Chile no necesita un sistema tributario basado en lo que se presume, sino en lo que se produce y se gana realmente.
Bajo la administración de José Antonio Kast, la promesa de reducir el Impuesto de Primera Categoría (IDPC) del 27% al 23% se ha transformado en debate central de la política económica, como lo adelantaba en una columna anterior, publicada en El Desconcierto.
Sin embargo, esta rebaja tiene un costo fiscal que, de no resolverse con responsabilidad, profundizará el déficit y la desigualdad. Figuras como Ignacio Briones han sido categóricas: la reducción corporativa sólo es viable si se compensa eliminando beneficios y exenciones que hoy carecen de sustento técnico. En este escenario, la mirada se posa inevitablemente sobre la Renta Presunta y el gremio de los transportistas, en lo que parece ser una negociación a puertas cerradas que pone en jaque la integridad del sistema.
Para entender la magnitud del desafío, es imperativo mirar lo que se intentó –y lo que se logró– durante el gobierno de Gabriel Boric. El equipo de Mario Marcel buscó restringir la renta presunta a las microempresas con ventas inferiores a 2.400 UF, argumentando que el 74,7% de las Pymes ya operaban bajo ese umbral y no necesitaban de presunciones artificiales para declarar su realidad económica.
Si bien la reforma estructural encontró muros infranqueables en el Congreso, se logró avanzar con la Ley 21.420 y la Ley de Cumplimiento Tributario, eliminando los beneficios del DFL 2 para la tercera vivienda en adelante y para todas las personas jurídicas, terminando con privilegios históricos que ya no cumplían su fin social.
Hoy, el gobierno de Kast propone un camino distinto, que es bajar la tasa general pero manteniendo, aparentemente, los refugios de los sectores con mayor poder de presión. La Renta Presunta, regulada en el Art. 34 de la LIR, permite que sectores como el transporte terrestre –con ventas de hasta 5.000 UF– tributen sobre una base presunta del 10% del valor del vehículo, en lugar de hacerlo sobre sus utilidades reales.
Este beneficio, diseñado originalmente para pequeños contribuyentes en épocas de precariedad contable, se ha convertido en algo que no se sostiene con la bancarización real de esos contribuyentes. Como bien señaló el economista Claudio Agostini, el 86% de las utilidades declaradas bajo este régimen pertenecen a contribuyentes del decil de mayores ingresos. Mantener este sistema no es proteger al pequeño, es subsidiar al grande.
El alza de las bencinas y el diésel golpeará directamente la estructura de costos del transporte. En un país donde la logística depende de las carreteras, el gremio de camioneros posee un poder de veto fáctico y tener la capacidad de paralizar el país. Es lícito sospechar, entonces, que el silencio del Ejecutivo respecto a la eliminación de la renta presunta en el sector transporte y la anuencia del gremio al alza de los combustibles, responde a una negociación política más que técnica.
¿Está el Presidente Kast dispuesto a sacrificar la equidad tributaria para evitar un paro nacional? ¿Es la mantención de la renta presunta la moneda de cambio para que el gremio absorba el alza de los combustibles traspasándola a los clientes y pasajeros, sin bloquear las rutas?
Si el objetivo es llegar al 23% de IDPC, la compensación no puede salir de la clase media ni del consumo básico. Debe salir de la corrección de distorsiones. La defensa de la renta presunta en el sector es la supuesta dificultad de los transportistas para llevar contabilidad, pero en el 2026, con la factura electrónica universal, la tecnología del SII y la bancarización, ese argumento es falaz.
Como afirma Agostini, muchas de estas empresas operan en el sector financiero y utilizan documentos tributarios para todas sus operaciones, por lo que demostrar ingresos es una tarea sencilla. Continuar con una presunción que desvía el benchmark del Régimen General o del Pyme Transparente es una anomalía que rompe la equidad horizontal.
Debemos emplazar al gobierno a actuar con la misma mano firme que predica en otras áreas. No se puede hablar de eficiencia económica mientras se permite que empresas con ingresos significativos tributen sobre ficciones. La verdadera responsabilidad fiscal implica que si se baja el impuesto a las empresas para fomentar la inversión, se debe compensar eliminando las vías de elusión legalizada. No es razonable que un profesional independiente, bajo el régimen general, pague proporcionalmente más que un dueño de flota de camiones que se acoge a la renta presunta.
Kast debe liderar una reforma técnica que modernice el sistema eliminando estos bolsones de privilegio, o se confirmará que su política tributaria está supeditada al poder de los gremios que pueden parar el país. La reducción del IDPC al 23% es una oportunidad para simplificar el sistema, pero no a costa de la justicia social. Chile no necesita un sistema tributario basado en lo que se presume, sino en lo que se produce y se gana realmente.