capital se justifica bajo la premisa de que liberar recursos en la cúspide estimularía la inversión y, con ello, el crecimiento.

Paralelamente, la idea de que la pobreza “fortalece” u “obliga a salir adelante” desplaza la atención desde las estructuras que producen desigualdad hacia las conductas individuales, despolitizando las condiciones materiales, legitimando la retirada del Estado como garante de bienestar y destacando casos excepcionales como si fueran la regla.

Pero la evidencia comparada es clara: altos niveles de desigualdad reducen la movilidad social, cohíben la innovación, el emprendimiento, impiden el crecimiento de la productividad, deprimen la demanda interna y debilitan la cohesión social. En contextos de concentración económica, las rebajas tributarias tienden a reforzar la acumulación en la cúspide más que a dinamizar la economía real.

Desde las teorías de justicia distributiva esto también resulta problemático. De acuerdo con el principio rawlsiano, las desigualdades solo son aceptables si benefician a quienes están peor situados, por lo tanto, difícilmente se satisface cuando la política fiscal reduce la capacidad del Estado para financiar bienes públicos esenciales.

Asimismo, el enfoque de capacidades de Sen y Nussbaum subraya que la pobreza no es una prueba moral, sino una restricción efectiva de libertades: limita la posibilidad de elegir, proyectar y participar plenamente en la vida social. Presentarla como virtud o como mecanismo de movilidad desconoce su carácter estructural.

Pero el Estado no es solo proveedor de bienes públicos: también es orientador del desarrollo, articulador de políticas industriales y facilitador de la actividad económica. Reducir su capacidad fiscal no solo afecta derechos sociales, sino también su capacidad de impulsar crecimiento, innovación y diversificación productiva. La dicotomía entre derechos y desarrollo es, por tanto, una falsa oposición.

La sustentabilidad es condición necesaria para cualquier proyecto de desarrollo. Su erosión deliberada, combinada con discursos que responsabilizan a los individuos por su posición socioeconómica, configura un escenario donde la desigualdad se normaliza y el Estado se reduce a un actor residual.

Lo que estas lógicas muestran no es un Estado que se retira, sino un Estado que elige. Y la elección es clara: renuncia a corregir desigualdades, pero no renuncia a proteger a quienes ya están arriba. La retórica meritocrática funciona como coartada; la política fiscal, como evidencia. Allí radica la verdadera disputa: no sobre cuánto interviene el Estado, sino sobre a quién decide beneficiar.